Ángel Castillo Torres
El auto destape que formalizaron hace unos días Gabino Morales y Leonel Serrato como aspirantes a la alcaldía capitalina y al Senado de la República alborotó el avispero de la política local. La agitación se observó con mayor intensidad en las filas de Morena, pero también tuvo repercusiones en los planes de otros partidos que ahora se han visto obligados a abreviar sus definiciones preliminares al respecto. Siendo Leonel y Gabino dos personajes importantes de la clase política potosina con posibilidades reales de ganar una nominación en sus respectivos partidos, su anuncio ha puesto nerviosos a otros aspirantes. Los dos adelantados de Morena destilan ganas de ascender en la pirámide del poder, se les nota lo que Friedrich Nietzsche llamó “La Voluntad de Poder”. Con su estilo personal de hacer política se han propuesto ser vanguardia de la generación del cambio, esa que aspira a sepultar a la vieja clase política porque la consideran caduca y conservadora, opuesta a la transformación que promueve la 4T. Ambos saben que el poder es de quién lo conquista, no de quién pide permiso. Son intrépidos, ambiciosos, polémicos y contrarios a la vieja tradición de El Tapado, esa arcaica comedia que finge en público no tener, “por el momento”, aspiraciones políticas. Pero estos dos personajes que se han caracterizado por vomitar en los usos y costumbres que practican los dinosaurios de la política, han decidido avanzar rompiendo las reglas tradicionales.
Para muchos políticos locales que se formaron en la ortodoxia del viejo régimen (“El que se mueve no sale en la foto”) abrirse de capa tan temprano, es decir, romper la disciplina, alborotar la gallera y violentar el sacrosanto evangelio glorificado en los reglamentos internos de sus respectivos partidos, es políticamente incorrecto adelantarse, ya que no ha iniciado legalmente el proceso electoral 2024. Pero para el notario Leonel Serrato y para el consentido de AMLO (Gabino Morales Mendoza) ya es tiempo de definiciones, tope en lo que tope.
Sin embargo ambos personajes deben razonar que jugar con cartas abiertas tan temprano les acarreará algunos peligros. Uno de ellos, quizás el más temible, es que la autoridad electoral les haga un marcaje personal para vigilarlos y en su caso sancionarlos si llegasen a cometer actos anticipados de campaña. Es oportuno recordar que diversas leyes electorales definen como actos anticipados de campaña aquellas conductas que consisten en realizar expresiones que, previo al inicio formal de la lucha electoral, se llevan a cabo por parte de aspirantes que no tienen aún la calidad de candidatos, ello para obtener beneficios, ya sea exponiendo su oferta o atacando a otros aspirantes. Leonel y Gabino deberán cuidar entonces no realizar una promoción personalizada, tipo propaganda , en la que subrayen su imagen, cualidades personales, logros políticos, económicos, partido de militancia, creencias religiosas, antecedentes familiares o sociales, etcétera, ya que actualmente ellos son los funcionarios responsables de los Programas del Bienestar del gobierno federal y no deben aprovecharse de ello para conseguir simpatizantes y al final, una candidatura. De acuerdo con la legislación en la materia, las sanciones por incurrir en actos anticipados de campaña van desde la amonestación pública y multas, hasta la pérdida del derecho a ser registrado, la cancelación del registro al partido que pertenezca o la negativa de la autoridad electoral para registrar al precandidato electo en proceso interno partidista. Así que lo más recomendable para estos atrevidos es seguir la regla de oro que recomienda: “Tener paciencia y prudencia, verbal continencia; no exhibir excesiva ciencia y, presencia y ausencia, según conveniencia”.
Leonel y Gabino pintan su raya con el proyecto de la Gallardía
Con el destape anticipado de Leonel y Gabino se revela de manera diáfana lo que señaló el filósofo de Güemes, que “Una cosa es una cosa…. y otra cosa es otra cosa”, es decir, no es lo mismo el Partido Verde y el proyecto de la Gallardía que los planes de Morena y su dupla de audaces adelantados (Leonel y Gabino). Hasta el día de hoy no hay ruptura entre verdes y morenos, siguen siendo aliados. Pero resulta más que evidente que el poderío y arrastre electoral del gobernador Gallardo apoyará sólo a la candidata o candidato presidencial que respalde el presidente López Obrador, pero en el resto de los cargos que estarán en disputa en las elecciones de 2024 (Senadores, diputados y alcaldes) cada partido tendrá sus candidatos. El gobernador Gallardo promoverá y apoyará con toda la fuerza del gobierno a sus propios aspirantes que serán postulados, en el momento adecuado, por el Partido Verde. El gobernador querrá mostrar en las elecciones del próximo año quién es el que controla políticamente el estado. Esto le pone la vara muy alta a Leonel y a Gabino, pero también a Enrique Galindo, Marco Gama y al propio Xavier Azuara, si acaso decidieran buscar la alcaldía de la capital o una Senaduría.
A unos meses de que inicie legalmente el proceso electoral 2024 (en septiembre 2023) el gobernador Gallardo se encuentra muy fortalecido y su base de apoyo electoral es respetable. No es exagerado afirmar que el enemigo a vencer serán los candidatos que el gobernador decida apoyar para los diversos cargos de elección popular. Así que esto apenas comienza y el resultado es de pronóstico reservado. En este momento no hay realidades, solo posibilidades, pero el juego ya ha comenzado. Veremos el próximo año qué pasa, y al final sabremos si Gallardo o la dupla Leonel-Gabino son los que se empoderan.
Caras y caretas
Al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador le incomoda que haya división de poderes, ataca despiadadamente la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y trata como si fueran sus sirvientes a los diputados y Senadores del Congreso de la Unión. Al hacerlo atenta contra nuestro régimen democrático.
“Uno de los rasgos distintivos de toda democracia constitucional es la necesaria existencia de mecanismos de control de la constitucionalidad de las decisiones que toman las autoridades del Estado. Ello significa que en el diseño institucional de esos regímenes políticos deben existir mecanismos para que cuando los actos de alguna autoridad vayan en contra del marco constitucional porque violan los derechos de los gobernados, invadan competencias reservadas a otros órganos públicos, o bien vulneren los límites y modalidades que las normas le establecen a sus actuaciones (principio de legalidad), puedan ser impugnados y, en su caso, revocados.
Ese principio básico de las democracias constitucionales constituye la principal garantía para evitar el abuso del poder y encarna la versión moderna del principio aristotélico de la prevalencia del “gobierno de las leyes” sobre el “gobierno de los hombres”. Dicho de otra manera, es el mecanismo primordial para asegurar que el gobierno de una sociedad se rija con base en los mandatos plasmados en las normas y no a partir de la arbitraria voluntad de quienes ejercen el poder público. Esa es la principal diferencia entre los regímenes constitucionales y los gobiernos autoritarios”.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es psicólogo y maestro en Ciencias de la Educación. Fue delegado de Villa de Pozos en 2022 y subsecretario de Gobierno de 2016 a 2017. Presidió el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en 2013. También fue director general del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado. Ocupó los cargos de regidor en la capital potosina (2007) y de diputado local de la LVI Legislatura (2000). Impartió clases en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
