Por Victoriano Martínez
Si algo exhiben los tendederos de acusaciones de hostigamiento y acoso sexual contra las estudiantes universitarias por parte de catedráticos y otros alumnos expuestos cada día en más escuelas y facultades de la UASLP es el fracaso, o la simulación, de las acciones emprendidas en los últimos diez años para prevenir precisamente los reprobables actos denunciados.
El pasado mes de febrero, el rector Manuel Fermín Villar Rubio ordenó la elaboración de un documento titulado “Informe de trabajo y acciones emprendidas en atención a las conductas de violencia, hostigamiento y acoso sexual contra las mujeres al interior de la institución 2020”, que se encuentra disponible en el portal de la UASLP, pero al que no se le ha dado mucha difusión.
Como suelen resultar ese tipo de informes, lejos de reflejar la situación real se convierten en la exposición de lo que, desde una perspectiva institucional mal interpretada, los funcionarios incluyen los datos que consideran que pueden servir para justificar el cumplimiento de sus obligaciones.
Más, cuando el documento se elabora en una coyuntura en la que hay una creciente ola de reclamos a las autoridades de la UASLP por no atender de forma apropiada precisamente ese tema.
Leer en ese documento que en los últimos cuatro años se ha capacitado a 7 mil 417 universitarios puede causar un buen impacto por ser una cifra aparentemente elevada. Pero si se contrasta con que la UASLP cuenta con una población total de docentes y estudiantes de 36 mil 42, significa que el tema no le ha llegado a casi el 80 por ciento, y sin contar al personal administrativo.
Lo mismo pasa con el señalamiento de que en 2019 se realizaron un seminario, un foro, 36 conferencias y 31 talleres en conjunto con la red de Enlaces Académicos de la Institución, sin que se establezca algún parámetro que indique si son los necesarios para lograr resultados concretos en la prevención del problema. Los tendederos indican que no.
En el cuadro con el desglose de las capacitaciones destaca la tendencia a la reducción del número de capacitaciones por año al pasar de 3 mil 489 en 2017 a mil 371 en 2019.
Se reportan 39 denuncias de acoso y hostigamiento sexual en los últimos tres años: ocho en 2017, de los cuales en uno se acompañó a la víctima para interponer denuncia penal, otro se canalizó a la unidad académica, uno más quedó sin materia por la jubilación del profesor responsable y cinco se resolvieron “a petición de parte”, sea lo que signifique tal circunstancia.
En 2018 recibieron 14 denuncias, de las cuales ocho concluyeron “a petición de parte”, tres se declararon sin materia porque los involucrados no formaban parte de la comunidad universitaria, en uno se recomendó amonestación, en otro se dio un dictamen para suspensión y el otro se derivó en denuncia penal.
El año pasado hubo 17 denuncias de las cuales, tras asesorar a las víctimas, sólo en siete se activó el protocolo de atención que sigue inconcluso en tres casos y en cuatro se concluyó que en uno fue de hostigamiento sexual, en dos acoso sexual y en otro violencia docente.
“Respecto del de hostigamiento sexual: la comisión instalada para la investigación y análisis de la gravedad del caso, en apego al protocolo, determinó la separación de sus actividades y restricción de aproximación a la víctima y al campus universitario.
“Respecto a los dos casos de acoso sexual, la comisión instalada para la investigación y análisis determinó el apercibimiento y seguimiento psicológico, tanto para el agresor como para la víctima; en el segundo de los casos la comisión respectiva determinó el apercibimiento y seguimiento psicológico únicamente para el agresor, en virtud que la víctima rechazó el acompañamiento psicológico ofrecido por la institución.
“En el caso de violencia docente, la comisión respectiva determinó la separación del agresor de la actividad académica en tanto atiende una formación en perspectiva de género, lenguaje incluyente y no sexista y violencia de género”, se reportó en el informe.
En el documento se presume que “se logró avanzar en un 100 % en los dos Planes de Capacitación que corresponden al período 2019-2020, en los cuales se incluyeron en mayor medida, acciones para difundir, promover y actualizar el Protocolo de Entrada para la Atención, Intervención, Sanción y Erradicación del Acoso y Hostigamiento Sexual”.
Se presenta además una línea de tiempo que señala las acciones preventivas desde 2010 a 2020, en el que destaca que desde el 2011 la UASLP cuento con un Observatorio Universitario de Equidad y (OUEG).
“Desde ese entonces, el OUEG realiza actividades de sensibilización, capacitación, difusión e investigación relativos a los derechos humanos, derechos de las mujeres, educación para la paz y prevención de la violencia, dirigidos no sólo a la comunidad estudiantil, sino a la académica, de investigación y administrativa”, se asegura en el informe.
Un recuento ante el que el manifiesto publicado este jueves por “los directores de esta casa de estudios” pareciera un borrón y cuenta nueva para reconocer una deuda histórica, hacer un compromiso público e instalar “la comisión permanente de atención a las denuncias”.
Un recuento que incluye una línea de tiempo que exhibe con claridad que, o las acciones –incluido el OUEG– han sido un rotundo fracaso, o todo ha sido una simulación… a la que se suma el nuevo manifiesto.
