Adriana Ochoa
Al menos en el anuncio oficial, la democracia mexicana entra en una fase de revisión orgánica que promete no dejar piedra sobre piedra, o por lo menos exponer los nervios que la sostienen -o la desconectan-.
Pero mientras en la Ciudad de México se debaten los grandes términos de la reforma, en municipios y en el Palacio de Gobierno de San Luis Potosí, la realidad demuestra que, para el poder absoluto y concreto, la ley es apenas una sugerencia y la equidad, un disfraz de campaña.
El INE recién entregó a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral un documento técnico que no es solo un pliego de sugerencias; es un mapa de riesgos que advierte sobre la fragilidad de un sistema que, mientras intenta centralizar su mando, corre el riesgo de dejar las llaves de las instituciones locales en manos de los señores de la política regional y, peor aún, de las sombras que los financian.
Con un presidente ejecutivo lenguaraz y de mentalidad facciosa, la Comisión Presidencial incluso se ha visto rebasada en sus promesas. Don Pablo Gómez Álvarez tendrá que tragarse varios de sus encendidos anuncios, el primero de ellos la extinción de las plurinominales. Los primeros en poner el pie a tamaño incordio fueron los aliados de Morena, el Partido Verde y el PT, con dirigencias que difícilmente ganarían sus propios distritos.
El caso de San Luis Potosí, gobernado por Ricardo Gallardo Cardona, es hoy un microcosmos perfecto para entender por qué la reforma electoral de Sheinbaum podría ser, paradójicamente, el vehículo de una regresión si no atiende las grietas por donde se filtra el pragmatismo político más feroz y el simulacro de vanguardia.
Uno de los puntos medulares que el INE en sus propuestas busca blindar es la equidad de género, una bandera que en San Luis Potosí ha sido izada con una mano y arriada con la otra. La historia de la “Ley Esposa” es el epítome de esta esquizofrenia institucional. Impulsada originalmente en el entorno del gobernador Gallardo para proyectar una imagen de modernidad y freno al nepotismo, terminó siendo vetada en el papel por él mismo. El movimiento sacó el tema de una discusión pública desfavorable pero no se ha hecho efectivo en alcances reales, se hará finalmente si la restricción estorba a los planes de sucesión o al control territorial del “gallardismo”.
Pero el manoseo y la erosión de la equidad de género no se detienen en las cúpulas del gobierno potosino, tiene vasos de comunicación en descenso a municipios como Venado, donde la realidad supera la sátira más ácida de la política. El caso de “Reyitos” (Guillermo Martínez Guerra), el político que se inscribió como mujer para burlar las cuotas de género y terminó ganando la alcaldía, representa el grado cero de la ética democrática.
Desde su designación en la candidatura, propuesta por el Partido Verde Ecologista de México, generó controversia porque lo hizo por la vía de la paridad de género. El partido del gobernador Gallardo inscribió a que otros dos candidatos, en Villa de Arista y Vanegas, que se auto adscribieron como mujeres, pero no ganaron.
Este “travestismo de conveniencia” no es un incidente aislado, sino un método. El gallardismo convirtió la identidad de género en una estratagema de registro y la lucha histórica de las mujeres potosinas por la representación quedó reducida a un trámite burocrático burlado. Poco sirve una reforma federal que presuma paridad si en los estados el fraude a la ley es la puerta de entrada al poder.
Si la equidad es el rostro burlado de la democracia, el financiamiento es su sistema circulatorio contaminado. El documento del INE y los recientes análisis sobre financiamiento ilegal a campañas, o un “dumping criminal”, no hacen más que confirmar la inmortalidad de esa anomalía, la más podrida del sistema electoral mexicano.
Actualmente, el financiamiento público es, en gran medida, una simulación. Los topes legales también son imaginería bienintencionada: son absolutamente irreales. En estados con estructuras de control territorial como las del partido gobernante en SLP, el dinero legal es solo el barniz que cubre la verdadera inversión: la del desvío de recursos públicos, en el mejor de los casos, y la de procedencias criminales, en los peores.
El concepto de “dumping criminal” tiene una lógica de mercado. Las organizaciones delictivas pueden financiar candidatos; inundar las campañas de recursos -dinero, especie, logística- para desplazar a cualquier competidor legítimo. En San Luis Potosí, esta colusión no necesita de balazos; se nutre de la opacidad.
El gasto mayor de toda campaña no está considerado en ninguna la ley: el del “Día D”, el día de la elección, para “movilizar” y comprar voto. Si el candidato no tiene para “la movilización”, que se olvide de alguna posibilidad en una elección competida.
En su afán de austeridad, el régimen parece ignorar la realidad de la compra de votos y la financiación ilegal. No hay hasta ahora propuesta de invertir en capacidad técnica de auditar el dinero en tiempo real, que ya es posible. Sin esta revisión en tiempo real de gastos, se le otorga al crimen y al desvío una ventana de oportunidad de meses antes de que cualquier irregularidad sea detectada.
La otra omisión es la economía de la dádiva; Morena la ejerce, pero en San Luis Potosí no ha podido competir con el gobernador. Ricardo Gallardo ha consolidado su poder mediante la entrega directa de apoyos sociales -una política de “pan y circo” en versión potosina-, la trazabilidad del dinero se pierde.
La propuesta del INE de enero de 2026 intenta poner diques a este desbordamiento. Exige una fiscalización más agresiva y una protección real a las cuotas de género para evitar casos como el de Venado. Si la reforma no logra desarticular el uso patrimonialista de la ley -como la “Ley Esposa”- y si no crea mecanismos de defensa contra el dumping criminal, nos quedaremos con una estructura democrática impecable por fuera, pero hueca y carcomida por dentro. Una “ley espantapájaros”, sin efectos reales.
El reto no es solo cambiar las leyes, sino evitar que la democracia mexicana termine siendo un cadáver exquisito, devorado por el cinismo de los feudos regionales y el dinero que nadie se atreve a contar.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Adriana Ochoa es periodista desde 1988. Actualmente es directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y docente titular de Organización Política y Ciudadanía.
