Luego de un “enroque”, Virginia Muñoz rindió protesta como encargada de la ASE

Eduardo Delgado

El primer día de diciembre, Susana Isabel Chiu Toledo “dejó” la coordinación de Auditorias Especiales, cargo que asumió Edith Virginia Muñoz Gutiérrez, quien el pasado lunes ascendió a encargada de la Auditoría Superior del Estado (ASE), tras la renuncia de Rocío Elizabeth Cervantes Salgado.

Virginia Muñoz trabajaba en el órgano fiscalizador, pero al inicio de la nueva administración estatal fue comisionada al sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y apenas el miércoles de la semana anterior regresó al órgano fiscalizador.

En virtud de que la Ley de la Auditoría Superior del Estado, en su artículo 11, establece que en caso de renuncia del o la titular y en tanto el Congreso del Estado designe a una persona nueva, “fungirá en calidad de encargado, el Coordinador de Auditorías Especiales”.

En ese tenor, luego de la dimisión de Rocío Cervantes, a Susana Chiu le correspondía asumir el cargo como encargada provisional del despacho.

Sin embargo, el miércoles de la semana anterior, fue removida de ese cargo y en su lugar fue designada Virginia Muñoz, quien este lunes 6 de diciembre rindió protesta como responsable del órgano técnico fiscalizador.

Luego del enroque, Susana Chiu habría vuelto a la coordinación de Auditorias Especiales, área dedicada a la fiscalización de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial.

El Congreso designa al o la titular de la ASE y para ello debe convocar a un proceso selectivo de las y los interesados; verificado el cumplimiento de los requisitos y de la evaluación de cada aspirante, una comisión integrará una terna de entre la que el pleno del Poder Legislativo elegirá al o el titular por un periodo de siete años.

Hace poco más de cuatro años, Rocío Cervantes ocupaba el cargo que la colocaba en la antesala para asumir el cargo como encargada, entonces en sustitución de José Luis Martínez Loredo y en octubre de 2017 rindió protesta como titular de la Auditoría por un periodo de siete años, que culminaba el 31 de octubre de 2024.

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