Fernanda Durán
Luego de que la investigación Desiertos de noticias locales, realizada por Quinto Elemento Lab y Fundación Gabo, documentara que casi la mitad del territorio potosino estudiado carece de condiciones para ejercer el periodismo, la organización Luminas A.C. advirtió que los riesgos se agravan en el caso de las mujeres periodistas.
Aunque municipios como San Luis Potosí y Rioverde se clasifican como “bosques informativos” por la mayor presencia de medios, Luminas subrayó que esto no significa que existan mejores condiciones de seguridad ni libertad para ejercer la labor.
Al contrario, explicó que las profesionales de la información se enfrentan a violencias diferenciadas de género que atraviesan su trabajo cotidiano.
“Mucha de la labor periodística realizada por mujeres coloca en la agenda pública temas sociales, de derechos humanos o de género que muchas veces generan molestias a nivel gubernamental (…) es importante entender que los riesgos que enfrentan al cubrir ciertos temas, al realizar su labor, pues el género las coloca en situaciones diferenciadas de violencia”.
Debido a su experiencia en autocuidado y género, junto con el trabajo cercano que realiza con periodistas en San Luis Potosí, han identificado que uno de los principales riesgos es la violencia económica, pues la posibilidad de perder el empleo por el tipo de temas que se cubren representa un freno constante.
A la problemática económica se suman bloqueos informativos y obstáculos en la cobertura, que van desde impedir el acceso a conferencias de prensa hasta presiones internas en las redacciones para no publicar notas críticas. Estas situaciones generan secuelas físicas y emocionales como estrés y problemas de salud derivados de la incertidumbre laboral.
La vulnerabilidad se multiplica cuando se cruza con otros factores de interseccionalidad como pertenecer a la población indígena, LGBTIQ+ o a sectores precarizados; en municipios que además están bajo alerta de violencia de género, las periodistas quedan expuestas a un “peligro feminicida”, según lo expresado por la agrupación.
La organización señaló que en el estado se han vuelto comunes las estrategias de silenciamiento.
“Mucha información se trata de que se quede adentro y que no salga, o que lo que pasa no se hable, no se mencione (…) Si estas personas no pueden realizar su labor de periodistas, mujeres y hombres, pues sí está habiendo un vacío de que la ciudadanía no se está enterando de lo que está sucediendo”.
Otro factor que influye en la vulnerabilidad del periodismo es la dependencia económica de los medios respecto a convenios públicos. Luminas indicó que esa condición termina por incidir en la línea editorial, pues las y los comunicadores requieren salarios y estabilidad laboral, lo que vuelve a las redacciones susceptibles a presiones externas.
En su participación reciente con Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), el colectivo observó que problemáticas como la violencia feminicida y las desapariciones se repiten en otros estados, pero en San Luis Potosí la desaparición forzada se ha convertido en un fenómeno cada vez más difícil de cubrir por su magnitud y riesgos.
Ante este panorama, la organización enfatizó la necesidad de que periodistas conozcan y activen el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pese a la desconfianza hacia el propio Estado.
“Es una herramienta que se ha ganado históricamente y que es necesario activar en caso de recibir amenazas (…) Existe recurso económico para que funcione y hay que exigir que se aplique de manera adecuada”.
Luminas subrayó que, aunque el mecanismo de protección es una herramienta ganada y debe activarse en casos de riesgo, muchas trabajadoras de los medios desconfían porque en ocasiones es el propio Estado el agresor, por lo que en esos escenarios entra en juego el papel de las organizaciones de la sociedad civil como CIMAC, Artículo 19 o las redes de periodistas locales y nacionales, que documentan agresiones, emiten comunicados y ayudan a visibilizar lo que ocurre.
Esta visibilidad, de acuerdo con la asociación, puede servir incluso como freno a la violencia, al generar presión pública e internacional sobre las autoridades.
“Lo primordial es siempre tener una red de apoyo cercana, que sepa lo que está sucediendo, y a veces hacer público lo que pasa para que exista evidencia de que estoy sufriendo algún riesgo o amenaza”.
El colectivo recordó que el mecanismo depende de la coordinación con varias instancias estatales y federales, como la Fiscalía Especializada y la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV), pero no siempre responde de manera suficiente a las circunstancias que enfrentan las periodistas.
La organización recordó que en diciembre se abrirá la convocatoria para renovar el consejo consultivo ciudadano del mecanismo, un espacio honorífico que debería vigilar su funcionamiento, el cual actualmente es cuestionado por su eficacia ante la falta de acciones concretas en casos de riesgo, ya que recientemente se negó por transparencia la entrega de información sobre sus protocolos de operación, lo que evidencia opacidad en su desempeño.
Finalmente, para la asociación, la exigencia de la sociedad civil es clave para que estas herramientas funcionen y garanticen la seguridad y dignidad de quienes ejercen el periodismo en San Luis Potosí.
