Por Victoriano Martínez

Los incumplimientos de la Directiva, la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Asuntos Indígenas con la Consulta Indígena y los adeudos con el Grupo Técnico Operativo (GTO) involucran a los 27 diputados porque como parte del Congreso del Estado todos tienen responsabilidad legal ante este proceso consultivo, advirtieron en un comunicado los integrantes del GTO.

“Aunque se quieran deslindar, deben estar conscientes que todos los diputados tienen una responsabilidad en este proceso consultivo, sobre todo si tienen conocimiento y propuestas de cómo resolver el pago para los técnicos”, señalaron.

Mencionaron que los pagos pendientes debieron darse desde hace unos meses, por lo que el resto de los diputados deben reaccionar para proponer una solución en lo inmediato “como lo hacen con otros temas de presupuesto que les interesan más”.

“Intenten imaginar la desesperación, el estrés, la afectación a la salud mental, del Grupo Técnico Operativo y su secretaria técnica, al no tener dinero, pues el Congreso no les quiere pagar ni lo trabajado ni lo gastado de su bolsillo y de sus familiares y amigos que les prestaron para poder llevar las primeras actividades del proceso consultivo indígena”, expusieron.

Apuntaron que en el GTO, compuesto de 20 personas, 16 son integrantes de las propias comunidades indígenas y todos los gastos a la fecha para la Consulta han corrido por su cuenta, con dinero prestado e incluso deudas con un proveedor de copias para poder repartir la convocatoria a las autoridades comunales.

“Es indignante el trato que han recibido los trabajadores que ellos mismo buscaron y eligieron, con quienes se comprometieron. Los únicos que han cumplido sus compromisos y responsabilidades con esta tarea encomendada y con las comunidades indígenas son el grupo técnico y la secretaria técnica de la consulta indígena” dijeron.

Expusieron que en el grupo hay madres solteras de las que dependen directamente sus hijos, personas que no tenían un trabajo y perdieron otras oportunidades por su interés de atender una labor que beneficiaría a sus comunidades. 

“Son un soporte económico para sus familias, algunas de las cuales tienen adultos mayores enfermos e hijos enfermos que tienen que cuidar y mantener”, señalaron.

Acusaron a la Junta de Coordinación Política de bloquear la liberación de los recursos con el pretexto de no estar en desacuerdo en realizar el pago a través de un despacho para facilitar el trámite a quienes proceden de comunidades indígenas y tienen dificultades para darse de alta en Hacienda.

“Esta legislatura se podría considerar como la más racista y discriminadora de la historia del estado. Burlándose de los pueblos indígenas al no manejar la situación de la consulta como se debe, y al violar los derechos laborales y pasando sobre la dignidad del grupo técnico operativo y secretaria técnica de la consulta, que en su 80% pertenecen a las comunidades indígenas”, indicaron.

Hicieron un llamado a los diputados para dejar de lado sus intereses y tratar buscar beneficios políticos, porque están violentando los derechos del grupo de trabajo que sólo ha buscado la manera de cumplir con el compromiso adquirido la tomar protesta en el legislativo el pasado 27 de enero, y han cumplido su trabajo con sus propios recursos.

La Consulta Indígena arrancó con la instalación del GTO, grupo que realizó reuniones en 23 municipios con las comunidades indígenas para programas 61 sesiones de consulta que permitieron que el Congreso del Estado publicara la convocatoria el 14 de febrero con el calendario pactado por el GTO incluido.

A pesar de ese resultado de su trabajo y demás preparativos, entre los pretextos que ponen los diputados para incumplir su compromiso de pago y reposición de gastos es que presenten los resultados de su trabajo, cuando de no existir no habría sido posible la publicación de la convocatoria en el Periódico Oficial que ahora, por el Covid 19, los diputados incumplen.