Por Victoriano Martínez
El lema de la LXIII Legislatura, Legislando Juntos, parece muy inclusivo, aunque al asumirse los diputados como los dueños del balón, la duda es saber qué entienden por la palabra “juntos”. Hay demasiadas señales de que, como en la palomilla escolar, el término se refiere sólo a los nueve grupos parlamentarios… y a la ciudadanía “no la juntan”.
Un lema que honrarían si en su proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023 presentaran un auténtico plan de trabajo y no sólo una enumeración incompleta de las obligaciones que por ley deben cumplir acompañada de generalidades, que el documento bien pudo haber sido elaborado hace 10 o hasta 20 años y tendría vigencia.
Un documento que muestra la actitud chambona de los 27 diputados, quienes seguramente se concentraron en la página 36 para confirmar que se destinarán 60 millones 414 mil 798 pesos a sus ingresos personales, de tal suerte que tengan garantizada una remuneración mínima anual por 2 millones 237 mil 585.11 pesos cada uno, para aprobarlo.
Tan incompleta resulta la relación de las actividades que, por ejemplo, por tercer año consecutivo no tienen contemplado verificar que la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública presente en tiempo su informe de actividades, como sí lo señalan para el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (página 11).
El dato resulta relevante porque en 2020 y en 2021, el organismo garante de la transparencia en el Estado entregó su informe después de que se le venció el plazo para hacerlo (último día de febrero), pero los diputados lo encubrieron al sellar de recibido con fecha previa.
Al menos así quedó constancia en las órdenes del día de las sesiones de enero y febrero en las que el informe de la CEGAIP no apareció en el apartado de correspondencia como sí ocurrió con los informes de la CEDH.
A esa actitud de desobligados en perjuicio de su representación ciudadana, para el presupuesto 2023 suman un monto de 150 millones de pesos para el Capítulo 6000, Inversión Pública, que “será destinado a la construcción de un edificio para que el Poder Legislativo cumpla con sus funciones” (¡!) (página 4).
En sentido estricto, parece una confesión de que hoy no cumplen con sus funciones porque no tienen edificio nuevo… a menos de que se trate de que también ven como su función sumarse a hacer obra, para ver cuánto sobra (al estilo Carlos Hank González).
Un nuevo edificio que añade al alejamiento que por desobligados tienen de la ciudadanía casi seis kilómetros de distancia de su ubicación actual, que se encuentra en el punto de mayor concentración de la población y, en consecuencia, es el punto más indicado para estar cerca de sus representados.
Algo así como que desobligadamente ya nos alejamos de la población, ahora hay que poner tierra de por medio. Legislado juntos, pero lo más lejecitos posible de sus representados.
Dirán que en su chambón plan de trabajo plantean “realizar las Consultas Ciudadanas que marque la Ley” (porque si no los obligara ni de chiste harían una cosa tan subversiva) y hasta “establecer un área especializada en Consultas Ciudadanas” (página 13), pero la experiencia muestra que poco puede significar que sí junten a la ciudadanía, a la que aplican un “consúltelos, pero ignórelos”.
Desde luego que se “abren” a la participación ciudadana, pero sólo para autoproclamarse demócratas, pero sólo de apariencia. Si la población quiere opinar, le dan la bienvenida, le ponen buena cara, le agradecen, alaban sus propuestas y hasta se comprometen a realizar las iniciativas correspondientes… pero también los ignoran.
El lunes 3 de octubre, un grupo de integrantes de Ciudadanos Observando se reunió con tres diputados de la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado para plantear la grave situación de opacidad que se vive en el Estado con una CEGAIP confabulada con los servidores públicos opacos, en la que hubo el ofrecimiento de dos cambios urgentes a la Ley de Transparencia.
En el comunicado oficial del Congreso del Estado ni siquiera se mencionaron los compromisos que hicieron y la diputada Nadia Ochoa Limón, presidenta de esa Comisión, se limitó –en la declaración difundida vía Twitter– a destacar que fue un ejercicio abierto sin mencionar a qué se comprometieron.
Por si fuera poco, en el plan de trabajo le dedican al tema de Transparencia y rendición de cuentas (página 13) tres párrafos con 122 palabras con expresiones tan generales que incluirlas o no hacerlo habría dado como resultado lo mismo. De los compromisos con Ciudadanos Observando, nada. Un plan de trabajo chambón y de mera simulación.
Hay más indicadores de que el lema Legislando Juntos no es más una expresión propagandística de apariencias que poco ayuda a cumplir con la misión y la visión que se han auto impuesto para las que, al no juntar a la ciudadanía, difícilmente lograrán que la sociedad los vea como señalan querer ser vistos: una Legislatura que “goce de prestigio y solidez” (página 10).
