Desiree Madrid
Sandra Campuzano, madre de Adriana Campuzano, una de las cinco víctimas de Filiberto N., quien cometió los feminicidios en Tamuín, acudió nuevamente a los juzgados para exigir avances en el expediente de su hija, desaparecida y asesinada en 2011.
La mujer denunció que, durante años, no ha recibido información clara por parte de los abogados del estado ni del Ministerio Público, mientras que su carpeta de investigación permaneció prácticamente detenida desde 2021 debido a un amparo que nadie había informado ni atendido.
Señaló que la falta de comunicación la ha obligado a viajar desde Guanajuato para conocer de primera mano qué ocurre con su caso.
Campuzano relató que la desatención se ha repetido desde que inició su búsqueda hace más de una década, cuando su hija desapareció con apenas 13 años. Durante aquellos días enfrentó burlas, indiferencia y trabas por parte de autoridades locales, lo que la obligó a apoyarse en habitantes del municipio de Tamuín y en medios de comunicación para continuar las labores de búsqueda.
La menor fue localizada asesinada años después, pero hasta hoy no se ha dictado sentencia contra el acusado, quien permanece recluido en un penal federal de Durango.
La madre explicó que el procesado confesó en su momento la serie de asesinatos y condujo a peritos a los lugares donde se localizaron otras víctimas. Sin embargo, esa admisión no se ha traducido en una resolución judicial.
Afirmó que en los expedientes más antiguos como el de su hija y el de quien seria la primera víctima, Rosita, los hechos fueron tipificados como homicidio y no como feminicidio, debido a las normas procesales vigentes en aquel momento, lo que también ha complicado el avance jurídico.
En su visita reciente, Campuzano se enteró de que su expediente fue trasladado hace apenas dos meses a un nuevo juzgado y que una jueza revisa por primera vez todo el historial del caso.
La mujer aseguró que nunca fue notificada del cambio ni de la reorganización de carpetas, y cuestionó que las autoridades responsables, incluyendo la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), no le hayan brindado acompañamiento ni asesoría legal oportuna.
Denunció que incluso los abogados de atención a víctimas le solicitaron firmar documentos apenas horas antes, pese a que ella lleva años solicitando representación adecuada.
El temor principal de las familias es que el hombre recupere su libertad debido a la ausencia de sentencias, a los amparos promovidos por la defensa y a la constante rotación de jueces, fiscales y funcionarios encargados del caso.
Las víctimas han señalado de manera reiterada que cada cambio institucional obliga a reiniciar trámites, lo que retrasa aún más el proceso y dejan los expedientes sin movimiento durante largos periodos.
“Siempre me dicen que confíe, y siempre pasa lo mismo”, expresó.
Durante la misma jornada, la jueza de ejecución de penas, Rosa Elena Blanco Ríos, explicó la situación procesal del acusado, identificado como Filiberto N.: aún no se han emitido sentencias porque existen recursos de apelación y amparos presentados por la defensa que deben resolverse antes de avanzar a la etapa final.
Afirmó que dictar resolución sin considerar estos recursos constituiría una violación al debido proceso y que el juzgado debe esperar las contestaciones oficiales provenientes del penal federal donde se encuentra recluido.
La jueza reconoció que el avance ha sido lento debido a que cada notificación dirigida al acusado debe enviarse mediante exhortos a Durango, lo cual puede tardar entre tres y cuatro meses en ser devuelto.
Precisó que en el caso de Adriana, por ejemplo, existen dos amparos y una apelación pendientes, mientras que en otro de los expedientes hay recursos similares aún sin resolución.
Añadió que, aunque la carga de trabajo del juzgado supera los 400 asuntos penales, buscarán agilizar estos casos en cuanto los tribunales superiores se pronuncien sobre los recursos interpuestos.
Blanco Ríos afirmó que no existe posibilidad de que el acusado sea liberado en este momento, pues continúa sujeto a proceso en cada una de las causas penales, todas con auto de formal prisión.
Detalló que, una vez superada la etapa de impugnaciones, las sentencias se emitirán de manera individual por cada víctima, con penas que podrían alcanzar varias décadas, según la clasificación jurídica final.
La jueza reconoció que algunos expedientes no han tenido movimiento por falta de impulso procesal, ya sea por parte de las autoridades o de representantes legales, pero el juzgado revisará cada caso para avanzar de oficio en lo que corresponda.
Reiteró que no es el único proceso de alto impacto que atienden y que el personal es reducido, aunque harán esfuerzos adicionales para garantizar que las familias reciban certeza jurídica tras más de 11 años de espera.
Mientras tanto, familiares como Sandra Campuzano continúan asistiendo por su cuenta a los juzgados para exigir información, seguimiento y justicia. Afirman que seguirán presionando para que las instituciones cumplan con sus responsabilidades y para que las víctimas reciban justicia, después de más de una década marcada por omisiones, demoras y una lucha que ha recaído principalmente en las propias familias.
