Fernanda Durán
Uno de los aspirantes que impugnaron la elección de magistrados del Poder Judicial del Estado por inelegibilidad académica, Juan Paulo Almazán Cué, también incumple con el requisito constitucional del promedio mínimo de ocho puntos en su formación profesional.
De acuerdo con el certificado oficial en poder de Astrolabio Diario Digital, emitido por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Almazán Cué egresó con un promedio general de 7.25, por debajo del mínimo establecido en la convocatoria pública y en el artículo 92 de la Constitución del Estado.
El documento oficial —emitido por la Secretaría General de la UASLP— detalla calificaciones individuales en materias clave cursadas entre 1992 y 1996, como Derecho Penal, Civil, Constitucional, Amparo y Clínica Procesal, con resultados que van desde seis hasta ocho puntos.
Pese a esta situación, Almazán Cué figura entre los actuales magistrados en funciones, y es uno de los actores que promovieron juicios de inconformidad tras los comicios judiciales del pasado 1 de junio.
De acuerdo con los registros del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP), su nombre figura como promovente en los expedientes TESLP/JNE/09/2025, TESLP/JNE/10/2025, TESLP/JNE/11/2025 y TESLP/JDC/111/2025, acumulados contra el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).
Las impugnaciones señalan presunta inelegibilidad de personas electas y posibles irregularidades en la jornada o los cómputos.
En caso de que alguno de sus recursos prospere, Almazán podría aspirar a ser designado en sustitución de algún magistrado electo, ya que con 91 mil 378 votos se posicionó como el siguiente candidato hombre con mayor respaldo ciudadano, solo detrás de José Luis Ruiz Contreras, quien obtuvo 115 mil 450 votos.
Sin embargo, su caso también podría estar sujeto al análisis de la excepción constitucional que han señalado los virtuales magistrados, prevista para quienes ya forman parte del Poder Judicial y hayan solicitado licencia, lo cual abriría un debate adicional sobre la aplicación del llamado “pase directo”.
Por ahora, los juicios siguen en proceso de análisis ante el Tribunal Electoral del Estado, que ha reiterado que no adelantará criterios hasta concluir la etapa de instrucción.
Mientras tanto, el caso de Almazán suma una nueva arista al debate en torno a los filtros institucionales, las excepciones vigentes y la legitimidad del proceso de renovación judicial, el cual sigue bajo observación jurídica y pública, ya que el cumplimiento de este requisito debió haber sido verificado por los Comités de Evaluación de cada poder, pero no fue así, pues los candidatos lograron aparecer en la boleta.
