Desiree Madrid
El maltrato animal no es un problema aislado ni menor. De acuerdo con especialistas en psiquiatría, derecho penal y medicina veterinaria, es un indicador temprano de violencia social que revela conflictos profundos en el seno familiar y comunitario.
Durante el panel Relaciones entre el Maltrato Animal y la Violencia Social y Estrategias para la Reconstrucción del Sistema Social, coincidieron en que esta conducta debe atenderse como un fenómeno integral, ligado a la salud mental, la seguridad pública y la prevención de delitos de alto impacto.
Desde la perspectiva psiquiátrica, la relación entre violencia doméstica y crueldad hacia los animales ha sido documentada desde los años setenta.
Niños, niñas y adolescentes expuestos a violencia familiar —física, psicológica, económica o de género— tienen un riesgo significativamente mayor de reproducir patrones agresivos en la edad adulta. Se estima que alrededor del 30 por ciento de quienes viven en entornos violentos presentan conductas de maltrato hacia animales, lo que convierte a estos casos en señales de alerta temprana sobre dinámicas familiares dañinas.
La psiquiatra Sara Antonieta Navarro explicó que entre el 60 por ciento y 70 por ciento de los casos de crueldad animal reflejan la existencia de violencia en el entorno familiar.
Señaló que cuando alguien presencia el maltrato de un animal, este acto puede ser un síntoma de una agresión más grave que ocurre al interior del hogar, muchas veces contra menores de edad.
“Minimizar el maltrato animal es ignorar un determinante social que permite identificar conductas violentas graves”, advirtió.
El perfil de quienes ejercen maltrato animal es diverso: puede incluir a personas con trastornos psiquiátricos graves, consumidores de sustancias, o adolescentes con trastornos de conducta.
Especialistas señalaron que este último grupo requiere especial atención, pues el maltrato en etapas tempranas puede evolucionar hacia trastornos antisociales, que suelen estar presentes en individuos involucrados en hechos delictivos de alto impacto. En ese sentido, el maltrato animal es también una alerta temprana de riesgo social.
En el ámbito legal, la relación entre la violencia familiar y el maltrato animal está reconocida en México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las mascotas forman parte de la familia, lo que amplía las posibilidades de protección legal.
El penalista Alberto Damián Torres Ánimo explicó que en varios casos documentados, los agresores utilizan a los animales como instrumento de coerción emocional: los golpean, privan de alimento o los dañan para ejercer control psicológico sobre sus parejas e hijos.
La ley distingue entre maltrato por acción y por omisión. Dejar a una mascota sin alimento, agua o en condiciones extremas también es un delito que puede denunciarse, incluso a través del 911.
Las autoridades subrayan que el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad y que la denuncia ciudadana es una herramienta clave para visibilizar y castigar estas conductas. Sin embargo, los especialistas coincidieron en que la prevención debe ir más allá de la sanción: se requiere fortalecer la convivencia comunitaria, generar espacios públicos seguros y promover vínculos afectivos sanos que eviten que las mascotas se conviertan en receptores de frustraciones o carencias emocionales.
Uno de los principales obstáculos para aplicar la ley es la falta de infraestructura institucional en San Luis Potosí, donde apenas hay cuatro peritos veterinarios para atender estos casos, lo que limita la capacidad de respuesta y vuelve ineficaz el marco jurídico existente.
Los panelistas plantearon la necesidad de mejorar las políticas públicas con leyes redactadas por especialistas en bienestar animal, incorporando criterios de salud, ecología y comportamiento que permitan intervenciones reales y no solo declaraciones en papel.
La educación y la formación de profesionales certificados fueron señaladas como prioridades para combatir este fenómeno desde su raíz. Médicos veterinarios y expertos en salud mental coincidieron en que el maltrato animal es un problema de salud pública y seguridad, y que abordarlo de forma multidisciplinaria —con prevención, atención temprana y justicia efectiva— es indispensable para reconstruir el tejido social y reducir otros tipos de violencia.
