María Ruiz
Familiares y amigos de Sandra Revilla Olavarrieta, empresaria potosina víctima letal de la delincuencia en la capital del estado, el pasado 10 de enero, se congregaron en una manifestación pacífica este domingo 18 de mayo, marcha que, más allá de exigir a la Fiscalía General del Estado que dé con el o los responsables del crimen, se convirtió en una especie de manifiesto ciudadano.
La marcha recorrió avenida Carranza desde el Jardín de Tequis, circuló por Reforma y llegó hasta el edificio de la Fiscalía; no fue solo por justicia, sino por dignidad, por conciencia, por la posibilidad de volver a reconocerse como parte de un colectivo donde la vida tenga valor.
En la manifestación, no hubo espacio para consignas partidistas, señalamientos ruidosos ni discursos grandilocuentes, sino una demanda para recomponer el tejido moral de una sociedad que, según ellos, se ha vaciado de conciencia.
En el reclamo que fue emotivo, pero no estridente, amigos cercanos y familiares de la víctima, evitaron responsabilizar directamente al gobierno estatal o municipal. Más aún, se mostraron cautelosos en deslindar — en parte — a las autoridades de lo que podría parecer una negligencia sistémica.
“Esto no es un ataque al gobierno”, repitieron. En lugar de eso, el centro de gravedad del mensaje estuvo en otro lugar, como en la necesidad urgente de regenerar la convivencia, la empatía, la humanidad.
Para muchos de los asistentes, la violencia ya no es solamente una cifra o un mapa delictivo; es un fenómeno que ha alcanzado dimensiones éticas.
“Ya no es por necesidad —dijo una de las manifestantes—, ya no es hambre, es maldad sin freno, es hacer daño por hacerlo, como si ya no importara nada”, dijo Lorena Madrigal, una de las organizadoras de la marcha.
En ese mismo tenor Ivett Larrea, presidenta del Consejo Directivo de AMEXME, quien asistió a la manifestación, puso énfasis en la urgencia de que las estrategias de seguridad se hagan tangibles.
“No son solo los empresarios, es toda la sociedad la que está siendo golpeada”, advirtió.
Mencionó casos recientes de robo a mano armada, muchos cometidos por individuos que se camuflan como repartidores de aplicaciones. Su petición no fue solo policial o punitiva, sino también regulatoria: revisar cómo la informalidad encubre formas de violencia cada vez más sofisticadas.
Aunque en San Lui Potosí el discurso oficial afirma que el problema de inseguridad “no está tan mal, la señorita Madrigal señaló que, al menos ellos, el círculo cercano de la empresaria, son personas que sí sienten miedo, que han cambiado rutinas, salen menos, desconfían más y como hoy, se organizan para manifestarse, pero también para cuidarse.
Mientras ello pasa, los deudos y amigos se preguntan por qué mataron a Sandra, y piden que la fiscalía esclarezca las causas detrás del asesinato, de con los responsables y haga justicia.
“No queremos atacar a nadie, queremos un San Luis seguro, que podamos transitar los espacios de esta ciudad sin preocuparnos, que la familia de Sandra obtenga justicia. No es posible que hoy una familia se quedó sin una madre, sin una esposa. Exigimos justicia”.
