Astrolabio

María Ruiz

Reclamar y exigir que las autoridades presten atención debida a las víctimas del delito no es violencia, pues su función es velar por los Derechos Humanos y defender a la población, así lo mencionó María de Jesús Almendárez Prieto ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado.

Durante su relatoría, Almendárez Prieto explicó y detalló cada una de las arbitrariedades y deficiencias que ha enfrentado durante nueve años de lucha al ser víctima de violencia institucional, acoso sexual, laboral y violencia de género por parte de un exfuncionario.

Señaló severamente las omisiones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Víctimas (CEEAV), la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobierno del Estado y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE).

Respecto a esto, evidenció que ninguna de las recomendaciones emitidas por la CEDH ha sido cumplimentada, como tampoco la reparación del daño a la que tiene derecho, además de acusar a la CEEAV de ser omisa y cómplice.

“Actualmente la titular de la CEDH, Giovanna Itzel Argüelles Moreno, ha sido omisa. Al día de hoy cuento con 15 expedientes de quejas abiertas que no ha resuelto hasta el momento, incumpliendo el tiempo estipulado que marca la ley”, explicó.

Aunado a ello, aseveró que la CEEAV resuelve a “base de chicanadas” y que en ningún momento ha tenido la intensión de coadyuvar a través de sus atribuciones en beneficio de las víctimas.

“Yo he hecho todo de manera legal, me resolvieron un amparo (de otros tantos ya realizados) y no se ejerció la reparación del daño como correspondía. Esta comisión nos revictimiza y hasta ahora el último amparo que yo gané, lo ha incumplido”.

De igual forma, apuntó que esta comisión no tiene en su plantilla laboral gente que se especialice en la defensa con enfoque a Derechos Humanos, pues hasta ahora los abogados, además de presentar un perfil en especialidad mercantil, no realizan el acompañamiento jurídico y legal óptimo para enfrentar los procesos de denuncia de las víctimas.

Ante dichas irregularidades, Almendárez Prieto solicitó a la Comisión que preside actualmente la diputada Gabriela Martínez Lárraga que ante la indefensión que enfrenta actualmente, no se tome en cuenta a Miguel Ángel García Amaro en la terna para el próximo titular de la CEEAV.

Señaló que García Amaro, quien funge actualmente como director general de la Unidad de Primer Contacto y Atención inmediata de la CEEAV y actual encargado del despacho de la misma, es un violentador entorno a su defensa y seguimiento de su caso.

Ante esto, Martínez Lárraga se comprometió en generar acciones para que se repare el agravio a la que ha sido sometida María de Jesús durante estos casi nueve años de lucha.

“Yo sé que hablas en nombre de todas las víctimas, no somos ajenos a la corrupción y cómo se maneja el sistema de los gobiernos. Vamos a darle seguimiento al tema de la reparación del daño que es fundamental”, declaró.

Por su parte, Almendárez Prieto subrayó que su protección, así como seguridad personal y administrativa también un tema toral, ya que no desea ser víctima del actual Gobierno por el hecho de exigir justicia y levantar la voz.

“No quiero perder mi trabajo como empleada de Gobierno y tampoco quiero que se vulnere mi seguridad. Por ello solicitó el apoyo de la diputada Martínez Lárraga para que se me proporcionen las medidas ejecutorias de protección que dicta el Mecanismo Estatal de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos”, dijo.

Por lo que se determinó que la Comisión de Derechos Humanos del Poder Legislativo realizará un exhorto al Gobierno estatal para que reciban a Almendárez Prieto y así ella tenga la oportunidad de exponer su caso y encontrar una vía de solución definitiva.

Además, quedó constancia de que se solicitará una segunda reunión, pero ahora con las y los titulares y encargados de despacho de las comisiones y secretarías estatales que han intervenido en el caso de María de Jesús para que expongan porqué hasta el momento no se le ha atendido de la forma adecuada como víctima.

No soy una bala perdida: Marichuy

Durante dicha reunión, María de Jesús Almendárez Prieto solicitó una pausa ante la Comisión de Derechos Humanos, para señalar al diputado Eloy Franklin Sarabia de haberla revictimizado y violentado.

Esto en respuesta a un hecho que se suscitó el 10 de febrero de este año, cuando Almendárez Prieto buscó al diputado para solicitarle ayuda.

Una situación que aseguró María de Jesús derivó en maltrato por parte del diputado, quien la calificó de ser “una bala perdida” y quien además la acusó de no ser una víctima, sino de ser una mujer chantajista.

“Eloy me amenazó en la forma de decirme las cosas, me dijo que ya le habían dicho que yo era una ‘bala perdida’, que me tenía que tratar con pincitas. Me dijo que si me presentaba afuera [de Congreso del Estado] a empezar a gritarle, acudiría con el secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres para que me corrieran”.

Ante esto, Franklin Sarabia respondió que esta acusación era falsa y que tenía una grabación prueba de lo que realmente había sucedido.

Declaración a la que minutos después el diputado se deslindó, al indicar que era mentira que existiera un audio luego de que Almendárez Prieto puntualizó que esa grabación era contra la ley, pues no existió nunca una autorización para hacerla.

La discusión derivó en un enfrentamiento en el cual María de Jesús evidenció que las acciones del diputado no eran conforme al perfil estipulado para formar parte de la Comisión de Derechos Humanos y que por ello realizaría las acciones jurídicas pertinentes.

Sentenció además que era inconcebible que siendo víctima de violencia institucional, ahora se tuviera que enfrentar a otro tipo de agresiones, lo que desdibuja por completo su historia de resistencia.

“A él le causa un agravio el hecho de que esté aquí, porque si no me pudo aguantar el día que le solicité apoyo y ayuda en su despacho, obviamente no va aguantar aquí en esta sala mi testimonio como víctima”.

Luego de esto, el diputado Franklin Sarabia optó por no hacer ningún tipo de declaración, a pesar de que la presidenta de la comisión le otorgó un derecho de réplica para realizar su defensa ante esta acusación.

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