María Ruiz
Más de 10 mil 211 denuncias en cinco años con niñas, niños y adolescentes como víctimas, 9 mil 853 carpetas de investigación abiertas y apenas el 3.5 por ciento de los casos judicializados, son las cifras presentadas este 30 de abril en el contexto de la conmemoración del Día del Niño y de la Niña, y que delinean una problemática que dista de ser excepcional y que apunta a una violencia persistente e impune.
En rueda de prensa, abogadas, psicólogas y especialistas de Apoyare A.C. y de Shakti Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, dieron a conocer el diagnóstico Realidades de las Niñeces en San Luis Potosí (2020–2025), junto con una propuesta de reforma para atender esta situación desde el ámbito institucional.
El estudio fue elaborado a partir del análisis de 1 mil 258 notas periodísticas, más de 100 solicitudes de información pública y trabajo directo en contextos escolares, advierte que la violencia contra las infancias no es un fenómeno aislado.
“El problema no es la falta de leyes, sino la ausencia de mecanismos eficaces para hacerlas realidad”, señalaron las especialistas durante la presentación.
En materia de violencia sexual, los datos refuerzan la gravedad del panorama: 3 mil 024 carpetas de investigación en cinco años, lo que equivale a más de 600 casos anuales o al menos dos diarios. A esto se suma la cifra negra, ya que entre el 90 por ciento y 95 por ciento de estos delitos no se denuncian.
“Lo que muestran las cifras oficiales es solo una parte de una realidad mucho más amplia”, advirtieron.
El diagnóstico también identifica un componente estructural de género: niñas y adolescentes mujeres concentran la mayor parte de las afectaciones, especialmente en delitos sexuales y desapariciones.
Uno de los hallazgos más preocupantes es que el hogar se configura como el principal espacio de violencia. En un ejercicio realizado en una escuela pública, 42.7 por ciento de las niñas y niños reportaron haber recibido golpes en su familia; 39.6 por ciento haber sido víctima de gritos; y 27.3 por ciento haber sufrido agresiones físicas como jalones, lo que evidencia la normalización de estas prácticas.
En el ámbito escolar, la violencia también es constante: 32.6 por ciento ha recibido burlas u ofensas y 27 por ciento ha sufrido agresiones físicas, con registros incluso de violencia sexual.
A pesar de ello, solo cuatro de cada diez niñas y niños hablan sobre lo que viven, principalmente por miedo, lo que revela un entorno marcado por el silenciamiento.
“Cuando una niña o un niño guarda silencio, no es que no tenga nada que decir, es que no tiene un lugar seguro para hacerlo”, enfatizó Claudia Cuéllar, especialista e integrante del proyecto de estudio.
Frente a este panorama, las organizaciones presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Ley de Educación del Estado, que propone la creación de Unidades de Prevención, Detección y Atención de la Violencia en centros escolares.
Estas instancias buscarían identificar riesgos de manera temprana, brindar atención inicial y canalizar los casos, además de generar información útil para la toma de decisiones públicas.
El llamado, coincidieron, es a reconocer que la violencia contra las niñeces no es coyuntural, sino una realidad estructural que exige respuestas sostenidas y efectivas por parte de las instituciones y la sociedad en su conjunto.
