María Ruiz
El sistema de justicia para menores en San Luis Potosí enfrenta un panorama de parálisis procesal que mantiene a la mayoría de sus internos en la incertidumbre jurídica, pues según datos oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al cierre de enero de 2026, el 64.7 por ciento de los adolescentes recluidos carecía de una sentencia definitiva, encontrándose únicamente bajo proceso por delitos de alto impacto.
De acuerdo con lo dispuesto a través de una solicitud de información con folio 242840526000021, esta tendencia de rezago persistió durante el mes de febrero, donde el 53 por ciento de la población total del centro permanecía a la espera de una resolución judicial que determine su situación legal.
La geografía del internamiento revela que la capital del estado es el principal foco de origen de estos jóvenes, concentrando a nueve de los 17 internos registrados en enero, y a siete de los 13 reportados en febrero.
No obstante, la incidencia en municipios rurales como Rayón resulta alarmante, aportando el 23 por ciento de la población total en el primer mes del año con casos vinculados exclusivamente a homicidio calificado e inhumaciones ilícitas.
Otros puntos de origen identificados en las estadísticas incluyen a los municipios de Charcas, Aquismón y Tamuín, además de registrarse presencia de internos provenientes de Tlaquepaque, Jalisco.
Sobre el estado de la salud mental de los internos, la SSPC informó que, tras realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos de trámite y concentración, se determinó que el 0 por ciento de los adolescentes sujetos a medida presenta un diagnóstico de salud mental.
Debido a la inexistencia de estos registros en sus bases de datos, la autoridad no incluyó desgloses por tipo de padecimiento o sexo en la información proporcionada, dando por atendido este punto de la solicitud con un valor numérico de cero.
Mientras tanto, el 100 por ciento de la población bajo custodia es del sexo masculino, con edades que fluctúan entre los 14 y los 22 años, cumpliendo medidas que en casos de secuestro alcanzan los cinco años de internamiento.
