Desiree Madrid
En San Luis Potosí, la mayoría de los casos de violencia contra las mujeres atendidos en los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) no cuenta con una clasificación específica sobre el tipo de agresión.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 95.3 por ciento de los incidentes registrados en la entidad fueron catalogados como “no especificados”.
Este nivel de omisión en los registros contrasta con el volumen de atención que mantienen estos centros. Según lo señalado previamente por la titular del CJM en el estado, Esther Angélica Martínez Cárdenas, cada mes se emiten en promedio entre 150 y 200 órdenes de protección para mujeres en situación de riesgo, principalmente por casos de violencia familiar.
El dato del INEGI ubica a San Luis Potosí entre las entidades con mayores problemas en la calidad de su información, ya que en la mayoría de los expedientes no se precisa si las víctimas enfrentaron violencia física, psicológica, sexual u otra modalidad. En términos prácticos, esto implica que nueve de cada 10 casos atendidos carecen de ese nivel de detalle.
“El 95.3 por ciento de los incidentes fueron registrados como no especificados”, refiere el informe, lo que limita la posibilidad de identificar patrones sobre las formas de violencia contra las mujeres más recurrentes en la entidad, incluso cuando existe un flujo constante de atenciones mensuales.
A nivel nacional, durante 2024 los CJM reportaron más de 714 mil incidentes de violencia contra las mujeres. En los casos donde sí existe clasificación, predominan las agresiones psicológicas y físicas, lo que permite dimensionar el fenómeno en otras entidades.
Sin embargo, el contraste con San Luis Potosí es marcado. Mientras se mantiene un promedio mensual de hasta 200 órdenes de protección, la mayoría de los casos no queda registrada con características específicas, lo que reduce la utilidad de esa información para análisis posteriores.
Especialistas han advertido que la falta de datos desagregados impacta directamente en la toma de decisiones públicas. Sin claridad sobre el tipo de violencia que enfrentan las víctimas, resulta más complejo definir estrategias de atención, asignar recursos o evaluar el funcionamiento de los programas existentes.
En ese contexto, la ausencia de clasificación en los registros no solo representa una deficiencia administrativa, sino también una limitación para entender la dimensión real de la violencia contra las mujeres en el estado, pese a la cantidad de casos que mes a mes llegan a las instancias de atención.
