Fernanda Durán
Con 24 votos a favor, cero en contra y sin abstenciones, el Congreso del Estado aprobó este martes reformas al Código Penal de San Luis Potosí para tipificar como delitos el matrimonio infantil y la cohabitación forzada de personas menores de 18 años o en condiciones de vulnerabilidad.
La reforma, impulsada por la diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas, adiciona un nuevo Capítulo I BIS al Título Cuarto del Código Penal del Estado, así como los artículos 184 BIS y 200 BIS. Con ello se sancionará penalmente tanto la cohabitación forzada como el hecho de contraer matrimonio con personas menores de edad.
Durante su intervención en tribuna, Aradillas Aradillas destacó la urgencia de adecuar la legislación local a estándares nacionales e internacionales de protección a la infancia.
“A través de esta iniciativa busco tipificar como delito en el estado de San Luis Potosí el matrimonio infantil, así como la cohabitación forzada de personas menores de 18 años de edad”.
La reforma considera cohabitación forzada a quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u ofrezca a una persona menor de edad —o sin capacidad de comprensión o resistencia— a vivir de forma constante con otra persona como si se tratase de una unión marital.
La conducta será castigada con penas de ocho a quince años de prisión y multas de mil a dos mil 500 días. Las sanciones aumentarán si la víctima pertenece a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana.
Asimismo, se considerará delito de matrimonio ilegal contraer nupcias con una persona menor de 18 años, con las mismas penas y agravantes ya señaladas.
La diputada promovente hizo énfasis en el marco constitucional y en los tratados internacionales que exigen la protección del interés superior de la niñez.
Entre los argumentos centrales del dictamen, se destacaron estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ENADID 2018 y el Censo de Población y Vivienda 2020, que evidencian la persistencia del matrimonio infantil en México.
Una de cada cuatro mujeres de entre 20 y 24 años se unió por primera vez antes de los 18 años, y el 3.6 por ciento antes de los 15. En zonas rurales, una de cada tres mujeres vivió esta situación.
Además, casi la mitad de las jóvenes que se casaron o unieron antes de la mayoría de edad dejaron de asistir a la escuela por esta causa o por embarazo.
La legisladora también retomó datos del UNICEF sobre las consecuencias de las uniones tempranas: mayor probabilidad de vivir en pobreza, abandono escolar y embarazo adolescente.
Afirmó que si América Latina no revierte la tendencia, para 2030 podría ser una de las regiones con mayores tasas de matrimonio infantil en el mundo.
Finalmente, recordó que esta reforma es consistente con el decreto publicado el 25 de abril en el Diario Oficial de la Federación, que ya tipificó la cohabitación forzada a nivel nacional.
