Adriana Ochoa
La política mexicana, tan afecta a la penumbra y al lenguaje circular, suele encontrar en las lagunas reglamentarias su mejor refugio. En el Congreso de San Luis Potosí, esa niebla técnica se disipará con la reforma para redefinir los conceptos de mayoría, ignorando abstenciones o ausencias en el cálculo de votos para aprobar reformas, nuevas leyes y nombramientos como el de titular de la Fiscalía o el del Instituto de Fiscalización.
La iniciativa, presentada por el diputado verde Luis Felipe Castro Barrón, es de un pragmatismo crudo y no esconde el ánimo autoritario. Hay que reconocer un mérito higiénico en ella: el fin de la simulación. Se acabó el juego de sombras de opositores que, mediante la abstención o el ausentismo estratégico, evitan el costo político de apoyar a un oficialismo que dicen combatir, pero con el que nunca dejan de flirtear para proteger intereses y obtener concesiones.
Desde luego, estos “opositores” y “opositoras” serán los primeros que voten a favor, encantados del avance hacia su propia irrelevancia; cuéntenlos desde ahora. Importa poco que su eterno cortejo interesado se abarate aún más. Ahora, quien quiera influir, o por lo menos existir en términos concretos, tendrá que apretar el botón de “sí” o “no”.
El dictamen, aprobado el viernes en comisiones, tiene como objetivo principal modificar varios artículos de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento del Congreso del Estado.
En pro de pragmatismo, la reforma dota de celeridad al proceso legislativo. Establece que los dictámenes rechazados se archiven de forma definitiva. Si no pasa, no pasa y se acabó.
En resumen, los diputados a favor asumen que la reforma estandariza y clarifica cómo se calculan las votaciones en el Congreso estatal, especialmente las que requieren una “mayoría calificada” (un consenso de exigencia más fuerte que una mayoría simple).
La propuesta establece como “mayoría calificada” la que se consigue con “el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los votos emitidos”, es decir, solo se cuentan los votos que se expresan, a favor o en contra. Si en la sesión de elección de un fiscal hay 20 diputados y 5 se abstienen, solo se cuentan 15 votos; los dos tercios necesarios serían 10 votos a favor y el nombramiento del fiscal está hecho. Igual si se suspende a un ayuntamiento o se nombra fiscalizador del estado.
Dependiendo de la redacción constitucional o ley de que se trate la sesión, para alcanzar la mayoría calificada se necesitan más votos. Ahí es donde entra el juego de cotización de los “opositores” necesarios para alcanzar dos tercios.
La reforma lo simplifica todo para los ciudadanos comunes, pero con impactos reales en cómo se gobierna el estado. Las votaciones para temas clave, como nombrar al titular del Instituto de Fiscalización o auditor superior, aprobar más deuda pública para el gobierno estatal, suspender ayuntamientos (por ejemplo, si un municipio comete irregularidades graves), o reformar la Constitución estatal, ahora se calcularán de manera uniforme: se necesita que al menos dos tercios de los votos que se emitan (los que sí se expresan) sean a favor.
Sin embargo, la claridad tiene un reverso tenebroso. Al reducir el cálculo a los “votos emitidos”, el umbral para alcanzar decisiones trascendentales se desploma. Si una parte de la legislatura se ausenta, una minoría cohesionada podría, en teoría, reformar la Constitución o autorizar deudas masivas con una representatividad real bajo mínimos. La intención de un “rodillo parlamentario” es evidente.
Una vez aprobada la reforma, se supone que el Congreso trabajará más rápido y con menos disputas internas. Por ejemplo, si una ausencia o abstención hoy complica el conteo (porque a veces se basa en el término “todos los presentes” o “el total de diputados” como referente proporcional), ahora solo cuentan los votos activos. Esto podría agilizar procesos como la aprobación de deudas para obras públicas o la designación de funcionarios anticorrupción.
La mayoría calificada nació para forzar el consenso, no para facilitar el trámite al poder en turno. Al facilitar este camino, se corre el riesgo de centralizar las decisiones en un gobernador que ya goza de una oposición apenas testimonial, diluida para peor en sus pleitos internos.
Si algunos diputados se abstienen o faltan a propósito, se necesita menos votos para ganar. Un partido fuerte podría imponer decisiones controvertidas. La protección de las minorías políticas será nula en temas tan sensibles como la desaparición de poderes municipales.
Es posible también que la reforma abra la puerta a una judicialización extenuante. Que la interpretación de qué constituye un “voto emitido” frente a votos nulos o incidentes en el pleno sea pasto de tribunales. En un San Luis Potosí polarizado, lo que hoy se vende como certeza jurídica podría terminar siendo el combustible de una parálisis judicial que atrape al Congreso en un laberinto de impugnaciones.
La eficiencia es una virtud, pero en democracia nunca debe ser el sustituto de la legitimidad. Los diputados potosinos están a punto de cambiar las reglas del juego; queda por ver si lo hacen para fortalecer la institución o para pavimentar el camino a una hegemonía sin fisuras. La transparencia ganada no debe ser el precio de una pluralidad perdida.
ROLLOS SUELTOS
AUTODELACIÓN. Algún “cabeza de huevo” del gobernador debió advertirle con puntualidad que es un bumerán emprender campañas de golpeteo con la venta de agua en pipas como tema, cuando es del gobierno estatal la facultad de regular este comercio y ponerles tope a los abusos en la materia. Como estrategia para no pagarle al Interapas lo que le deben, es malísima.
HARTAZGO DEL “BLEBLEBLÉ”. Llega el estiaje, vienen los tandeos y las dificultades con el abasto de agua en la capital de San Luis Potosí y zona conurbada. Lo que menos quieren oír los potosinos es campañitas sarnosas, predecibles y de tufo político con el tema. Más soluciones e inversión para mejorar infraestructura hídrica y menos ruido sin provecho.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Adriana Ochoa es periodista desde 1988. Actualmente es directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y docente titular de Organización Política y Ciudadanía.
