Fernanda Durán
La Comisión Segunda de Justicia del Congreso del Estado rechazó una iniciativa presentada por su propia presidenta, la diputada Gabriela Torres López, a pesar de que el dictamen elaborado previamente la consideraba procedente y viable desde el punto de vista técnico y jurídico.
La propuesta buscaba reformar la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa para establecer un procedimiento público y regulado en la designación de la persona titular del Órgano Interno de Control (OIC), incluyendo la emisión de convocatorias abiertas, etapas de evaluación y criterios de elegibilidad.
La iniciativa fue considerada procedente porque atendía un vacío legal existente en la legislación vigente, al no establecerse actualmente un procedimiento claro para dicha designación, lo que podía derivar en decisiones discrecionales y falta de transparencia.
El documento señalaba que la reforma permitiría “precisar, armonizar y otorgar certeza jurídica” al proceso, además de alinearlo con la nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo, que redistribuyó competencias entre comisiones, particularmente en materia de justicia administrativa.
Asimismo, el dictamen advertía que la ausencia de reglas procedimentales había generado incertidumbre jurídica y posibles riesgos de designaciones opacas, al no establecerse etapas, criterios de evaluación ni mecanismos de publicidad en el proceso.
Entre los elementos propuestos se encontraba que la designación del titular del OIC se realizara mediante convocatoria pública, aprobada por el Pleno del Congreso y difundida en el Periódico Oficial, así como en medios de comunicación, incorporando requisitos de elegibilidad, revisión de perfiles y entrevistas a aspirantes.
Pese a estos argumentos, la iniciativa fue rechazada en votación por mayoría, con los votos en contra de las diputadas Leticia Vázquez Hernández, Roxanna Hernández, Gabriela Guadalupe Martínez y del diputado Luis Fernando Gámez Macías, todos del bloque integrado por el Partido Verde y el PT. El diputado Carlos Arreola Mallol, de Morena, se abstuvo.
Durante la discusión, la legisladora promovente recibió como justificación que anteriormente había votado en contra de otras propuestas del bloque mayoritario, lo que fue expresado por integrantes de la comisión como un criterio para no respaldar el dictamen. En ese mismo sentido, la diputada Roxanna Hernández sostuvo que no era necesario dar mayores explicaciones sobre el sentido de su voto, postura que fue secundada por la diputada Leticia Vázquez Hernández.
Tras la votación, se planteó el procedimiento a seguir ante el rechazo de un dictamen previamente considerado procedente. De acuerdo con el área técnica, en estos casos corresponde elaborar un nuevo dictamen en sentido improcedente que justifique formalmente por qué la iniciativa no avanzará.
La diputada Torres advirtió que la legislación vigente no contempla con claridad un mecanismo distinto cuando un dictamen favorable es rechazado por votación, lo que en la práctica limita el proceso a su desechamiento sin una ruta de revisión adicional.
El Órgano Interno de Control es el responsable de vigilar el uso de recursos públicos, investigar responsabilidades administrativas y garantizar el cumplimiento de normas dentro del Tribunal Administrativo.
