Por: Eduardo Delgado

La recomendación girada el pasado martes por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Miguel Ángel García Covarrubias, confirmó lo denunciado, de manera pública, en junio de 2013 por el militar Diego Santiago Pazarón: La dependencia estatal desechó y extravió pruebas que aportó a fin de esclarecer el asesinato de su esposa e hija y la desaparición de otra hija, acontecidos hace cinco años en Ciudad Valles.

Este sábado, cabe referir, rindió protesta como diputado federal del Partido Verde Ecologista de México, Cándido Ochoa Rojas, quien fungía como Procurador de Justicia cuando acontecieron los homicidios, la desaparición y las anomalías corroboradas por la comisión; ese cargo lo dejó en noviembre de 2011, para asumir la Secretaría de General de Gobierno.

“He investigado, tengo datos que le he dado a la misma autoridad. Le he dado muchos datos pero ellos los desechan”, y “me dijeron que ya no le estuviera moviendo al caso porque si no me iba a pasar lo que a mi esposa”, declaró el cabo conductor del ejército, entrevistado por Milenio Televisión en la ciudad de México.

Este lunes 31 de agosto se cumple un lustro de la desaparición de su esposa y dos hijas. A su cónyuge la encontró muerta en la sala de necropsia al día siguiente. A una de sus hijas, de apenas dos meses de edad, fue hallada sin vida días después. La otra sigue desaparecida.

Ante el Ministerio Público y la CEDH el quejoso expuso que luego del ataque a su familia recibió mensajes en su teléfono celular indicándole que tenían a su cónyuge e hijas, por lo que el representante social le pidió entregar su aparato. Por separado peritos le extrajeron una muestra de saliva para someterla a una prueba genética.

Sin embargo, precisó, el 10 de noviembre de 2010 le informaron que no habría dictamen pericial sobre el contenido de su teléfono celular, porque personal de servicios periciales lo extravió, y que las muestras de saliva fueron desechadas por no contar con equipo ni material para su conservación.

En junio de 2013, el entonces Sub Procurador Regional de Justicia Zona Huasteca Norte informó a personal de la comisión de garantías individuales del inicio de la indagatoria penal contra de quien resultase responsable de la pérdida del teléfono.

Dos meses después la CEDH recibió oficio de la Subdirección de Servicios Periciales, Criminalística y Medicina Forense, mediante el cual informó que la muestra de saliva no fue enviada de Ciudad Valles a la capital potosina, a la Dirección de Servicios Periciales, “porque el laboratorio no cuenta con los medios adecuados para su conservación, por lo que fue desechada”.

En la pieza informativa de Milenio Televisión, Santiago Pazarón infiere que el ataque a su familia habría sido en represalia por la labor que realiza como integrante del ejército, en específico en el combate a bandas delictivas organizadas.

Asimismo reportó que la Fiscalía Especial para Delitos Contra Las Mujeres y Trata de Personas atrajo el caso.

La nota informativa, en formato de televisión, remata con una contundente declaración del afectado: “No voy a dejar mi trabajo, voy a seguir aquí, aunque me causen daño”.

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