Fernanda Durán
La reducción a 20 días de las precampañas en San Luis Potosí puede disminuir el periodo sujeto a fiscalización formal y aumentar la ventaja de quienes llegan a la contienda con mayor exposición política, particularmente quienes ya ocupan cargos públicos o pertenecen al partido en el gobierno, consideró Juan Mario Solís Delgadillo, politólogo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
Al analizar la reforma a la Ley Electoral del Estado, el académico señaló que la reducción de los tiempos electorales suele justificarse con dos argumentos: disminuir los costos y reducir la exposición de la ciudadanía a propaganda política. Sin embargo, cuestionó que una precampaña más corta necesariamente produzca esos efectos.
“Se vende la idea de que vamos a reducir los tiempos porque vamos a abaratar costos. En los últimos años muchas cosas que se han hecho en materia electoral se fincan en ese argumento”.
A su juicio, acortar las precampañas no significa que los aspirantes dejarán de promocionarse, sino que parte de esas actividades puede trasladarse a los meses previos al periodo formal.
“Al haber menos tiempo de pre-campaña, va a haber más tiempo de pre-pre-campaña o como sea que le llamen ahora”, advirtió.
Solís Delgadillo aclaró que su análisis no parte de considerar ilegal la reforma, ya que una modificación puede cumplir con las formalidades del procedimiento legislativo y, al mismo tiempo, generar efectos políticos que deben analizarse por separado.
“El hecho de tener una reforma de esta naturaleza cumple con todos los requisitos quizás de legalidad y de formalidad, pero no significa que los efectos que va a tener para la sociedad en general, para la contienda política, sean los mejores”.
Explicó que durante las precampañas existen obligaciones específicas de rendición de cuentas, mientras que en los periodos previos la capacidad de fiscalización de la autoridad electoral es distinta: “El problema es que en el tiempo de la pre-precampaña, ahí la ley, la autoridad electoral, no puede exigirle la rendición de cuentas, de todo el dinero, recursos, materiales, etcétera, que utilizan para empezar a promocionar su imagen”.
Por ello, consideró que acortar las precampañas puede reducir el tiempo sujeto a fiscalización formal y trasladar una mayor parte del gasto político a etapas anteriores.
“Va a haber menos tiempo para la fiscalización formal y van a ampliar el tiempo para que los políticos anden (…) en la fiesta total, gastando recursos que a veces no sabemos de dónde proceden necesariamente. Y no van a estar sujetos a la fiscalización de la autoridad electoral”.
Para el especialista, este efecto adquiere relevancia porque el posicionamiento de una persona aspirante comienza actualmente mucho antes de las etapas establecidas en los calendarios electorales.
Recordó como antecedente la estrategia utilizada por Morena mediante figuras partidistas como los coordinadores por la defensa de la transformación que permitieron dar exposición pública a perfiles que posteriormente buscaron candidaturas, sin identificarlos formalmente como precandidatos: “Estas personas, sin decir que son precandidatas, y que como todos sabemos que no solamente son precandidatas, sino que son potenciales candidatos, tienen una exposición pública, mediática, de redes, que sus contendientes no tenían”.
A partir de esa experiencia, dijo, otras fuerzas políticas comenzaron a adoptar estrategias semejantes para evitar iniciar las contiendas internas con desventaja como el caso de Acción Nacional con los defensores por la defensa de la familia y consideró que los partidos han entendido que la competencia ya no comienza cuando legalmente se abren las precampañas.
“Ellos entienden que de no hacerlo van a empezar a perder metros y kilómetros en una contienda que ya no empieza en las precampañas. Que ya empieza prácticamente un año antes de la contienda real. Ese es el problema”.
Una posible ventaja para quienes ya están posicionados
Otro efecto señalado por Solís Delgadillo es que una precampaña más corta puede favorecer a quienes ya cuentan con exposición pública, particularmente si ocupan un cargo y pertenecen al partido en el gobierno.
“¿Quién parte con una aparente ventaja en la competencia, si esto fuera una carrera? Ah, pues el auto que ya está en la pista”.
Aseguró que esa ventaja puede incrementarse por la visibilidad institucional y por la posibilidad de que funcionarios utilicen su posición para promover su imagen o favorecer a determinados perfiles.
“Los grados de ventaja pueden ser mayores en función de si el partido al cual pretende representar está en el gobierno”advirtió, y señaló que históricamente ha existido en México el riesgo de que los servidores públicos empleen su posición con fines de promoción política.
Menos días no necesariamente significan menos gasto
El académico centró uno de sus principales cuestionamientos en la relación entre la duración de las precampañas y el financiamiento político. A su juicio, reducir los días sujetos a reglas de fiscalización no elimina el gasto, sino que lo transfiere a etapas previas.
“A mí lo que me preocupa en el fondo es que reducir el tiempo de precampañas o de campañas tiene un impacto directo en el rubro de la financiación”, indicó.
Planteó que uno de los problemas es conocer el origen de los recursos utilizados para promover a aspirantes durante periodos en los que todavía no existe formalmente una precampaña: “¿Quién está metiendo dinero a estas personas en un periodo en el que hay un impasse legal, en donde no se puede hacer absolutamente nada, porque ni es campaña ni precampaña? Ese es el problema”.
En ese sentido, consideró que la disminución de los tiempos formales podría generar el efecto contrario al argumento de abaratar las contiendas si las actividades de promoción simplemente se trasladan hacia etapas anteriores.
El especialista también destacó que en materia electoral, quienes participan en la competencia política son al mismo tiempo quienes establecen las reglas desde los congresos: “Los propios jugadores se hacen las reglas con las que van a jugar”.
A partir de ello, consideró que argumentos como la reducción de costos o de propaganda pueden coexistir con cálculos sobre las ventajas que una reforma genere para determinados actores.
“Me preocupa justamente eso, que utilizan unos argumentos que aparentemente son muy benignos, pero que en el fondo están moviendo las reglas del juego porque quieren sacar una ventaja competitiva de cara al proceso electoral”.
Respecto a la homologación de los plazos en 20 días para gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos, Solís Delgadillo afirmó que no existe una duración única o ideal aplicable a todos los sistemas.
“Hay tantos modelos de campaña como países”, explicó, y detalló que la extensión territorial, el tamaño del electorado y las condiciones de comunicación influyen en el diseño de estos periodos.
En el caso de San Luis Potosí, consideró que las diferencias territoriales entre una elección estatal, distrital y municipal debieron tomarse en cuenta, aunque insistió en que su principal inquietud recae en el impacto sobre la fiscalización y el financiamiento.
Sobre los partidos de nueva creación, opinó que la reducción de plazos merma sus condiciones de competencia frente a fuerzas consolidadas, ya que suelen debutar con menor estructura, posicionamiento y recursos. Describió este fenómeno mediante la “cartelización del sistema de partidos”, en la cual los partidos establecidos fijan umbrales elevados para la entrada y permanencia de nuevos competidores, lo que si bien evita una fragmentación excesiva, también dificulta la consolidación de nuevas opciones políticas.
Aclaró que estas barreras también buscan evitar una fragmentación excesiva del sistema partidista, pero al mismo tiempo dificultan que nuevas opciones políticas puedan consolidarse y conservar su registro después de su primera participación electoral.
Sobre la postura del Ceepac de no pronunciarse sobre el fondo de la reforma y limitarse a aplicar lo aprobado por el Congreso, Solís Delgadillo consideró que los consejeros podrían tener una participación más activa en la explicación técnica de sus efectos: “Es triste porque al menos yo esperaría que tuvieran mayor visibilidad, que pudieran orientar más a la ciudadanía y a los medios de comunicación en cuanto a los pros y los contras que tiene esto”.
Mientras tanto, la reforma ya se encuentra vigente desde el jueves 13 de agosto. Con los nuevos plazos, las precampañas para la gubernatura pasaron de 40 a 20 días y las de diputaciones locales y ayuntamientos, de 25 a 20; ahora corresponderá al Ceepac ajustar el calendario del proceso electoral 2026-2027 conforme a esas disposiciones.
