México cede en el tablero de Trump

Por Edgardo Pérez Alvelais

En mi columna del lunes anterior aquí adelanté que había trascendido que México y Estados Unidos trabajaban en los preparativos para una tercera entrega masiva de narcotraficantes, lo cual se concretó al día siguiente, martes 20 de enero, con el traslado de 37 reos de alto perfil para ser juzgados por el Tío Sam.

Muchos consideran que esta acción es una respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para amortiguar la escalada de presión que Donald Trump ejerce sobre nuestro país al que considera que es gobernado por los cárteles narco-terroristas. Ese mismo día el republicano celebró el inicio de su segundo año de su nuevo periodo al frente de la Casa Blanca.  

Más allá de la simple lectura de un “regalo”, tal acción no puede leerse solo como “cooperación judicial” ni como una súbita convicción interna de resolver el problema. Ocurre en un momento específico de escalada y bajo un marco que, según se ha reportado, evitó el cauce tradicional de extradición y se amparó en normas de seguridad nacional, justo cuando Washington volvió a apretar el paso y elevó el costo político de decir “no” desde Palacio Nacional. 

Luego vino lo que muchos consideran fue una “entrega pactada” de Ryan James Wedding que se rindió en forma voluntaria ante las autoridades de la embajada de Estados Unidos en México el 22 de enero. El exatleta olímpico canadiense de 43 años, era uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, con una recompensa de 15 millones de dólares sobre su cabeza por dirigir una red transnacional de narcotráfico vinculada al Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, la presión no nace hoy. En el arranque del segundo mandato de Donald Trump, la Casa Blanca emitió una directiva para designar cárteles y otras organizaciones como “Foreign Terrorist Organizations” y “Specially Designated Global Terrorists”, un giro que no es retórico: en la práctica abre compuertas legales y políticas para tratar el narcotráfico como amenaza de seguridad nacional, no solo como crimen. Esa decisión, fechada el 20 de enero de 2025, fijó el marco mental y jurídico desde el cual Trump ha insistido en “nuevas herramientas” y en un lenguaje que normaliza la idea de acciones extraordinarias.

Esa lógica se aceleró en enero de 2026 con un precedente que sacudió a toda la región: la operación estadounidense en Caracas del 3 de enero que terminó con la captura de Nicolás Maduro, reportada como una acción militar de alto impacto y celebrada por Trump como prueba de disposición a usar fuerza e inteligencia para objetivos políticos y de seguridad. Para México, el mensaje fue doble: Washington estaba dispuesto a moverse en el terreno duro y, además, quería que el siguiente capítulo fuera “tierra adentro” contra cárteles. 

A partir de ahí, la presión se volvió más explícita. Sheinbaum reconoció que habló con Trump sobre seguridad y drogas. La presidenta de México descartó una intervención militar estadounidense unilateral que sería violatoria para la soberanía nacional tras esa conversación del 12 de enero, en la que Trump habría ofrecido acciones militares. El New York Times informó que Washington intensificó la presión para permitir presencia/acompañamiento de fuerzas estadounidenses en operaciones contra laboratorios de fentanilo dentro de México. Eso ya no es “cooperación”, es una negociación sobre soberanía en su forma más áspera. 

Luego vino el componente aéreo que, aunque se viralizó como “aviones sobre México”, conviene describir con precisión: la FAA emitió advertencias por “potencial actividad militar” y riesgos de interferencia de navegación en corredores que incluyen zonas cercanas a México y el Pacífico oriental, y Sheinbaum tuvo que salir a bajar el volumen político, aclarando que no había vuelos militares estadounidenses sobre territorio mexicano y que, en otro episodio, un avión militar en Toluca correspondía —según su versión— a una operación logística rutinaria ligada a cooperación. El punto no es si hubo o no “sobrevuelo” confirmado: el punto es que el ambiente ya estaba cargado de señales públicas, avisos aeronáuticos y nervio soberanista. 

En ese contexto se entiende el gesto del 20 de enero: 37 reos trasladados, siete aeronaves, seis destinos judiciales, compromiso de no pena de muerte y un mensaje doméstico de “ya no podrán generar violencia aquí”, mientras el subtexto externo era “estamos cooperando; no crucen la línea”.  El traslado se manejó como parte de un esfuerzo por mostrar cooperación en medio de presiones crecientes de Trump y su retórica de posibles acciones contra cárteles; el Wall Street Journal añadió un ángulo clave: el movimiento, bajo seguridad nacional, saltó el ritual de la extradición tradicional. 

Por eso el episodio retrata un problema mayor: México no está marcando el tempo; lo está siguiendo. No porque carezca de razones internas —las tiene, y de sobra— sino porque la decisión de la extradición se exhibe como firmeza contra el crimen y llegó en el momento en que Washington elevó el precio del inmovilismo y colocó sobre la mesa, sin rubor, la palabra “militares”, el lenguaje antiterrorista y la sombra de acciones unilaterales.

El traslado de los 37 puede tener efectos operativos y judiciales reales, sí, pero también funciona como moneda diplomática: un pago para comprar tiempo, contener amenazas y evitar que el vecino convierta su presión en hechos.

Y ahí está la paradoja: cuando una política se ejecuta principalmente para neutralizar presión externa, el Estado no recupera autoridad; la administra. México proyecta control hacia afuera mientras deja abierta la pregunta hacia adentro: ¿esto forma parte de una estrategia propia, sostenida y verificable, o es una respuesta reactiva a la agenda de Trump? Hoy, por la secuencia de hechos documentados —designaciones, oferta de intervención, presiones por fuerzas conjuntas, avisos aeronáuticos y, finalmente, el traslado masivo bajo seguridad nacional— la lectura más sólida es incómoda: México se movió, sí, pero se movió porque le movieron el piso.

Es indiscutible que Donald Trump gobierna —y gobernará— desde la amenaza, la ambigüedad y el uso político del ruido. No es una novedad ni una patología reciente: es su método. Trump no actúa desde la improvisación absoluta; actúa desde una lógica transaccional extrema donde el exceso verbal es parte del precio de entrada.

Trump coacciona a un sistema internacional que aprendió a operar bajo presión performativa. Los aranceles anunciados -pregúntenle ahora a Canadá-, las advertencias sobre Groenlandia o las amenazas comerciales no buscan tanto ejecutarse como forzar alineamientos, medir resistencias y producir rendimientos políticos internos. La amenaza es real; la literalidad, no siempre.

En el caso de México, la llamada con Claudia Sheinbaum no inaugura una crisis, sino que confirma una constante: Estados Unidos no ha elevado el listón; ha cambiado el lenguaje. Ya no exige cooperación: exige demostración. Y ahí está el punto fino que conviene subrayar sin alarmismo.

Las extradiciones masivas, los decomisos y la intensificación de operativos no son concesiones de emergencia, sino mecanismos ordinarios de una relación asimétrica. Interpretarlos como antesala de una intervención militar o de una ruptura estructural es otorgarle a la retórica un peso que los datos no sostienen. La presión existe, pero se administra dentro de márgenes funcionales.

Trump maniobra con sobresaltos y una fría lectura de su gran poder. El desafío para México es no sobrerreaccionar a su narrativa. Mark Cartney lo hizo en Davos y le ha salido caro. Trump se refiere a él como “gobernador” de Canadá, retomando el mismo insulto que utilizó con el ex primer ministro Justin Trudeau. Trump advirtió que Canadá está “muy equivocado” si cree que puede convertirse en un “puerto de entrega” para enviar productos de China a Estados Unidos. 

Simultáneas

– Antropofagia panista. Los miembros de Acción Nacional en San Luis Potosí no han aprendido la lección. La división interna y el no apoyo de Marcelo de los Santos a Alejandro Zapata Perogordo les costó la gubernatura en 2009 . “Tan poco el amor y desperdiciarlo en celos” . La renuncia al PAN de la diputada local Aranzazu Puente revela las disputa por el poder de cara al 2027 en que se renovará nuevamente la primera magistratura del estado. Los actores políticos del mismo partido se desgastan y devoran entre sí mientras Ricardo Gallardo Cardona y Ruth González Silva les comen el mandado. El desgaste panista fortalecen al Partido Verde y a Morena y debilita la cohesión blanquiazul que les va a cobrar cara factura.

– Más vale tarde que nunca. En México, la justicia tiene una forma particularmente perversa de presentarse: llega tarde, exhausta, empujada por las víctimas. Así ha sucedido con el caso del “Monstruo de Tamuín” que aquí analicé en una entrega pasada. Durante once años, el expediente contra Filiberto “N”, señalado por el asesinato de cinco personas —cuatro niñas y una joven mujer— cometidos entre 2010 y 2014 en dicho municipio huasteco, permaneció atrapado en una telaraña de recursos legales, omisiones judiciales y una dilación que ya no admite explicaciones técnicas. Once años sin sentencia no son un retraso: son una forma de violencia institucional prolongada. La semana pasada ocurrió algo que, en cualquier sistema funcional, sería rutinario. Aquí fue noticia: el Poder Judicial del Estado fijó para el 4 de febrero de 2026 la primera audiencia de derecho del caso. Es decir, más de una década después de la detención y vinculación a proceso del imputado en 2014, el expediente apenas entra en una fase que podría conducir —ahora sí— a una sentencia. Este avance no fue producto de una revisión interna ni de un acto de corrección institucional. El proceso se destrabó porque las familias promovieron un amparo contra magistrados, obligando a integrar una apelación presentada desde 2020 que inexplicablemente nunca fue resuelta. Dicho sin rodeos: la justicia no avanzó por voluntad propia, avanzó porque fue jurídicamente forzada. Según lo informado por la jueza Rosa Elena Blanco Ríos, una vez celebrada la audiencia se abrirá un plazo de diez días para fijar la fecha de sentencia, que podría emitirse de manera presencial o a distancia, dado que el imputado se encuentra recluido en un penal federal fuera de San Luis Potosí. En el proceso penal hay tres casos ya integrados para sentencia individual, con penas que van de 20 a 50 años de prisión por cada uno, acumulables, y otros dos casos que siguen en distintas etapas judiciales.

– Si no se hace público, no avanza. Todo esto describe un expediente grave, complejo y de enorme peso penal. Lo que no explica —ni justifica— es por qué se permitió que pasaran once años sin resolución. La respuesta no está en la biografía del presunto responsable, sino en la anatomía del sistema que debía juzgarlo. Es cómodo reducir el horror a un solo nombre y a un solo rostro. Tranquiliza pensar que el mal es una anomalía individual. Pero Tamuín demuestra lo contrario: el verdadero escándalo no es solo el presunto feminicida, sino el Estado que investigó mal, integró peor y dejó que el tiempo hiciera su trabajo destructivo. Cada año sin sentencia fue un mensaje silencioso para las familias: esperen. Resistan. Insistan. Aprendan leyes si quieren justicia. No es casual que una de las frases más contundentes pronunciadas por los familiares sea esta: “Si no se hace público, no avanza”. Esa sentencia no describe un caso; describe un país. La justicia, cuando depende de la presión mediática para moverse, deja de ser justicia y se convierte en una negociación desigual entre el dolor y la burocracia. El contraste es aún más hiriente si se observa el contexto reciente. En 2024, el gobierno retiró la Alerta de Violencia de Género en Tamuín. En el papel, el municipio dejó de estar en emergencia. En la realidad, las familias seguían esperando lo elemental: una sentencia por crímenes cometidos una década atrás. El Estado levantó la alerta; las tumbas no se levantaron. El 4 de febrero no es una fecha administrativa. Es una prueba moral. No solo para el Poder Judicial, sino para todo el sistema de procuración de justicia de San Luis Potosí. Porque una audiencia tardía no repara el daño acumulado, pero una nueva dilación lo agrava de forma irreversible. Si este proceso vuelve a extraviarse entre tecnicismos, recursos y silencios, el mensaje será devastador: que en México incluso los crímenes más atroces pueden diluirse si el expediente se gestiona con suficiente torpeza. Y eso no es una falla aislada; es un incentivo perverso. En Tamuín, el verdadero horror no termina en los hechos ocurridos entre 2010 y 2014. Continúa cada día que pasa sin sentencia. Y mientras eso ocurra, el monstruo no será solo el que está preso, sino el sistema de justicia que, once años después, todavía pide paciencia a quienes ya lo perdieron todo.

¡Hasta el próximo lunes!

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.