María Ruiz
Aunque la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes mantiene cifras alarmantes en México, muchas familias aún no se atreven a denunciar. Para la abogada y maestra Fátima Patricia Hernández Alvizo, especialista en derechos humanos, género y políticas públicas, las razones son complejas y están profundamente arraigadas en factores culturales e institucionales.
“Eso es real”, afirmó al referirse al temor que enfrentan las víctimas y sus familias. “A la gente le da mucho miedo ir a las fiscalías justo porque no son entornos agradables para ellos y ellas”.
Este miedo, explicó, no es infundado: la posibilidad de revivir los hechos, enfrentar cuestionamientos o no ser tratados con sensibilidad se convierte en un obstáculo determinante.
Hernández Alvizo señaló que no existe una única causa que explique la falta de denuncias. “No sabría decirte una razón en específica”, expresó, al subrayar que el problema es estructural y multifactorial.
Entre los principales factores, destacó la normalización social de la violencia sexual. “Pensamos que todo el mundo tiene derecho a tocar a los niños y a las niñas”, advirtió.
Esta idea, arraigada en prácticas culturales y dinámicas de poder, impide reconocer límites claros sobre el consentimiento y la integridad corporal de las infancias.
Incluso dentro de relaciones de pareja persisten concepciones que trivializan la violencia. “Pensamos que penetrar, aun siendo tu pareja, es algo normal, esperado, natural”, señaló, evidenciando cómo la falta de comprensión sobre autonomía corporal y consentimiento también impacta la forma en que se perciben los abusos contra menores.
Otro elemento clave es la ausencia de educación integral en sexualidad. “Uno tiene que ver con la cultura del conocimiento del cuerpo, con la falta de educación integral en sexualidad”, explicó. Sin herramientas para identificar conductas inapropiadas o para hablar abiertamente del tema, muchas niñas y niños no logran comunicar lo que viven, y las familias no siempre reconocen las señales.
Para la especialista, romper el silencio implica no solo fortalecer las instituciones, sino transformar creencias sociales profundamente arraigadas.
En contraste con quienes no se atreven a denunciar, Hernández Alvizo reconoció que hay perfiles que con mayor frecuencia sí dan el paso. “Quienes se atreven más a denunciar son las madres de familia, las maestras”, señaló, al destacar que son ellas quienes, en muchos casos, detectan cambios de conducta en las niñas y los niños, y buscan activar las rutas institucionales correspondientes.
La especialista añadió que ha observado “mucha incidencia” de participación por parte de estos dos sectores, particularmente mujeres que, desde el ámbito familiar o escolar, asumen la responsabilidad de proteger a las infancias. Su intervención, dijo, ha sido clave para visibilizar casos que de otro modo permanecerían en silencio.
