Estela Ambriz Delgado
El catedrático de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), y activista defensor de los derechos de los pueblos indígenas, Miguel Ángel Guzmán Michel, habló de las múltiples irregularidades en su detención y el proceso que llevó por alrededor de tres meses, además de que emprenderá diversas acciones desde diversas organizaciones ciudadanas para frenar la persecución y criminalización de la lucha social.
Este martes 7 de octubre, a unas semanas de que fue liberado el 21 de septiembre, el profesor dio detalles sobre su detención ilegal con cargos como terrorismo, sabotaje y delincuencia organizada, pues se le acusaba de haber colocado bombas en diferentes lugares de la República para afectar instalaciones de Pemex.
Indicó que los cargos no pudieron sostenerse debido a que los días que se le acusaban de haberlo realizado, él se encontraba en horas laborales de su cargo como docente de la UASLP, de lo que la institución expidió constancias aportadas como pruebas en su defensa.
“Me mandaron a un penal hasta la ciudad hasta Veracruz, al Cefereso número 5 en Villa Aldama, donde mi causa fue instruida por un juez de consignas, un juez que en todo momento se negó por todos los medios, hizo todo lo posible para que yo no saliera libre. Se me concedió a mitad de los tres meses que estuve preso una amnistía, y el juez se negó, se opuso. Finalmente, la Fiscalía General de la República se desistió y aún así el juez se negó a este hacer caso al desistimiento, y pidió incluso la ratificación del fiscal general, cosa que es inaudita”.
Destacó fue acusado por un testigo protegido que nunca se supo quién era, y desde que fue detenido y posteriormente ingresado se violaron sus derechos humanos, ya que no se le dio atención médica adecuada a pesar de que tiene padecimientos como diabetes e hipertensión arterial, sumado a tratos humillantes y condiciones infrahumanas.
“Al primer lugar donde se me llevó no había baños. Tenías que rogar a un guardia que te permitieran ir al baño, los demás presos se hacían del baño ahí mismo, olía orines, a excremento y se nos daba la comida en el suelo. Se nos atendía como a perros. Yo creo que un perro se le atiende más dignamente que a nosotros. Hasta que los amparos, la actuación de mis abogados se hizo que me cambiaran, pero aún así estuve segregado, sin comunicación al exterior”.
Guzmán Michel señaló que también pudo observar múltiples irregularidades como presos que están a punto de morir y se les niega la entrega a sus familiares; presos que no son atendidos médicamente, de personas que incluso ya han cumplido su condena y siguen ahí; personas que sufren de sus facultades mentales y no se les traslada a una clínica.
Todo ello lo atribuye a una cadena de complicidad entre ministerios públicos, jueces de consigna, los mismos defensores de oficio que cobran por sus servicios, es decir, que reciben pago del estado y también cobran por sus servicios, además de que piden favores sexuales a los familiares de los presos, lo que es una constante.
Una iniciativa de ley contra la criminalización
Ante la situación observada por el activista, él junto con organizaciones civiles que lo respaldan como Movimiento Democrático Magisterial Zacatecano, Frente Popular Francisco Villa, Congreso Popular de la CDMX, Movimiento de Liberación Nacional-Nuevo País, plantean una iniciativa que será propuesta a la sociedad civil y a los poderes de la unión para frenar la persecución y criminalización de la lucha social.
Dentro de esta propuesta se pedirá que todos aquellos juicios donde se cometieron violaciones flagrantes a los derechos humanos, se conceda la libertad a las personas; que las mismas cárceles federales tengan una reforma para que cesen los tratos humillantes a las personas.
Además de que desaparezca la defensoría social, es decir, que los defensores de oficio desaparezcan y sus funciones pasen a otro ente como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) o se cree una institución para ello, a fin de que dejen de lucrar con las personas que son encarceladas.
Guzmán Michel explicó que la iniciativa primero será planteada ante la sociedad, por lo que reunirán firmas para, posteriormente, llevarla a discusión a los poderes Ejecutivo y Legislativo.
“La idea es que esta sea una iniciativa ciudadana; estamos también llamando a todas las organizaciones sociales, campesinas, de mujeres, estudiantiles, de todo el estado de San Luis Potosí a formar un gran frente aquí, precisamente para detener estas injusticias, la criminalización de la justicia, pero además devolvernos a los potosinos la paz, la seguridad de que gozábamos hace años.
Los actuales gobiernos no son ni han sido capaces en San Luis Potosí, particularmente, de detener esta ola de violencia y de crímenes en contra de la sociedad civil, donde los cuerpos policiacos, ministerios públicos, jueces son cómplices de esto”.
En este sentido, convocó a la sociedad potosina a un evento el próximo 20 de noviembre, para que todo aquel que lo quiera hacer participe, y se una a la conformación de un gran frente ciudadano.
Asimismo, tanto el catedrático como las organizaciones que lo acompañan, presentarán un escrito para solicitar al gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona, y a su administración que garantice plenamente la seguridad, libertad y salud del activista, en los mismos términos que el Gobierno Federal.
“Estamos pidiendo que yo no sea objeto de persecución, que se respete mi integridad física y que no se me convierta en perseguido aquí, en el estado de San Luis Potosí, porque tenemos información de que se había formado por ahí alguna otra carpeta de investigación en mi contra, específicamente para mí, ordenada por alguien desde muy alto”.
Entre algunas de las causas que realmente pudieron originar su detención, Guzmán Michel señaló la fabricación del delito por parte del Juez Segundo de Distrito en el estado de Veracruz, quien además litiga.
Además, hizo mención de que un abogado, que es su contraparte en un caso de la comunidad indígena La Palma en los municipios de Tamasopo y Rayón, anunció días antes en la comunidad que el activista sería detenido, y hay videos en donde asegura que no regresaría y permanecería en prisión.
“La 4T nada tiene que ver, se ha preguntado en algunas esferas del Gobierno Federal. Entonces, las pistas nos conducen al estado de San Luis Potosí, algunas empresas mineras que quieren explotar en la Huasteca y cementeras también”.
Por su parte, el abogado Arturo Castañeda ratificó que el catedrático está totalmente libre, no solamente él, sino todas las personas que estaban involucradas en el expediente, porque era insostenible, aunado al hecho de que tenían pruebas suficientes documentales de que estaba en otro lugar en el momento del que fue acusado.
Especificó que tenía un sin número de irregularidades, estaba basado en informes recabados en internet, y todo era con base en dichos de policías, y además se ampararon en leyes reformadas que no eran aplicables.
