Iraís Valenciano
“Se nos siguen colocando a nosotras y nuestras decisiones como objetos y títeres de nuestros compañeros laborales y/o de partido e incluso sentimentales, dicen que es tiempo de mujeres pero cuestionan sin respeto nuestras decisiones políticas”.
Con esas palabras, la diputada Jessica Gabriela López Torres inició un texto publicado en Facebook el pasado 30 de mayo, en respuesta a los editoriales publicados entre el 25 y 26 de ese mes en por lo menos cuatro medios de comunicación, en los que se cuestionaban sus decisiones legislativas por un presunto vínculo sentimental con uno de sus colegas.
Además de la sincronía en las publicaciones, los replicadores del mensaje -aunque intentaron “disfrazarlo” con estilos propios- no tuvieron el cuidado de cambiar por completo las palabras utilizadas por el autor. Los términos “agua y aceite” aparecieron en dos de esos cuatro textos. O les urge aprender más vocabulario, o no “refritearon” lo suficiente las líneas que “alguien” les hizo llegar.
La diputada no se quedó callada y tanto en entrevistas como en sus redes sociales evidenció la campaña en su contra, e incluso adelantó su intención de presentar una denuncia por violencia política de género.
Ya lo ha dicho un buen amigo: Para quienes carecen de argumentos, la manera más corriente y vulgar en que se puede ofender a la gente es metiéndose en la vida personal.
Los ataques contra Gabriela López Torres surgieron porque se abstuvo de apoyar la iniciativa “antihalconeo”. El mismo día de la votación, la diputada explicó por qué no sufragó a favor, y no fue la única: toda la bancada morenista decidió lo mismo que ella. ¿Por qué entonces los ataques solo fueron para la legisladora y no incluyeron, por ejemplo, a los cuatro diputados de Morena (hombres) que se sumaron a las abstenciones?
Nancy Jeanine García Martínez, también morenista, respaldó en redes sociales a su compañera de bancada, y lamentó que persista la violencia política en razón de género.
Otra diputada, Sara Rocha, hizo esta semana referencia a ese mismo delito, solo que no para defender a su colega en el Congreso local, sino a la senadora Ruth González Silva, quien fue cuestionada por la instalación de boyas y señalética con recursos estatales y sin estudios técnicos previos. Indescifrables, los criterios de la legisladora priista para saber qué sí y qué no califica como violencia política de género.
La defensa de los derechos, el respeto a la dignidad humana y el rechazo a los ataques misóginos debieran ser libres de filias y fobias partidistas, no señalamientos a conveniencia o solo para quedar bien.
Gabriela López Torres recalcó que no tendría por qué salir a aclarar su vida personal “porque eso es: es privada y nada tiene que ver con mi trabajo”. ¿Cuándo fue la última vez que se cuestionaron las decisiones legislativas de un hombre por sus vínculos sentimentales?
En la defensa de los derechos humanos y la perspectiva de género queda aún mucho por recorrer. Aún en pleno 2025, hay quienes dicen que las mujeres son agredidas “porque se lo buscan”; critican las movilizaciones del 8M y desdeñan la violencia de género porque jamás han sido víctimas de ella.
Existen todavía quienes creen que el problema se visibiliza y resuelve con placas conmemorativas, pero en la práctica poco hacen por defender a quienes han sufrido agresiones. O instituciones que presumen contar con protocolos e instancias para erradicar la violencia de género, pero ya en los hechos evidencian simulación, falta de empatía y desinterés por garantizar espacios libres de acoso, hostigamiento, discriminación, invisibilización o estereotipos.
Y en lo que respecta a los medios de comunicación: son cada vez más los esfuerzos por informar con perspectiva de género. Atrás quedaron titulares denigrantes que antes era común ver en periódicos, como: “Descastada fémina…” o “Redada contra ‘rarotongos’”. Los cambios, en ocasiones, ocurrieron porque a las redacciones llegaron nuevas generaciones; otras, porque la misma sociedad o las leyes han marcado la pauta para un periodismo más responsable y respetuoso.
La “Ley Ingrid”, por ejemplo, prohíbe desde hace más de tres años, la difusión indebida de imágenes, audios, videos y documentos relacionados con víctimas de feminicidio, homicidio y otros delitos. Fue tal la indignación por la publicación de las fotos del asesinato de Ingrid Escamilla, que ciudadanía y autoridades se movilizaron para poner un freno al amarillismo que solía vender a costa del dolor ajeno.
Sin embargo, aún existen quienes no se dan cuenta de cómo ha evolucionado la conciencia social y se empeñan en perpetuar a través de sus escritos, discursos que en nada abonan a la construcción de una mejor sociedad.
La libertad de expresión es un derecho fundamental, pero por desgracia, muchas veces se confunde con libertinaje. Publicar un texto en un medio de comunicación debe entenderse como lo que es: una responsabilidad social, no una carta abierta para la verborrea y los golpeteos denigrantes, mucho menos, si son orquestados desde otro espacio de poder.
“El tiempo de las mujeres” suena muy bonito. Ojalá algún día no solo sea una frase, sino una realidad.
REFILL
Desangelada y predecible, la elección judicial en San Luis Potosí. Los resultados evidenciarán quién tuvo más poder de maniobra y operación.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y maestra en Diseño Multimedia por la Universidad del Valle de México. Ha ejercido el periodismo desde 2004 en medios de comunicación impresos y digitales. A partir del 2017 se incorporó a la plantilla docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
