Estela Ambriz Delgado
El uso de títulos de concesión de agua de tipo agrícola con otros fines, y diversas irregularidades con las que se exenta del pago o se da uno muy bajo, afecta el abastecimiento a la población, pues se explota el acuífero para fines comerciales sin retribuir económicamente como corresponde. Esto se ha agravado por la falta de control y monitoreo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Así lo señaló el investigador Edgar Hilario Piña Hernández, integrante del Consejo Hídrico Estatal (CHE) quien explicó la situación a la que se enfrentan las autoridades, luego de que la Conagua presentó avances del Programa de Ordenamiento de Concesiones de Agua y los casos de uso irregular de títulos de carácter agrícola, como el balneario del Parque Nacional Gogorrón.
Indicó que las concesiones agrícolas son un tema relevante, en primer lugar, porque no pagan derechos, ya que en la legislación en la materia se establece su gratuidad por tratarse de producción de alimentos para consumo humano, pero al no haber medición ni seguimiento, se han dado casos tanto en el medio rural como urbano.
En cuanto a las zonas metropolitanas, esto sucede por el crecimiento de las urbes, ya que muchos pozos que ahora abastecen a la población todavía tienen asignación como uso agrícola y omiten cambiar su estatus, aunque deberían pagar derechos.
En el caso del balneario de Gogorrón, Piña Hernández dijo desconocer el estatus de su concesión, pero dado su origen como hacienda productiva, deduce que se trata de un título muy antiguo, por lo que probablemente se puede atribuir su carácter de agrícola a una cuestión de origen que nunca fue actualizada, a pesar de los grandes volúmenes de agua que se usan para el centro recreativo.
Agregó que también hay mucho “huachicoleo” de agua en todo el estado de pozos que tienen destinado como uso agrícola, cuando en realidad terminan por vender el agua para consumo humano, industrial o minería.
“Sí es grave el asunto, porque no hay un control ni monitoreo de la Conagua, lo que pasa en todo el país, por falta de personal técnico y de inversión en tecnología de monitoreo de los pozos que tienen concesionados (…). Conagua no tiene personal suficiente para hacerlo, ni tienen muy en orden el asunto de las concesiones; es algo que a penas comienzan a trabajar”.
De igual forma, el investigador hizo mención de que existe otra trampa que utilizan las personas que tienen asignada una concesión de agua como el Fraccionamiento Alquerías de Pozos, que tiene club de golf privado y un par de concesiones hídricas, de las que una es de acuacultura, la única en su tipo en el Altiplano, con la que sustentan un área con pozas donde engordan tilapia.
Dijo que compran los alevines jóvenes, los engordan y venden, además de que cuentan con una bióloga que se encarga de la producción. Sin embrago, la acuacultura está catalogado como para consumo humano, por lo que se paga una cuota mucho más baja de lo que deberían, lo que les permite tener el fraccionamiento con club de golf.
“En realidad no están pagando los derechos de agua que les corresponde por este tipo de uso productivo de acuacultura, un poco parecido al uso agrícola, del uso acuícola si pagan un poco, pero es una tasa muy inferior a lo que deberían pagar. No es que sea ilegal, pero no es ético; debería entrar la Conagua o la Comisión Estatal del Agua a regularlo y ponerlo en orden”.
