Fernanda Durán
El debate por el fracking en San Luis Potosí derivó este martes en un choque público entre legisladores de la coalición gobernante, luego de que el diputado de Morena, Carlos Arreola Mallol cuestionara desde tribuna el exhorto presentado por la diputada Brisseire Sánchez López, del PVEM, lo que concluyó con una moción suspensiva que devolvió el dictamen a la Comisión de Ecología.
Desde tribuna, la diputada del Partido Verde advirtió que el fracking representa riesgos para la salud y el medio ambiente al tratarse de un método que puede contaminar mantos acuíferos, emitir metano y generar sismicidad inducida.
Señaló que su propuesta retomaba la preocupación expresada por comunidades indígenas de la Huasteca Potosina y que, como legisladora, buscaba ser un canal para esas voces.
Su punto de acuerdo planteaba dos ejes: exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que gestione ante la Secretaría de Energía y la Secretaría de Economía el freno a cualquier intento de fracking en el territorio potosino, y pedir al Congreso de la Unión que avance en su prohibición a nivel constitucional.
Sánchez López sostuvo que el dictamen buscaba “dar un paso más en el camino que llevará la tranquilidad de la población” y agradeció el acompañamiento de otras legisladoras como la diputada con licencia Martha Aradillas y su suplente Gabriela Martínez que trabajaron el punto de acuerdo en la Comisión de Ecología.
En respuesta, el diputado de Morena, Carlos Arreola Mallol, coincidió en que nadie en el Congreso pretende que se aplique esta técnica, pero que ya existe una iniciativa federal impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para prohibirla desde la Constitución, la cual sigue pendiente de dictaminación en la Cámara de Diputados.
Arreola cuestionó que el Congreso local exhorte al Gobierno Federal por una práctica que “no está ocurriendo” y que, desde su perspectiva, es utilizada por grupos de interés para generar confrontación política.
“Una práctica que no está sucediendo, de una práctica que se está prestando a un par de personas, a un grupo de interés de la Huasteca que ha participado en diferentes partidos políticos, a diferentes liderazgos; que lo que están buscando es juntar a la oposición en contra de nuestro proyecto de nación, del proyecto que representamos en conjunto. No puede ser el Congreso de San Luis Potosí quien acuse a Pemex y al gobierno de la doctora Claudia de algo que no está pasando”.
Sostuvo además que el plan estratégico de Pemex no contempla la fracturación hidráulica y defendió los proyectos de exploración con tecnología digital, asegurando que no implican contaminación.
Durante su intervención, el diputado proyectó un video para sostener que la exploración energética en la región no implica fracking, sino el uso de tecnología digital de punta para el análisis de yacimientos. De acuerdo con los datos presentados, el proyecto abarca 3 mil 100 kilómetros cuadrados, con más de 300 mil sensores de movimiento y 108 mil puntos de tiro.
También se destacó una supuesta derrama económica de alrededor de mil 600 millones de pesos, así como la rehabilitación de más de 800 kilómetros de caminos. Según lo expuesto, se han solicitado 41 mil permisos comunitarios y actualmente se encuentra en proceso el pago de afectaciones, asegurando que los trabajos han respetado el medio ambiente, la flora, la fauna y la seguridad del personal de Pemex y de la empresa Sinopec.
En el cierre de su intervención, Arreola llamó a cerrar filas dentro de la coalición gobernante y a no “contrariar” al Ejecutivo federal ni estatal.
Afirmó que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona “sí confía” en el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que pidió respaldar su política energética y evitar que el tema del fracking sea utilizado por la oposición.
Finalmente, propuso llevar la prohibición a rango constitucional local al afirmar: “Vamos juntos como coalición a prohibir el fracking desde la Constitución de San Luis Potosí”.
Tras su intervención, Brisseire Sánchez solicitó una moción suspensiva. Con 20 votos a favor y cinco abstenciones por parte del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, el Pleno aprobó devolver el dictamen a comisión, dejando en pausa el exhorto promovido por el Partido Verde.
