Por Victoriano Martínez
Los alcances de la defensa del territorio comunal y ejidal en el país tuvieron este viernes una demostración en el ejido Las Margaritas, en el municipio de Catorce, donde se realizó una jornada para desalambrar tierras de uso común.
La actividad formó parte de una Movilización Nacional por la Defensa del Territorio Comunal y del Territorio Sagrado Wixárika, contó con representantes de la Procuraduría Agraria Nacional y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), vigilancia de la Guardia Nacional y la policía municipal de Catorce y observadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Se trató del retiro de un alambrado colocado ilegalmente por personas del ejido que pretendían que se parcelara esas tierras: 94 rollos de alambre de diferentes medidas, 525 postes de metal, 15 postes de madera y un portón de metal de dos puertas.
“Al tratarse de zonas con vegetación forestal donde no es permitido el parcelamiento, mismo que obstruía el libre tránsito, fragmentaba el territorio y generaba afectaciones ambientales y culturales”, se estableció en el acta que se levantó con motivo del desalambrado.
“La tierra sagrada no puede ser parcelada”, se advirtió en una manta colocada en lo alto de la Casa Ejidal en la que se indicó además que las Margaritas son territorio Wirikuta declarado como Patrimonio Biocultural de la Humanidad desde el 11 de julio de este año. El desalambrado favorece las ceremonias sagradas de la comunidad Wixárika.
Los intentos de parcelamiento del territorio se identifican como acciones impulsadas por grupos empresariales mineros y de agroindustrias que pretenden sembrar la discordia entre las comunidades para después apropiarse del territorio para sus negocios particulares.
A la movilización fueron invitados los Guardianes de la Sierra de San Miguelito y los ejidos y comunidades afines a ese movimiento de defensa del territorio: San Juan de Guadalupe, El Peyote, Peotillos, Corcovada, La Pila, Guadalupe Victoria y otros de la zona huasteca en Tamuín y El Naranjo.
Con motivo de esta movilización, Los Guardianes y comunidades afines establecieron contacto con Victor Suárez Carrera, procurador Agrario, con quien se acordaron acciones para dar continuidad a la defensa del territorio en cada uno de esos núcleos agrarios.
Entre esos acuerdos, destacó el caso de El Peyote, donde se convocó a una asamblea para el martes 30 de septiembre. La Procuraduría coincidió con los ejidatarios inconformes de El Peyote en que la convocatoria es ilegal porque, por tratarse de determinaciones relacionadas con ocupación de sus tierras, no se pueden convocar con la falta de firmas de integrantes del comisariado,
Para Suárez Carrera, la convocatoria con firmas faltantes representó una irregularidad por lo que anunció medidas inmediatas que tienen que ver con evitar la realización de la asamblea, además de que, por el tema a tratar, debe revisarse todo el procedimiento para evitar que se manipule a la asamblea y la necesidad de la gente.
Entre los indicios de manipulación se encuentran las presiones recibidas por ejidatarios de parte de la empresa, el gobierno del estado y el presidente del comisariado, como si pretender que se ajustara a la legalidad fuera una forma de tratar de afectar el proyecto carretero. “No se trata de eso, sino de que el proyecto efectivamente traiga beneficios para la gente”, expuso uno de los ejidatarios.
Así, la defensa del territorio favorece la preservación del patrimonio de comuneros y ejidatarios, la protección de los servicios ambientales en las diversas regiones, la búsqueda de beneficios sociales para las comunidades… y hasta la conservación y el ejercicio de rituales sagrados.
