Los sótanos del poder: Muerte civil a los corruptos

Ángel Castillo Torres

Continúa brotando pus a raudales del cuerpo putrefacto de lo que fue el gobierno de Juan Manuel Carreras. La presunción de que en esa administración la corrupción fue un cáncer que envileció las instituciones sigue dando mucho de qué hablar.

Ya están, o estuvieron temporalmente en la cárcel o en prisión preventiva domiciliaria, peces gordos a los que se les está acusando de cometer actos de corrupción. Pero la pregunta que se hacen miles de potosinos, incluidos priistas que se siente defraudados y engañados por el ex gobernador es: ¿Cuándo seremos testigos de que el largo brazo de la justicia alcance al güero Carreras y a sus cómplices?

Las acciones emprendidas por la Fiscalía General del Estado para llevar a juicio a los presuntos corruptos están siendo aplaudidas por los ciudadanos. El Fiscal del estado, José Luis Ruíz Contreras, está aumentando su popularidad al encabezar esta cruzada contra los corruptos del anterior gobierno.

Pero aún hay otras acciones punitivas que los legisladores del Congreso local pueden emprender para llamar a cuentas a los corruptos que presumiblemente dañaron las arcas públicas. Podrían, por ejemplo, hacer valer la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Código Penal Federal para inhabilitar de por vida a funcionarios, contratistas y proveedores responsables de desviar recursos públicos. Pueden iniciar acciones legales para que se aplique la “muerte civil” de quienes luego de un juicio y ya con sentencia firme sean declarados culpables de cohecho, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, enriquecimiento inexplicable u ocultamiento de conflicto de intereses.

¿En qué consiste esta inhabilitación llamada “muerte civil”? Es una sanción por medio de la cual, previa sentencia de un juez, se incapacita a una persona física o moral para ejercer un cargo, profesión o participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas de por vida. Es lo menos que se merecen, además del repudio general de la sociedad y la ignominia que caerá sobre sus familias.

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no representan la postura de Astrolabio.

Es psicólogo y maestro en Ciencias de la Educación. Fue delegado de Villa de Pozos en 2022 y subsecretario de Gobierno de 2016 a 2017. Presidió el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en 2013. También fue director general del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado. Ocupó los cargos de regidor en la capital potosina (2007) y de diputado local de la LVI Legislatura (2000). Impartió clases en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

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