Desiree Madrid
El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, afirmó que el Gobierno del Estado cumplirá con el juicio de amparo promovido por las hijas e hijos de 19 mujeres privadas de la libertad, que ordena su traslado del Centro Penitenciario Único Femenil de Xolol, ubicado en Tamazunchale, al Centro de Reinserción de La Pila, en la capital potosina.
“Se trata de un juicio de amparo que 19 mujeres presentaron, asumiendo que es un interés superior del menor, porque tienen niños pequeños. Se está atendiendo ese juicio de amparo, por supuesto se va a dar cumplimiento de manera justa”, expresó Torres Sánchez al ser cuestionado sobre si ya se realizan los traslados.
El funcionario destacó que, mientras se resuelve el tema judicial, el Estado ha dispuesto transporte gratuito para los familiares desde San Luis Potosí hasta el penal ubicado en Tancanhuitz, además de una inversión significativa para el acondicionamiento y rehabilitación del centro penitenciario.
“Sostenemos que aquel lugar es apto y se está adecuando a algunas otras necesidades para que las mujeres puedan ahí comulgar sus penas de prisión”, señaló.
No obstante, reconoció que en caso de existir un mandato judicial firme, el Gobierno del Estado lo acatará:
“Si hay un mandamiento, como el que menciona, pues se va a dar cumplimiento, sí, mayor cumplimiento”.
El pronunciamiento del secretario ocurre en el contexto de una resolución del Juzgado Sexto de Distrito que otorgó una suspensión definitiva para que las 19 mujeres privadas de la libertad sean trasladadas de vuelta a La Pila, luego de que sus hijas e hijos promovieran un amparo alegando afectaciones por la lejanía del penal de Xolol, ubicado en la Huasteca Potosina.
Pese al mandato judicial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se negó a realizar los traslados por dos razones: que el regreso de las 19 mujeres provocaría un hacinamiento y que las instalaciones no son adecuadas “ya que se han generado diversos hechos de violencia al interior”, al referirse a los motines ocurridos durante el año pasado en el ala varonil, aunque esta no afecta a la sección femenil.
El posicionamiento de la SSPC generó críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y de los familiares de las mujeres privadas de la libertad, quienes han denunciado condiciones inadecuadas y distanciamiento forzado de los menores.
Organizaciones civiles y familiares han emitido un comunicado en el que exigen el cumplimiento inmediato de la resolución judicial y el regreso de las 19 mujeres a un penal más cercano a sus hijos e hijas, garantizando así su derecho a la cercanía familiar y al interés superior de la niñez.
