Fernanda Durán
Días antes de dejar la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), este miércoles el subsecretario de Gobernación de San Luis Potosí, Miguel Ángel García Amaro, el Juzgado Segundo de Distrito en San Luis Potosí le impuso una multa por 67 mil 884 pesos por incumplir una sentencia de amparo relacionada con la reparación integral de la víctima María de Jesús Almendarez Prieto, conocida como Marichuy.
La sanción fue impuesta el 24 de octubre de 2025 por el Juzgado Segundo de Distrito en San Luis Potosí, luego de que se acreditara que García Amaro —entonces comisionado ejecutivo de la CEEAV— no cumplió cabalmente con lo ordenado en la sentencia emitida en favor de la víctima.
El expediente señala que el funcionario fue requerido en varias ocasiones para dictar una nueva resolución sobre las medidas de reparación integral, pero retrasó el proceso durante meses, además de realizar actos considerados insuficientes o “ilusorios” por la autoridad judicial.
El documento precisa que la sanción deberá ser cubierta con recursos personales de García Amaro, no con dinero público, y que la responsabilidad recae directamente en él y no en la dependencia que encabezaba.
Además, el juzgado advirtió que si la CEEAV seguía sin cumplir con el fallo protector, podría aplicarse una segunda multa de más de 79 mil pesos e incluso iniciarse un procedimiento por desacato ante un tribunal colegiado o incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Pocos días después de ser notificado de la multa, García Amaro presentó su renuncia como comisionado de la CEEAV, la cual fue recibida oficialmente por el Congreso del Estado el 4 de noviembre.
Aunque el gobierno estatal explicó su salida como un “relevo natural” dentro del gabinete, la víctima Marichuy Almendarez cree que el cambio tuvo relación directa con la sanción y con la falta de cumplimiento del amparo que lleva más de cuatro años de trámite.
En su escrito ante el juzgado, Almendarez Prieto había pedido que se respetaran los dictámenes psicológicos y médicos ya existentes en su expediente y que no se le obligara a pasar nuevamente por evaluaciones, pues consideró que eso la revictimizaba.
También exigió que la CEEAV dictara, de una vez por todas, las medidas de reparación integral que el fallo federal le había reconocido desde hace años.
El caso de Marichuy forma parte de un proceso prolongado que evidencia las deficiencias institucionales en la atención a víctimas en San Luis Potosí. Desde 2021, el Poder Judicial Federal ha emitido diversos requerimientos para que la CEEAV cumpla con la sentencia, sin que hasta ahora se haya resuelto por completo la reparación del daño.
