Por Victoriano Martínez
De acuerdo con los plazos marcados por el artículo cuarto transitorio de la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, hace tres días que debió desaparecer la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) de la normatividad local sobre acceso a la información pública y protección de datos personales.
Según la actividad legislativa del Congreso del Estado, de aquella disposición con término fatal para el pasado 18 de junio, sólo se dio por enterada la diputada Sara Rocha Medina, quien presentó una iniciativa copiar-pegar para armonizar la Constitución local a la federal, con pifias y omisiones incluidas.
Rocha Medina presentó su iniciativa el 18 de marzo, dos días antes de que se publicara la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que marcó el inicio del plazo para la armonización total en esa materia.
Es decir, desde el 20 de diciembre que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica sólo una diputada de los 27 integrantes de la Legislatura promovió, y mal, una acción para cumplir aquel cuarto transitorio sobre el que ya incurren en desacato desde hace tres días.
Se llegó la fecha fatal, y la CEGAIP no desapareció, pero no porque ese organismo autónomo haya asumido como un reto su permanencia en el texto introductorio de su primer informe trimestral 2025, presuntamente presentado al Congreso del Estado el 30 de abril.
“Desde la CEGAIP, asumimos con responsabilidad este reto histórico, seguros de que San Luis Potosí puede y debe ser un modelo de liderazgo en esta nueva etapa para el país”, escribió su titular José Gerardo Navarro Alviso en el texto introductorio del informe.
Pero no, la supervivencia de la CEGAIP nada tiene que ver con que como institución sea “un modelo de liderazgo en esta nueva etapa para el país”, sino todo lo contrario: su desempeño es tan gris e insignificante que todo indica que los diputados ni siquiera están enterados de que existe… o quizá la vean como un mero fantasma.
Un fantasma que sólo aparece trimestralmente con sus informes que debe presentarles por ley, pero que son tomados como un mero trámite, carentes de relevancia, salvo porque les recuerda la existencia del derecho de acceso a la información pública que no están dispuestos a cumplir, como muchas otras obligaciones legales que les tienen sin cuidado.
Entre esas obligaciones legales de los diputados figura una que incluso tiene que ver con el fantasmagórico organismo constitucional, sea porque la ignoran o a pesar de conocerla les parece irrelevante: el nombramiento de los integrantes de la CEGAIP.
Si optaron por no desaparecerla, o simplemente se les pasó por su negligencia legislativa, tuvieron que prever que para el lunes 30 de junio, una de las comisionadas, Sara Viridiana Tapia Rincón, termina el periodo para el que fue nombrada y para ese día tendrá que estar nombrado quien la sustituya.
El proceso para esa elección lo debieron comenzar los diputados hace siete semanas, por lo que la LXIV Legislatura incurre en una violación a la Constitución local que no modificaron y a la Ley de Transparencia que no renovaron.
Tapia Rincón no podrá ejercer el cargo más allá del 30 de junio, por lo que a partir del 1 de julio José de Jesús Cárdenas Turrubiartes, en su carácter de comisionado supernumerario, tendrá que ser llamado a incorporarse al plano de la CEGAIP.
La violación al artículo cuarto transitorio de la reforma constitucional que ellos también avalaron repercute hoy en la violación a la Constitución local y a la propia Ley de Transparencia estatal.
“Ahorita vamos a buscar la manera de aplazar un poco esto, para que realmente sea todo como debe de ser, porque ya tenemos el tiempo encima”, se aventuró a expresar la diputada Diana Ruelas Gaitán, presidenta de la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado, cuando ya nada podrá ser como debió ser, porque no tienen el tiempo encima, se les acabó.
¿Y si no le hubieran preguntado a Ruelas Gaytán sobre la armonización en materia de transparencia? Por las respuestas que dio en la entrevista seguramente seguiría sin ser consciente de la existencia de la CEGAIP o, peor aún, de que la comisión que preside debe promover y garantizar el derecho de acceso a la información pública.
Así de grave es el nivel de importancia que los 27 diputados de la LXIV Legislatura le dan al ejercicio transparente del servicio público. ¡Viva la opacidad!
