Por: Eduardo Delgado.
La jueza Rosa Montaño Martínez, titular del Juzgado Décimo Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, negó en definitiva el amparo solicitado por el magistrado Rigoberto Garza de Lira y un funcionario del Tribunal Electoral de San Luis Potosí (TESLP), en contra de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).
Hace menos de dos semanas, el 30 de septiembre, Montaño Martínez resolvió el expediente de amparo 864/2016, promovido por ambos a través de su abogado Hugo Oscar Granja Pérez, quien este lunes por vía electrónica presentó al juzgado un escrito de inconformidad.
En el sitio del Poder Judicial de la Federación en internet (www.dgepj.cjf.gob.mx), en el apartado de expediente del juzgado, en la síntesis de acuerdos relacionados al asunto, se publicó: “RESUELVE: UNICO. Se niega a ****, la suspensión definitiva solicitada respecto de los actos reclamados y autoridades precisadas en el resultando primero, por los motivos expuestos en los considerandos primero y segundo”.
El acto reclamado por Garza de Lira y Joel Valentín Jiménez Almanza, Secretario General de Acuerdos en ese órgano colegiado, consiste en “la omisión de pronunciarse respecto de no ejercicio de la acción penal y archivo definitivo dentro de la carpeta de investigación FDE/FEPADE/UNAI-SLP/0000058/2016”.
Como antecedente cabe referir que, a solicitud de la magistrada Yolanda Pedroza Reyes, personal de la FEPADE practicó diligencias en oficinas del órgano colegiado local el pasado 15 de abril, con la finalidad de que la fiscalía corroborase los actos acreditados unas par de semanas antes por la Sala Superior del Poder Judicial Federal.
Días después, en función de presidente, Garza de Lira calificó el acto “como un allanamiento de morada”, pues aseveró que la autonomía del tribunal fue trastocada.
También por aquellos días, Garza de Lira y su compañero Magistrado, Oskar Kalixto Sánchez, en sesión plenaria aprobaron la presentación de una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Senado de la República y la Procuraduría General de la República, por la irrupción de los policías armados.
