Por Victoriano Martínez
¿En manos de quiénes se encuentra la administración pública? Por mucho que se sientan investidos con la representación ciudadana porque accedieron al cargo a través de una elección, lo ideal es que sean personas que defiendan los intereses de la población y de la institución que encabezan, pero cada vez parecen más enfocados en demostrar, con sus actitudes, lo contrario.
Tan deben comprometerse a lo ideal, que al asumir el cargo realizan una protesta en la que se comprometen a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Todo un marco legal que constituye no sólo la guía de actuación, sino las obligaciones que deben cumplir, al grado de que sólo pueden hacer lo que les está permitido en las normas.
“No me toca”, fue la expresión del alcalde Enrique Galindo Ceballos al responder sobre dar seguimiento a la denuncia sobre la obra pagada y no ejecutada del paso a desnivel en Fray Diego de la Magdalena, y agregó que no está “en sus manos”.
“No me toca” resulta una expresión de reacción evasiva propia de la inmadurez de un niño o un adolescente, pero vergonzosamente inapropiada para una autoridad, máxime si muestra la escasa convicción del personaje para defender la dignidad e integridad de la institución que encabeza y sus intereses, que tienen que ver con el uso correcto del erario.
Una escasa convicción como servidor público que deja ver, además, una mala (¿o inexistente?) lectura de las normas que rigen sus funciones, a pesar de que protestó cumplirlas y hacerlas cumplir.
Quizá Galindo Ceballos tendría que comenzar por identificarse genuinamente como integrante del Ayuntamiento y, más específicamente, como la parte ejecutiva del mismo, a quien sus compañeros del Cabildo ven como la cabeza.
Así podría reconocer que, conforme al artículo 31 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, está obligado a “intervenir ante toda clase de autoridades, cuando por disposiciones de tipo administrativo se afecten intereses municipales”.
Una obra pagada y no realizada representa una disposición administrativa que afecta los intereses municipales. Denunciar el posible ilícito y promover la recuperación de los recursos es la manera en que el Ayuntamiento debe tomar parte en el asunto (intervenir) y hacerlo “ante toda clase de autoridad”.
La administración pasada dejó presentada la denuncia y avanzada la recuperación de los recursos. Es decir, nada de que se trata de algo que no está “en sus manos”, porque al evadir de esa manera el seguimiento de la defensa del patrimonio municipal (intereses municipales) no sólo incumple la intervención a la que está obligado, sino que rompe la continuidad de la institución.
Dentro del propio Cabildo hay otro cargo en condiciones de par con el alcalde, a quien la misma Ley Orgánica lo obliga específicamente a procurar, defender y promover los intereses municipales, de acuerdo con el artículo 75.
Se trata de los síndicos, quienes tendrían que dar continuidad a las demandas, en lugar de promover –como lo hicieron en noviembre del año pasado– autorizaciones genéricas para decidir desistimientos, cuando la Ley prevé que sólo lo puede hacer con autorización expresa del Ayuntamiento (Cabildo) para cada caso.
La ley considera que “cuando por cualquier causa se realicen actos o se incurra en omisiones que contravengan las disposiciones constitucionales y se puedan afectar los intereses del Estado o del municipio” ya “no es legal o materialmente posible el ejercicio de las funciones del Ayuntamiento conforme al orden constitucional”.
En sentido estricto, la manifestación irresponsable e inmadura de un “no me toca” –como la de Galindo Ceballos– es la confesión de una falta de voluntad para ejercer sus funciones conforme al orden constitucional, lo que encuadra con la causa de desaparición de un Ayuntamiento señalada en al segundo párrafo del artículo 33 de la Ley Orgánica.
Esa gravedad alcanza una declaración tan a la ligera como la que hizo el alcalde, en la que exhibe la irresponsabilidad de evadir la defensa del patrimonio municipal, en tanto permanentemente exhibe cómo dilapida los impuestos de los contribuyentes en una promoción inconstitucional de su imagen, que no se encuentra entre lo que le permite hacer la Ley Orgánica.
En pocas palabras, un alcalde que poco defiende los intereses municipales porque antepone sus intereses personales que, para colmo, por incomprensible conveniencia se subordina a dar continuidad a una obra cuyo perjuicio al erario no busca recuperar, y que además previamente fue rechazada por la ciudadanía.
“Vamos por el tercer intento para hacer esa obra y yo no pienso fracasar, al contrario, lo estoy haciendo con mucha transparencia y ya se hicieron todos los estudios”, dijo cual si se asumiera como parte del equipo de la gallardía, que fue el que lo intentó antes. “Yo no quiero arrancar esa obra hasta que esté plenamente garantizada su viabilidad ciudadana”, agregó.
Demagogia pura en tanto no acredite fehacientemente la mucha transparencia de la que habla: ¿Dónde ha publicado y es posible consultar todos los estudios que garantizarán que puede hacerse una obra sin ningún problema? ¿En qué consisten los trabajos para lograr el consenso con la población sobre la obra, cómo se han documentado, y dónde está publicado para consultarlos?
