Por Alejandro Rubín de Celis
¿Serán reales las cifras que dio a conocer en agosto pasado el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) sobre los índices de pobreza en San Luis Potosí en 2016? ¿Qué hizo que el Coneval aceptara la nueva metodología del INEGI que no permitía comparar las cifras de pobreza con años anteriores al 2015? La supuesta reducción de la pobreza en el estado en 3.6 por ciento en dos años, ¿tendrá algo que ver con un año preelectoral? ¿Debemos conformarnos con tener un millón 267 mil personas en situación de pobreza de acuerdo a los datos oficiales?
Todo parece indicar que se consumó lo que académicos y especialistas anticiparon el año pasado: que los datos de la medición de la pobreza en el país buscaron favorecen al gobierno federal priista de cara a las elecciones del año próximo, y de paso ayudaron al gobierno estatal.
En junio de 2015, el Coneval cuestionó el cambio de metodología y de una de las variables “indispensables” de información que empleaba el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y que servían al primero para hacer las mediciones de pobreza en el país. La modificación no permitía comparar los datos de esa variable con años anteriores.
En un comunicado de prensa, el organismo evaluador destacó lo siguiente: “La modificación que hizo el INEGI al ingreso de los hogares se puede apreciar con los siguientes ejemplos: incremento real del 11.9% en el ingreso corriente de los hogares a nivel nacional y más del 30% en algunas entidades federativas entre 2014 y 2015. Asimismo, se presenta un incremento real del 33.6% del ingreso en los hogares más pobres en un solo año, lo cual no es congruente con la tendencia que se ha venido manifestando en otros instrumentos del INEGI y con otras variables económicas”.
Por razones desconocidas en forma abierta, finalmente, ambos organismos “autónomos” construyeron una intrincada metodología para supuestamente lograr la comparación con datos anteriores lo que colocó al Coneval como “cómplice del maquillaje de los datos” según la experta en estudios demográficos de El Colegio de México, Araceli Damián.
Pues, de rebote, esa enredada metodología acabó por beneficiar también al gobierno de San Luis Potosí, que en sólo dos años, de 2014 a 2016, logró reducir la pobreza en el estado en 3.6 por ciento. La diferencia es notoria respecto del periodo 2012-2014 en el que la reducción fue de 1.4 por ciento (ver tabla abajo). ¿Será mera coincidencia que la pobreza haya disminuido dos veces y medio en dos años y que el dato se conozca en medio de cuestionamientos al gobernador Juan Manuel Carreras por los elevados índices de inseguridad y a menos de un año de que se realicen elecciones para renovar ayuntamientos y diputaciones en la entidad?
Si las cifras 2014-2016 son verídicas y se mantiene ese ritmo, en los 4 años que le queda a Juan Manuel Carreras ¿su administración habrá reducido la pobreza al menos en un 14.4 por ciento? Mejor aún, si se mantiene ese ritmo, ¿en 10 años el gobierno del estado habrá disminuido la pobreza en un 36 por ciento? Sería extraordinario. ¿O es que en realidad, si no se maquillan las cifras, la reducción será menor o mucho menor a esas proyecciones? Al tiempo.
Pero más allá de unas cifras que pueden estar manipuladas, si tomamos como base el dato oficial de 2016 tenemos nada menos que un millón 267 mil 700 personas en situación de pobreza, que representaron el 45.5 por ciento del total de la población del estado la cual ascendió a 2 millones 786 mil 153 personas, lo que significa que casi uno de cada dos habitantes del estado no cuenta con recursos suficientes para satisfacer una o más de las necesidades básicas para un desarrollo integral: alimentación, salud, vivienda, educación y servicios públicos.
No hay duda de que una de las principales prioridades del gobierno estatal debe ser el combate frontal a la pobreza, lastre que no permite mayores niveles de igualdad y de oportunidades para todos. ¿Qué hará Juan Manuel Carreras con el presupuesto que ejercerá su administración en 2018 y que será superior al de este año de 41 mil 580 millones pesos? ¿Tendrá la voluntad política para hacer una redistribución de los recursos y gastar menos en lo que no es prioritario y más en lo que sí lo es? ¿Reducirá el gasto corriente de 8 mil 712 millones de pesos presupuestados este año, que en su mayor parte se va a sueldos y prestaciones de la burocracia? ¿O recortará el gasto en comunicación social que es de 80 millones 965 mil pesos y que se destina principalmente a promover su imagen? ¿O incrementará sustancialmente los 350 millones 853 mil pesos que se presupuestaron para la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) que es la encargada de combatir la pobreza en el estado, sin acciones populistas ni electoreras?
Con el presupuesto de 2018 y el de los años que le quedan como gobernador y quizá con las cifras de pobreza del Coneval de aquí al 2021, si no se manipulan, sabremos cuál es el compromiso real de Juan Manuel Carreras en el combate a la pobreza en San Luis Potosí.