Por: Eduardo Delgado
A poco más de 40 días de que campesinos de Zacatecas y San Luis Potosí manifestaron su oposición a la operación de un confinamiento industrial en el municipio potosino de Santo Domingo, este martes en rueda de prensa directivos de la empresa ejecutora presentaron el proyecto del depósito de residuos industriales, en la que aseguraron que “no todos” los pobladores de aquella zona se oponen al proyecto.
Olegario Galarza Grande, Fausto Cervantes Elizondo y David Atisha Castillo, quienes colaboraron con el gobernador Fernando Silva Nieto, durante el sexenio comprendido entre 1997 y el año 2003, son miembros de la directiva de la compañía Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable (CITSU), cuyo propietario es el empresario minero, el potosino José Cerrillo Chowell.
Cervantes Elizondo, coordinador del proyecto y quien fungió como director de la Junta Estatal de Caminos durante la administración “silvanietista”, leyó un comunicado para informar que el confinamiento se edifica “con el equipo y la más alta tecnología que existe a nivel mundial” y que está “garantizada la seguridad de trabajadores y habitantes de las comunidades aledañas”.
“Dada la trascendencia de este proyecto, deben de saber que durante los últimos cinco años un amplio grupo de expertos en tecnología, finanzas, administración y desarrollo social hemos trabajado de manera muy ardua para impulsar este desarrollo, denominado Centro Tecnológico para el Manejo Integral de Materiales Provenientes de Actividades Industriales y Procesos Extractivos”, precisó.
Detalló que la inversión es superior a los 330 millones de pesos y que el proyecto generará un centenar de fuentes de empleo permanentes y más de 250 temporales. Resaltó que este plan trasciende “dada la magnitud de la contaminación que existe hoy en el país”. En México, refirió, se producen más de 8 millones de toneladas de desperdicios industriales y de ese volumen no se trata ni se confina el 83 por ciento.
“Estamos abiertos al análisis del proyecto y a dialogar sobre el tema con quien lo desee, porque a quien más importa que este sea seguro es a nosotros mismos”, aseveró al tiempo que dio paso a la exhibición de un video sobre la forma en que operará el confinamiento.
Luego del audiovisual se procedió a una sesión de preguntas y respuestas. Entre estas dio a conocer que el confinamiento tendrá un periodo de vida de 30 años y que su construcción comenzó “desde el momento que solicitamos las autorizaciones”.
Acerca de la postura de la empresa respecto a los opositores, como lo externaron ejidatarios de Santo Domingo el pasado 28 de septiembre en rueda de prensa que ofrecieron en las oficinas del Centro Potosino de Derechos Humanos “Samuel Ruiz”, adujo que para esa compañía “era importante darlo a conocer de una manera muy profesional, con la prensa”.
“Con la población no hemos tenido acercamiento porque no estamos infringiendo ninguna norma”, arguyó. A los pobladores, dijo, se lo expondrían cuando “sean convocados por la presidencia municipal o por alguna de las organizaciones”.
Además, refirió, el 21 de diciembre de 2014 inicio una consulta pública y concluyó el pasado 11 de junio. En cuya fase, señaló, “tuvimos un acercamiento con los pobladores de las comunidades más cercanas al sitio donde se construye el confinamiento” y los opositores habitan en poblados más alejados. El poblado más próximo, precisó, con 50 habitantes está a 12 kilómetros de distancia.
Sin embargo, admitió, “tenemos que hacer un trabajo más amplio para convencer” a los renuentes, aunque sostuvo que la totalidad de los pobladores no se oponen a la operación del tiradero de residuos industriales, porque se localiza en zona de mediana marginación donde se requieren fuentes de trabajo.
Acerca de lo acontecido hace 15 años, cuando el Gobierno Mexicano fue condenado a pagar 16 millones 685 mil dólares por impedir la operación de un confinamiento en el también municipio potosino de Guadalcázar, David Atisha Castillo planteó que al paso de tiempo “la ciencia y la tecnología han avanzado en gran medida y de tal forma que lo que hace tiempo era difícil soportar, al día hoy se tiene mucho más avance y por tanto más seguridad”.
Respecto de las cuestiones políticas estableció que precisamente por esa razón se programó la presentación del proyecto, “para que ustedes (los representantes de los medios de comunicación) conozcan al 100 por ciento sus bondades”.
Una de ellas, subrayó, la instalación de un confinamiento en una entidad que aspira a un desarrollo industrial “al más alto nivel”, pero no tiene la infraestructura ambiental para almacenar los residuos de las empresas.
Por ende, consideró, los medios de comunicación deben ser “los grandes promotores de decir la verdad de lo que el día de hoy están conociendo”.
Finalmente, Víctor Julián Rodríguez, ingeniero geólogo, justificó la instalación del confinamiento en San Luis Potosí porque este se ubica en la zona noreste del país, en cuya región “se generan más del 70 por ciento de los residuos peligrosos”.
Asimismo, añadió, remató el almacén de residuos peligros albergará desechos industriales procedentes de empresas de todo el país, en especial del Estado de México, Distrito Federal, así como de entidades que conforman el bajío y la zona centro del país.
