Por Victoriano Martínez
Algo está pasando en torno a los cargos públicos, los sujetos a quienes se les encomiendan y quienes tienen la facultad de hacer esos nombramientos.
Este jueves, tres cargos se mantienen acéfalos por circunstancias diversas, cada una con su aspecto a considerar: (1) la Oficialía Mayor y (2) la Unidad de Evaluación y Control del Congreso del Estado y (3) la Coordinación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Ciudad Valles.
El caso de la Oficialía Mayor tiene como antecedente a Marcelina Oviedo Oviedo, en cuya destitución quedaron muchas huellas de que los diputados buscaron deshacerse de quien resultó un estorbo para sus maniobras poco claras para allegarse recursos adicionales del presupuesto legislativo.
Una circunstancia que coloca, de entrada, al sujeto –hombre o mujer– sobre quien recaiga el nombramiento como alguien que deberá cumplir, ante todo, el requisito de dejar hacer, dejar pasar todo cuanto los diputados quieran hacer con el presupuesto del Congreso del Estado.
En otras palabras, quien sea nombrado Oficial Mayor llegará tras haber acreditado, ante los diputados que lo nombren, que será capaz de encubrir, solapar y facilitar cualquier maniobra de los diputados que se pretenda dejar fuera de registro en actas y que no pueda ser detectada por quien le quiera revisar las cuentas al Legislativo.
La renuncia de Héctor Vicente Mayorga Delgado coincide con el inicio del proceso de fiscalización a las Cuentas Públicas 2018 e, independientemente de las causas que pudiera haber tras el argumento de razones personales, abre la opción a que se corrija un nombramiento que en su momento fue cuestionado.
Mayorga Delgado, como primer Auditor Superior del Estado, fue señalado como lavador y encubridor de las cuentas de Marcelo de los Santos como gobernador –con casos específicos como la deuda por mil 500 millones de pesos al final de ese sexenio–.
Rebeca Terán Guevara, quien rindió protesta como representante del DIF estatal en Ciudad Valles pero ya no se le reconoce como tal, según revelación de Ciudadanos Observando, es el primer caso en el que aparentemente, desde la cabeza de una institución, se antepone la confianza del organismo por encima de un cuestionamiento a la honorabilidad de quien a él se incorpora.
Este caso resulta de alto contraste con la advertencia que se le hizo a su marido, el gobernador Juan Manuel Carreras López, sobre el nombramiento de Mario García Valdez en el CONALEP.
Los tres casos vigentes este jueves tienen en común el reclamo y la exigencia ciudadana para que se privilegie el interés de la mayoría y se evite el uso del poder público para fines particulares o de grupo, aunque sólo en el tercero se haya tomado una medida con apariencia de tomar en cuenta la advertencia de la ciudadanía.
Algo pasa en torno a los cargos públicos que cada vez tendrá que volverse común: una ciudadanía exigente para que se privilegien perfiles que favorezcan el bien común.
Si hoy se le ha tomado en cuenta por primera vez en un caso, tendrá que llegar el día en que sean los intereses auténticamente ciudadanos los que rijan y no la presión de los grupos de interés.
