Por Victoriano Martínez
¿Será acaso una deformación profesional de los politiqueros convertidos en autoridades, sean municipales o estatales, que –sea sobre obras públicas o autorizaciones de obras a particulares– resultan omisos al proyectarlas o autorizarlas sin los estudios técnicos correspondientes o sin revisión de su pertinencia legal?
La manifestación convocada por Cambio de Ruta el pasado domingo frente al Tangamanga Splash no habría tenido razón de ser si la autoridad estatal hubiera publicado toda la documentación relacionada con le remodelación de ese proyecto, incluidos costos y estudios técnico y de impacto ambiental. Pero es hora que nada de eso se ha dado a conocer.
No es la primera obra pública en la que las autoridades estatales incurren en ese tipo de omisiones y, en consecuencia, tampoco es la única que enfrenta una protesta ciudadana, además de mantener en proceso de revisión un juicio de amparo por ese tipo de omisiones.
Tampoco es la autoridad estatal la única que suele actuar con esas deficiencias. El Ayuntamiento de San Luis Potosí enfrentó en julio de 2023 la oposición a la construcción del paso a desnivel junto al templo de El Saucito por la omisión de dar a conocer los estudios técnicos y de impacto ambiental y cultural… y ahora, tres años después, lo volverá a intentar.
Todo indica que no sólo en el caso de obras públicas ese tipo de omisiones despiertan el rechazo ciudadano, sino que el fenómeno también se puede presentar en caso de obras de particulares y hoy se tiene un caso (que no debe ser el único): la construcción de un edificio en la calle Cordillera Central, en Lomas Tercera Sección por sospecha de estar fuera de norma.
Los vecinos tienen sus observaciones por las que consideran que la construcción, además de provocarles una serie de perjuicios, puede ser ilegal: aumentará la densidad poblacional y el tráfico, perderán privacidad por la excesiva altura del edificio, y el riesgo de colapso en los servicios municipales, especialmente el caso del drenaje.
Todos esos detalles les hacen pensar que la autoridad municipal otorgó la autorización de la construcción sin realizar con seriedad los estudios técnicos y legales requeridos, porque es un hecho que actualmente ya enfrentan fallas en el servicio de agua potable, drenaje y hasta electricidad.
Si en el caso estatal, enfrentar una larga lista de amparos por ese tipo de negligencia ha provocado una reacción amenazante del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, ante los reclamos en el Ayuntamiento por la construcción en Cordillera Central para evadir atenderlos ¡les recomendaron presentar un amparo!
Los señalamientos de los vecinos contrastan con la respuesta que dio el alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien asegura que el edificio cumple con la normativa y la altura permitida que, según él, corresponde a seis niveles.
La altura máxima de las edificaciones que se desglosa en una tabla incluida en el artículo 97 del Reglamento de Construcciones del Municipio de San Luis Potosí desmiente la declaración del alcalde y, en consecuencia, se queda sin base la afirmación de que se cumple con la normativa.
¿Otra manifestación de la deformación profesional politiquera que con declaraciones y no con documentos busca justificar omisiones?
Sonia Mendoza Díaz, titular de la SEGAM, pasó de afirmar que el proyecto en Tangamanga Splash contaba con Manifestación de Impacto Ambiental a señalar que se trató de una exención de impacto ambiental, figura que legalmente no existe.
Galindo Ceballos anuncia que se realizarán reuniones con los vecinos de Cordillera Central para revisar las factibilidades de agua y drenaje y, sin percatarse de la contradicción, advierte que “si el desarrollador —ya ha sucedido— excede los límites, yo doy mi compromiso de que no permitiremos que se desarrolle”. ¿Pues no que el edificio cumple con la normativa?
Entre declaraciones contradictorias y la opacidad con la que pretenden realizar las obras o autorizárselas a particulares al evitar publicar lo que por ley están obligados, los politiqueros convertidos en autoridades exhiben la poca voluntad de trabajar en favor del interés de la comunidad, que se ve obligada a protestar para que se respete sus derechos.
