Estela Ambriz Delgado
Ante el próximo cierre del primer ejercicio de recursos directos a comunidades indígenas, a través del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social de Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM), así como de otros subsidios a población vulnerable, Juan Felipe Cisneros Sánchez, del Observatorio Indígena Mesoamericano, hizo un balance de la situación en San Luis Potosí.
Afirmó que los apoyos que a través de la Secretaría de Bienestar se procuran a la población vulnerable indígena, como los de adultos mayores, mujeres indígenas, jóvenes para el futuro, la escuela es nuestra y FAISPIAM en particular, se han constituido como pilares fundamentales del nuevo corporativismo oficial para asegurar a los votantes. Además de obtener lealtades basadas en la codependencia entre población vulnerable y la nueva estructura pública y política que busca hacerse de uno de los 537 cargos de elección popular en los próximos comicios de 2027; ya sea en el nivel municipal o estatal.
En este sentido, recordó lo que está en juego es la gubernatura, 15 diputaciones de mayoría relativa, y 12 de representación proporcional, 58 presidencias municipales, 64 sindicaturas y 387 regidurías. Además de las diputaciones federales, siete de mayoría relativa y seis de representación proporcional.
“Lamentablemente estos subsidios públicos que, en la retórica oficial se les ubica como derechos humanos fundamentales, en la práctica a los beneficiarios se les asume no como sujetos de derecho, sino como ‘clientes’ u objetos. Tal parece que el ADN del corporativismo del régimen prianista ha encontrado su nueva versión en la estrategia de usar los recursos públicos para condicionar al elector cuya subsistencia depende del subsidio oficial”.
El integrante del OIM apuntó que, así como en la época del salinismo con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), actualmente la Cuarta Transformación (4T), a través de la “mega” Secretaría de Bienestar, reproduce un esquema anacrónico y rapaz de manipulación de la vulnerabilidad de la población rural e indígena.
Esta es usada como pilar de sustentación de un partido político hegemónico, cuya estructura territorial parece que no tiene vida orgánica propia, sino artificial, pues se fundamenta en los clientes de los subsidios y no en la organización política.
“Es evidente que la militancia está configurada por quienes se ven favorecidos con algún empleo en alguna oficina pública y que los servidores de la nación son usados como militantes orgánicos de los titulares de las oficinas públicas”, indicó.
Como ejemplo de ello hizo mención que, desde el mes de marzo cuando se anunció el FAISPIAM, el partido Morena, la Secretaría del Bienestar y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), decidieron imponer al entonces secretario de organización del partido en San Luis Potosí, Mario Godoy Ramos, como titular de la oficina de representación del INPI en el estado, pese a no cumplir con los requisitos de elegibilidad para el cargo.
En este sentido, Cisneros Sánchez destacó el parentesco del funcionario con la hoy fiscal interina Ernestina Godoy Ramos, y el hecho de que no es indígena ni hablante de alguna lengua indígena, y tampoco es oriundo de alguna de las regiones indígenas que integran el estado. A pesar de ello y la inconformidad manifestada, debido a que quien ostentaba el cargo sí cumplía con estos requisitos, se le dio el nombramiento.
“Con está imposición, nepotismo y usurpación de la identidad indígena, se decidió politizar el FAISPIAM (…) así se convirtió en un ‘Caballo de Troya’ electoral para intentar hacerse del voto indígena, bajo la cubierta paternalista de transferir recursos directos a la comunidad indígena disque para ‘empoderarla’, pero en realidad es para someterla y usarla en beneficio de un partido político”.
Añadió que lamentablemente estas prácticas no son nuevas en Bienestar, pues desde hace años es usada para atender a las exigencias electorales de la 4T, y por ello no es casualidad que el ex presidente del partido Morena en el estado, Guillermo Morales, sea actualmente el titular de la dependencia.
El verdadero uso del FAISPIAM se devela
El activista precisó que lo que debió de ser un cambio de paradigma en el reconocimiento y ejercicio del derecho a la autonomía y libre determinación de pueblos y comunidades indígenas, tras la reforma al artículo 2 constitucional, se volvió letra muerta, pues si algo se ha vulnerado con la operación del FAISPIAM, con una repetición de esquemas corporativistas de corrupción y abandono, son las estructuras de organización y sistemas normativos de las comunidades indígenas.
Primero, al definir la cobertura del fondo de aportaciones sin haber considerado el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas; segundo, al imponer una fórmula anacrónica de asignación presupuestal usada por el viejo asistencialismo oficial.
En tercer lugar, al dividir a las comunidades con la imposición de una figura de comité del fondo por encima de las autoridades agrarias civiles y tradicionales, y de los comités instituidos por la costumbre indígena como son los de obras comunitarias, de caminos, agua, vivienda, escuela, etcétera.
En cuarto, la omisión sistemática de las decisiones y posturas de la máxima autoridad comunitaria, que es la asamblea general; quinto, la discriminación y criminalización de los legítimos representantes indígenas, quienes estuvieron al frente en el impulso de la reforma del artículo 2 constitucional y en la construcción del padrón de las comunidades indígenas del estado.
“Así, lo que prometía ser una reforma legal y la inauguración de una personalidad como sujetos de derecho público de las comunidades indígenas ejerciendo recursos directos, quedó seriamente afectada por la necesidad del partido oficial de hacerse de una base social indígena a sangre y fuego, sobre los lomos del FAISPIAM”, afirmó.
A esto se añade una gran lentitud en la operación financiera de los recursos transferidos del programa, que se ha topado con retrasos de al menos cinco meses en la liberación de recursos; así como una infraestructura bancaria básica, que en distintos momentos ha sido insuficiente y limitada para proporcionar la disponibilidad de efectivo a una demanda que exige la liquidez de conformidad a sus tiempos y compromisos.
Cisneros Sánchez expuso, en medio de dichas limitaciones hay acceso a información personal que fluye hacia contratistas e individuos de dudosa reputación, para que ubiquen a los que integran y encabezan los comités del FAISPIAM y los presionen para acceder a los recursos comunitarios.
Afirmó existen ya casos que denuncian transferencias millonarias a particulares, e incluso estos van directamente a los Bancos del Bienestar a exigir un trato preferencial para que les sean transferidos los recursos públicos sin mayor trámite que la permisividad de los comités del FAISPIAM.
A esto se suma a que hay comités que ya ni siquiera consultan a las autoridades agrarias o civiles de la comunidad y menos a sus asambleas para gestionar los recursos y transferirlos a estos particulares, sin mediar contratos debidamente requisitados o licitaciones básicas para materializar la adjudicación directa de una obra a particulares.
“Con este comportamiento se diluye el propósito para el cual fue creado el FAISPIAM. Ello sin importarles a los titulares de Bienestar e INPI que han concurrido a reuniones regionales a escuchar, pero no hacer nada de lo que les denuncian, pareciera que son parte del juego. Hay señalamientos de que ni siquiera el cuadernillo de cuentas se les ha entregado a las comunidades indígenas para llevar las cuentas básicas”.
Por otra parte, Cisneros Sánchez mencionó que no se puede soslayar la falta de entrega de tarjetas, el bloqueo de cuentas bancarias, intimidación, presión y coerción, a las comunidades que se ampararon contra la reducción presupuestal del fondo, causada por el error de Bienestar y que representó una disminución de 56 millones 736 mil 536 pesos a 23 municipios y a 536 comunidades del estado.
A lo que se suma la presión, amenazas y hostigamiento, de Bienestar e INPI, a través de sus servidores de la nación y empleados, para que las comunidades se desistan de sus amparos, así como el uso indebido de la estación de radio XEANT “La Voz de las Huastecas” para criminalizar a las y los integrantes del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, que defienden a las comunidades que representan.
“No se puede soslayar la inacción de los órganos de control y fiscalización del quehacer público, la complicidad por omisión del director general del INPI y de la titular de la Secretaría del Bienestar a nivel federal que, han hecho oídos sordos y ciegos al clamor indígena para ser atendidos sus reclamos sobre transparentar la rendición de cuentas y que se sancione la omisión o el proceder ilegal de los servidores públicos. Es muy claro que no les importa la población indígena, que sólo la quieren para usar su voto, como lamentablemente siempre ha sido”.
Reciclaje de viejas prácticas corruptas
El activista apuntó que la 4T reproduce el esquema panista de Vicente Fox y Felipe Calderón, de un indigenismo basado en la intervención de los empresarios en la aplicación de los recursos públicos, hoy disfrazado de transferencias directas a comunidades indígenas, las cuales son presionadas por los propios Servidores de la Nación para imponerles proveedores, empresas constructoras, técnicos y diezmos, lo que no son más que viejas prácticas corruptas, revestidas con discursos y logos nuevos.
Hizo mención de que el abandono de las comunidades indígenas que se traduce en ausencia de asesoría técnica, capacitación, acompañamiento, seguimiento y evaluación para autogestionar sus subsidios, lo que ha contribuido a la reproducción de la corrupción, que ahora se arraiga en los ámbitos comunitarios por indicación coercitiva oficial y de los dirigentes del partido en el poder.
Señaló que el colmo de estas prácticas ha sido el uso de las catástrofes, provocadas por tormentas y huracanes que azotaron la Huasteca Potosina, para inflar el padrón de damnificados y a través de ello beneficiar a familiares y amigos afines a Morena, con lo que buscan incidir en la elección intermedia y en la sucesión por la gubernatura que se juega en los próximos comicios de 2027.
