María Ruiz
Dentro de la base de datos que mantiene pública la Unidad de Búsqueda de Personas de la Fiscalía General del Estado (FGE) se exponen un total de 35 fichas activas de mujeres no localizadas en toda la entidad, de enero a abril de 2022.
Entre ellas se encuentra Teresa Guadalupe Mata Cárdenas, originaria del municipio de Tamasopo, quien está en calidad de desaparecida desde el 3 de febrero de este año.
Su no localización envuelve, según lo mencionado por su madre, Susana Cárdenas García, y familiares, una gran cantidad de irregularidades que no solo violan su calidad de víctima, sino que también vulneran gravemente el proceso de investigación sobre su paradero.
Último rastro de Teresa
Teresa Guadalupe es una joven madre, quien se desempeñaba como empleada dentro de una carnicería del centro de su ciudad natal.
El 3 de febrero la joven se presentó como normalmente lo hacía a su lugar de trabajo, para cumplir con un horario laboral de ocho horas. Lastimosamente, ese día jueves todo se tornaría completamente diferente.
Su madre, Susana Cárdenas García, menciona que fue a partir de las seis de la tarde que empezó a preocuparse por la ausencia de su hija, pues Teresa no acostumbraba a llegar tarde a casa, sin avisar antes que lo haría.
“Me pareció muy extraño porque incluso ella me seguía pidiendo permiso para salir. Mi hija me había comentado horas antes que le echaría gasolina a la motocicleta en la que se trasladaba, así que supuse que tal vez eso la hizo retrasarse”.
Pero pronto llegó la noche y Susana comenzó a consternarse. Fue entonces que decidió marcarle a su hija, su celular aún daba línea e incluso su red social de WhatsApp recibía mensajes.
“Nunca pensé que pasara algo grave. Quise suponer que habría salido con una amiga y que se le había olvidado avisarme. A las seis de la tarde ya le había hablado al patrón de mi hija, quien me dijo que había salido de la carnicería con la motocicleta como a las 17:15 horas”.
No obstante, aunque la línea celular de Teresa tenía señal, las llamadas de su madre nunca fueron respondidas.
“Le pedí apoyo a algunos familiares, quienes le marcaron también, pero jamás les respondió y ahí se complicó la situación. Le empezamos a mandar mensajes por WhatsApp y Messenger, los cuales sí le llegaban, pero no los respondía”, narró.
Es decir, durante las primeras horas en las que se desconocía el paradero de Teresa, su actividad en redes continuaba activa, pero sin interacción alguna.
No fue hasta las 12 de la noche donde repentinamente su celular se apagó y por ende ya no se pudo comunicar su familia.
Después de cinco horas en los que Susana y familiares se mantuvieron en vela para tratar de tener contacto con Teresa, revisaron las horas de conexión de su hija en redes sociales, las cuales indicaban que había mantenido actividad entre las cinco y seis de la mañana del viernes siguiente.
“Eso nos dio esperanza para pensar que se encontraba de alguna manera bien. Lamentablemente, a las nueve de la mañana de ese mismo día me avisaron que habían encontrado su motocicleta tirada en el barrio La Mora”.
Un proceso de investigación viciado, corrupto e impune
Las instituciones de seguridad y de justicia del Estado parecen mantenerse inertes ante el sufrimiento y la complejidad de las desapariciones forzadas y las no localizaciones que acontecen actualmente en la entidad o al menos, el caso de Teresa Guadalupe así lo refleja.
Tuvieron que pasar 12 horas para que las autoridades locales se comunicaran con Susana para hacerle saber que, a decenas de kilómetros de su ciudad, dentro de un área desconocida y jamás transitada por esta joven, se había encontrado su motocicleta.
“La motocicleta fue encontrada en una carretera que ni siquiera se encontraba dentro de su ruta diaria y conocida. Lo primero que nos preguntamos fue el ¿por qué la moto estaba hasta allá?”.
En la imagen referida por las autoridades, según lo compartido por la madre de Teresa, se podía ver al fondo de los hechos una casa y fue entonces que la familia Mata Cárdenas decidió indagar por su propia cuenta qué había pasado.
“Fuimos a ese lugar, preguntamos al señor de esa casa qué era lo que había pasado o si había visto algo. Él nos refirió que vio a Teresa gritando por la madrugada y de su brazo se encontraba un joven jalonéandola, mismo que pensó que tal vez se trataba de su pareja sentimental”.
Una situación de violencia tan normalizada que nadie decidió intervenir en aquella escena para poner a salvo a Teresa.
Después de ello, el testigo relató a la madre de la joven que minutos más tarde arribó una camioneta verde, de cabina y media, tipo pick up, de la que salieron tres jóvenes más que comenzaron a golpearla y se la llevaron.
Tras saber este testimonio, Susana interpuso una denuncia por la desaparición y no localización de su hija en la Subprocuraduría de Justicia de la Huasteca Norte.
Sin embargo, fue hasta el día martes que las autoridades de la Subprocuraduría Regional de Ciudad Valles se comunicaron con ella para hacerle saber que recibiría una brigada de apoyo.
Esta ayuda estuvo compuesta por tres patrullas a cargo de elementos de la Policía de Investigación (PDI) que se dirigieron al lugar de los hechos y quienes además le cobraron una cuota de 500 pesos por patrulla para comenzar las indagaciones.
Una violación a sus derechos como víctima, que la señora Susana desconocía hasta el momento de esta entrevista. Hechos que consideró formaban parte del proceso de investigación.
“Eran tres patrullas y me dijeron que tenía que darles 500 pesos para la gasolina y yo se los di. En total fueron mil 500 pesos los que les pagué”.
Después de eso, la PDI solicitó al único testigo de los hechos que emitiera su declaración, pero este, según lo referido por los investigadores a Susana, no accedió.
Por lo cual la madre de Teresa fue a volverlo a buscar y preguntarle por qué le había mentido a las autoridades.
“Esta persona me dijo que sí había realizado su declaración y que a pesar del miedo que tenía, le dijo a los de la PDI que en efecto había visto a mi hija ser golpeada y levantada por varios hombres ahí en La Mora, a unos metros de la caseta que lleva a la carretera a Ciudad Valles”.
Sucesos que intranquilizaron a Susana, pues su derecho a la verdad por parte de las autoridades parecía opacarse y más allá de que se tratara de esclarecer qué había pasado con Teresa, los elementos parecían interponerse en el proceso de suministro de información.
“Ellos me dieron un número de Ciudad Valles y de la FGE para comunicarme y saber cómo va la carpeta de investigación de mi hija, pero marco y no me responden. Yo ya no sé qué hacer, ni a dónde ir. No tenemos ni dinero y lo poco que tenía me lo pidieron, ¿cómo le hago para saber qué pasó con mi hija?”.
El dolor ante la ausencia de una hija
Teresa Guadalupe también es madre de una pequeña menor de edad, que actualmente se encuentra bajo el resguardo de su abuela Susana.
Su desaparición ha significado para su madre un dolor tan inmenso que no le permite declinar en su búsqueda, pues tiene una nieta que aún espera a Teresa en casa.
Susana ha publicado a través de Facebook diversos videos en los que suplica entre lágrimas que le ayuden a encontrar a su hija o bien que le brinden algún tipo de información sobre su paradero.
Una ausencia que ha lacerado su vida de manera permanente, pues la desaparición de Teresa y el contexto que envuelve su no localización llevan consigo una incertidumbre constante.
“Yo solo quiero que me regresen a mi hija, que la Fiscalía me ayude y que tenga el tacto de ser más humana. Aquí está una madre sufriendo por la desaparición de su niña. ¿Cómo si hay tantas pruebas y un testigo no se ha podido avanzar nada? Ni siquiera una pista”.
Han pasado ya 75 días sin tener rastro de Teresa Guadalupe, más de dos meses en los que las autoridades no le han hecho llegar un avance en la carpeta de investigación y tiempo en el que ninguna instancia estatal se ha acercado a Susana y a su familia para darle el acompañamiento jurídico y legal correspondiente.
La desaparición forzada y la no localización de personas no solo requieren de una investigación profunda por parte de las autoridades de justicia, sino que estas circunstancias obligan al Estado a actuar conforme a un protocolo establecido que para la familia Mata Cárdenas ha significado un proceso colmado de inconsistencias, que van desde la solicitud de dinero, hasta el abandono total de su caso.
