Por Eduardo Delgado
Por dilación en la investigación del caso de la magistrada del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP), Yolanda Pedroza Reyes, quien denunció actos de violencia de género en su agravio, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) le giró la recomendación 11/2017 a Federico Arturo Garza Herrera, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
El documento señala que de diciembre de 2016 a la fecha el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en el Estado, Bulmaro Corral Rodríguez, solo ha procedido contra el Secretario de Acuerdos del tribunal, Joel Valentín Jiménez Almanza, “sin que haya realizado actos de investigación en relación con los demás denunciados”, entre estos los magistrados Rigoberto Garza de Lira y Oskar Kalixto Sánchez.
En abril de 2016, refirió la Comisión, la magistrada presentó denuncia en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPAFE), en la ciudad de México y en diciembre de ese año fue remitida a la PGJE, dependencia donde a “la fecha de emisión de la presente Recomendación se encuentra pendiente de resolución”.
Como antecedente, expuso que el 4 de noviembre de 2015 ese organismo autónomo recibió la queja de la agraviada, quien les atribuyó violaciones a sus garantías individuales a sus compañeros magistrados, al Secretario de Acuerdos, así como a un Ministerio Público y a un Perito de la Procuraduría.
La magistrada precisó que aquel día el Ministerio Público del fuero Común de la Mesa VII, se presentó en el tribunal para “clausurar” su oficina, sin mostrar ningún documento que amparara su actuación.
Lo que constató al siguiente día personal de la Comisión, que observó en el despacho de la quejosa “hojas pegadas en las puertas, a manera de clausura”, las que ordenó retirar el representante social en ese momento.
Posteriormente la magistrada acreditó que el Ministerio Público acudió “a petición de los magistrados”, quienes lo condujeron a su oficina, donde le pidieron revisar su computadora para confirmar la modificación de un documento.
En virtud de que el representante social no pudo verificar el equipo de cómputo, Garza de Lira, entonces en funciones de Presidente del TEESLP, le pidió colocar sellos en la entrada.
En abril de 2016 la CEDH turnó la queja a la Contraloría Interna de la Procuraduría, para que investigara los actos imputados al Ministerio Público y el Perito. Al mes siguiente la Contralora reportó a la Comisión que a esa fecha no había queja formal contra ambos.
Tras reiterar que desde diciembre del año pasado el caso fue remitido de la FEPADE a la Procuraduría, en el documento se asentó que de la inspección del expediente, por parte de personal de ese organismo, se obtuvo que transcurridos más de siete meses no se ha resuelto, “no obstante que se encontraron elementos para vincular a proceso” al Secretario General de Acuerdos; además de que hasta ahora la Procuraduría no aportó información para justificar la demora en la integración de la Carpeta de Investigación.
En el punto 33 se precisó la vulneración de los derechos humanos de la magistrada, en cuestión de acceso a la justicia, legalidad y seguridad jurídica, derecho a la verdad e investigación efectiva, derivado de actos atribuidos al responsable de la Fiscalía Especializada Bulmaro Corral, por la omisión de las diligencias para lograr una efectiva investigación penal.
Más adelante se consignó: “Cabe destacar que la carencia de una investigación completa y efectiva sobre los hechos constituye una fuente de sufrimiento y angustia adicional para V1, quien tiene el derecho de que se esclarezcan los hechos denunciados”.
En consecuencia, el organismo protector de las garantías individuales recomendó al Procurador inscribir a la magistrada en el Registro Estatal de Víctimas, para que tenga acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral como establece la Ley de Víctimas.
También recomendó que ordene investigar y confirmar los datos indispensables para integrar la Carpeta de Investigación y resolver conforme a derecho.
Asimismo, le sugirió colaborar en la indagatoria que inicie la Visitaduría General de la Procuraduría a partir de la vista que sobre el caso realice ese organismo autónomo, por tratarse de servidores públicos los responsables de la vulneración de los derechos de la agraviada.
Finalmente, cabe señalar que cuatro de las últimas cinco recomendaciones de la Comisión han sido para la instancia responsable procurar la justicia. Tres expedidas en el transcurso de este mes y una en el anterior. Dos por la inacción en las indagatorias de las denuncias.
