Por: Eduardo Delgado
Con el afán de “levantar polvareda para que nos miren”, campesinos de Zacatecas y San Luis Potosí denunciaron que en Santo Domingo, municipio potosino, se proyecta instalar un cementerio de desechos tóxicos, con permiso para almacenar 185 mil 500 toneladas anuales durante 30 años. A lo que se opondrán por temor a daños en la salud y el medio ambiente. “Si es preciso dar la vida la daremos”, aseveraron.
Mario Vázquez Vallejo, de la comunidad “La Merced” de Santo Domingo, expuso que personal de la compañía “Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula”, propiedad del empresario potosino José Cerrillo Chowell, nos dijeron que “nada más van a tirar “estopitas, aceites, grasitas”, cosas insignificantes, que no iban a hacer daño; entonces nosotros les dijimos “que las tiren en su casa”.
Ejidatarios procedentes de Zacatecas, de los municipios potosinos, Santo Domingo, Vanegas y Catorce, ofrecieron este lunes una rueda de prensa en las oficinas del Centro de Derechos Humanos “Samuel Ruiz”, para anunciar también que presentarán una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y que solicitarán audiencias con los mandatarios de San Luis Potosí y Zacatecas, Juan Manuel Carreras López y Miguel Alonso Reyes, respectivamente, para exponerles este problema, del que apenas ellos se enteraron hace unos 30 días.
“Nos dimos cuenta porque querían construir la carretera de Santa María del Refugio al rancho “Palula”, para hacer un bordo de agua y que luego iban a pavimentar; pero la obra no la empezaron porque la gente no los dejó pasar”, comentó.
El 3 de septiembre de 2012, precisó, a unas semanas de concluir el periodo constitucional de la administración anterior de Santo Domingo, encabezada por el alcalde Flavio Reynaldo Tenorio Quintero, el cabildo aprobó en sesión extraordinaria el cambio de uso de suelo para favorecer a la compañía.
Incluso, añadieron, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) aprobó ya el estudio de impacto ambiental, lo cual consideran ilegal “porque no precisa el lugar exacto”, de la comunidad Ojo de Venado, en el rancho Palula, donde se instalaría el cementerio de residuos industriales.
Vázquez Vallejo dijo que solo saben que el predio “colinda con nuestras comunidades y que allí quieren depositar desechos peligrosos, lo que afectará nuestros campos, la flora y la fauna, pero sobre todo a la vida humana”, añadió.
La compañía, dijo, pretende obtener la aprobación de los vecinos y para ello “a nuestra gente le quieren comprar con dádivas, ofreciéndoles computadoras, láminas, ayuda para hacer piso, en las escuelas les han dado uniformes, a las capillas les quieren dar una lata de pintura”.
Dijeron que vinieron a la capital potosina a solicitar apoyo de organizaciones civiles “para que nos orienten para presentar una queja que por la violación de nuestros derechos humanos, porque el ex alcalde no hizo una consulta para saber si la gente estaba de acuerdo”.
“Sabemos que nos enfrentamos a algo realmente poderoso, porque Cerrillo Chowell es una persona de las más ricas del altiplano potosino; estamos poniéndonos con “Sansón a las patadas”, pero tenemos la esperanza de que si nos unimos todas las comunidades vamos a levantar polvareda para que se nos vea…”.
Expusieron que por ahora solo cuentan con apoyo de los sacerdotes y del obispo de Matehuala, Lucas Martínez Lara, que “nos están orientando”.
Consideraron que autoridades y empresa “violaron nuestros derechos a la información, a la salud, al agua, al medio ambiente sano y a la vida”, enunció Vázquez Vallejo.
“Esta misma información se la vamos a llevar al Gobernador (Juan Manuel Carreras López) para que nos escuche, para que nos tome en cuenta y que sepa que están violando nuestros derechos”, precisaron.
