Victoriano Martínez
El Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito del Poder Judicial de la Federación ordenó al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado (TEJA) reconocer la legitimación de los padres del menor asesinado en Laguna de San Vicente en mayo de 2015, “a efecto de reclamar el daño moral” que el hecho les causó.
En su resolución, el Tribunal federal consideró que el TEJA soslayó que los padres del menor fallecido sí resintieron una afectación directa en su esfera jurídica por el deceso de su hijo.
“Es indudable que los padres del menor, por la sola circunstancia de ser sus progenitores, cuentan con legitimación para exigir una reparación integral a causa del daño provocado en su parte afectiva”, señaló el Tribunal Colegiado en sus consideraciones.
La reclamación de los afectados se hace en contra de las autoridades municipales de Villa de Reyes y las áreas de seguridad del Gobierno del Estado por haber sido omisos en tomar medidas de vigilancia durante los festejos patronales en Laguna de San Vicente, a pesar de que se los habían solicitado por escrito.
“Cuando el Estado a través del ejercicio de sus actividades llegue a causar daños o lesiones a los particulares, ya sea por acciones que lleve a cabo, ya por aquéllas que dejó de realizar, éstos pueden exigir el resarcimiento de la afectación; tal y como lo dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el último párrafo de su actual artículo 109”, estableció el Tribunal.
El Tribunal estimó que para exigir en la vía contenciosa la indemnización por reparación integral que pretenden, es suficiente que hayan demostrado ser los padres del menor fallecido, amén de que la conceptualización de reparación integral involucra el resarcimiento de los daños de índole moral.
En la resolución del amparo directo administrativo 467/2017, señala que la Justicia de la Unión ampara y protege a los padres de la víctima contra la resolución del TEJA que no les reconocía legitimación para reclamar el daño moral que les provocó la omisión por parte de las autoridades al no proveer seguridad en los festejos patronales de Laguna de San Vicente en 2015
“En su lugar”, ordena el Tribunal, “dicte una nueva determinación, en la que, tomando en consideración los razonamientos expuestos en esta ejecutoria, reconozca la legitimación con la que comparecen los padres del menor fallecido (***), a efecto de reclamar el daño moral causado en sus sentimientos con motivo de su muerte; misma que atribuyen a la administración pública estatal y municipal de Villa de Reyes, San Luis Potosí”.
La dirección General de la Policía Ministerial del Estado y la Procuraduría General de Justicia del Estado promovieron demandas de amparo adhesivas, las que fueron desechadas por el Tribunal.
Armando Oviedo Ábrego, secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública declaró, tras conocerse la resolución del Tribunal Colegiado, que la determinación tenía que ver con que el Estado apoyara a las víctimas “mientras la persona sentenciada se hace responsable de los daños”.
Los abogados Carlos Alejandro Hernández Rivera, especialista en derechos humanos, y Laura Elena Martínez, abogada certificada en derechos del niño por el Poder Judicial de la Federación, quienes tramitaron el amparo en lo que conocen como el Caso Jair explicaron que la determinación señala la responsabilidad de las autoridades, por omisión.
“No es correcto lo que dice el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública, al señalar que el alto tribunal hizo referencia de que el homicida es el único responsable, pues el asunto que se discutió tenía que ver con la indiferencia de las corporaciones policiacas para la protección de los habitantes de la Laguna de San Vicente”, señaló Martínez.
Agregó que la Comisión Estatal ejecutiva de Atención a Víctimas no es la autoridad involucrada en la resolución del Tribunal, sino el TEJA.
La resolución de Tribunal Colegiado corresponde al caso en el que Oscar Candelas Reyes, delegado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, figura como defensor de procesado por el homicidio en Laguna de San Vicente.
El Congreso del Estado aprobó hace dos semanas un punto de acuerdo para solicitar a la CEAV reconsiderar el nombramiento de Candelas Reyes como delegado de atención a víctimas por considerar que actúa como juez y parte. En el acuerdo hacen referencia al caso de la Noria de San José.
“Hasta el día de hoy no tenemos el conocimiento de que haya renunciado al cargo de defensor del procesado por el Caso Jair”, señaló la abogada Laura Martínez.
