Desiree Madrid
En una mesa instalada entre estantes de la Librería Española en el Centro Histórico de San Luis Potosí, integrantes de organizaciones civiles, culturales y representantes del sector profesional presentaron este viernes el “Manifiesto por la Paz, el Estado de Derecho y la Defensa de nuestro Patrimonio”.
La lectura del documento surgió a partir de los daños registrados el pasado 8 de marzo durante la movilización feminista, una jornada que cada año congrega a miles de mujeres en las calles y que en esta ocasión también dejó intervenciones iconoclastas en diversos edificios del primer cuadro de la ciudad.
La presentación inició con la participación de Juan Carlos Hernández, director de la Asociación de Educación Artística y Cultural Gran Tunal, quien explicó que el posicionamiento surge de colectivos y ciudadanos que han trabajado en proyectos culturales y de preservación patrimonial.
“Mi nombre es Juan Carlos Hernández, soy el director de la Asociación de Educación Artística y Cultural del Gran Tunal, una asociación independiente de San Luis Potosí”, señaló al abrir la rueda de prensa, donde también mencionó que su organización ha participado en distintas iniciativas vinculadas con la difusión cultural y la restauración del patrimonio local.
La lectura del documento estuvo a cargo del arquitecto José Eduardo Briones Rivera, presidente del Colegio de Arquitectos de San Luis Potosí, A.C. (CASLP). En su intervención enumeró las afectaciones detectadas en la parroquia del Sagrario Metropolitano y el Templo de la Compañía tras la jornada del 8 de marzo.
“El portón de la capilla de Nuestra Señora de Loreto, de por lo menos 400 años de antigüedad, fue incendiado, al igual que la puerta del Templo de la Compañía”, indicó durante la lectura, donde también se mencionaron daños en pilastras de cantera, la caída de la cruz atrial y pintas en las fachadas de ambos templos.
El documento también describe afectaciones en áreas internas del inmueble religioso. De acuerdo con lo expuesto por Briones Rivera, algunas ventanas del área donde se resguarda el archivo parroquial fueron rotas, un espacio que conserva documentos históricos de varios siglos.
“Fueron rotos los vidrios de las ventanas de los espacios dedicados al archivo parroquial, en donde se resguardan documentos que datan del siglo XVI”, señaló, además de mencionar rastros de hollín en esculturas, cuadros y en parte del altar barroco a causa del humo generado en el exterior.
Durante la rueda de prensa se recordó que desde octubre de 2025 se realizaban trabajos de restauración en la fachada del Templo de la Compañía con autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y con recursos aportados por la propia comunidad. Antes de la movilización del 8 de marzo, se retiraron andamios, plataformas y estructuras de madera, además de colocar protecciones en portones y aplicar una capa de arcilla sobre la cantera para reducir posibles afectaciones por pintas.
El manifiesto plantea un llamado a las autoridades para reforzar la protección del patrimonio histórico durante movilizaciones masivas. En el documento se subraya que “el Estado debe garantizar sin excepción el resguardo de todos los inmuebles históricos, civiles y religiosos”, recordando que los templos abiertos al culto forman parte del patrimonio de la nación y que su deterioro puede constituir un delito federal.
Al responder preguntas de reporteros sobre la magnitud económica de los daños, el arquitecto José Eduardo Briones Rivera evitó reducir el tema a una cifra concreta.
“No es tanto el costo lo que vale… es la acción, es la pérdida de nuestra identidad”, expresó, al señalar que algunos elementos decorativos de cantera dañados pueden resultar difíciles de recuperar con exactitud, lo que podría provocar deterioros progresivos en el inmueble.
En la rueda de prensa también participó Carlos Andrés Cárdenas, integrante de la comunidad civil que respalda el posicionamiento. Señaló que el Instituto Nacional de Antropología e Historia realizaría labores de inspección para documentar con mayor precisión los daños. A partir de ese diagnóstico será posible determinar el alcance real de las afectaciones y las acciones necesarias para su restauración.
Por su parte, Mónica Heredia, representante de Nuestro Centro, abordó los efectos que este tipo de intervenciones puede tener en el entorno urbano y en la actividad comercial del Centro Histórico.
Reconoció que las manifestaciones parten de demandas legítimas frente a la violencia de género, pero que desde su perspectiva el daño a inmuebles o comercios no contribuye a resolver el problema.
“Entendemos que hay muchas situaciones en las que la autoridad ha quedado a deber a las personas agredidas… pero no hay necesidad de dañar el entorno para demostrar que realmente hay un inconformismo”, afirmó.
Hacia el cierre del encuentro, los organizadores señalaron que el manifiesto busca abrir una discusión más amplia sobre la preservación del patrimonio y el uso del espacio público.
De acuerdo con lo expuesto durante la conferencia, el documento había reunido cerca de mil firmas en pocas horas. Para quienes lo impulsan, el objetivo es que la discusión no se limite a los daños visibles, sino que derive en acuerdos para proteger tanto el patrimonio histórico como el derecho de la sociedad a manifestarse.
