Organizaciones civiles se amparan contra traslados de mujeres privadas de la libertad

Marcela Del Muro

Tras la denuncia de violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad que han sido trasladadas al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Xolol, dos organizaciones civiles en el estado, Lúminas y Educiac, presentaron amparos contra el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, José Luis Ruiz Contreras, con el fin de suspender los traslados involuntarios y restituir las garantías de derechos de las mujeres.

Educiac y Lúminas Centro de Derechos Humanos son organizaciones con años de experiencia en la promoción y defensa de los derechos humanos de grupos vulnerables, principalmente. Ambas asociaciones coinciden en que los traslados han fracturado las dinámicas familiares de las mujeres internas, contribuido e incrementado el aislamiento y el abandono, vulnerado la salud mental y física, y violado su derecho a la reinserción social.

“Es indispensable el reconocimiento público y social de las obligaciones del Estado de garantizar los derechos humanos de las mujeres, que no se diluyen al ser privadas de la libertad. Los traslados son actos discriminatorios porque no consideran las necesidades específicas ni el impacto que tienen en la vida de las mujeres, que ya de por sí viven los impactos diferenciados y consecuencias desproporcionadas a partir de su encarcelamiento”, refiere la antropóloga Sofía Córdova, de Educiac.

“Estas mujeres, muchas de las cuales son madres, cuidadoras y jefas de familia, enfrentan un contexto de especial vulnerabilidad derivado de la discriminación estructural de género y la exclusión social. Al ser trasladadas a un centro remoto, no sólo se lesiona su derecho a la reinserción social, sino también su conexión con sus redes familiares y comunitarias, que son esenciales para su bienestar emocional y psicológico”, explica la maestra Fátima Alvizo, de Lúminas.

Ambas organizaciones hablan de discriminación porque el Estado sólo traslada a las mujeres privadas de la libertad a más de 350 kilómetros de la capital del estado, donde la mayoría tiene a su familia, con la justificación del cumplimiento de la recomendación 73/2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que exigía que las mujeres cuenten con, por lo menos, un Centro Femenil de Reinserción Social. Sin embargo, se señalaba que este penal debería de garantizar sus derechos a la alimentación, a la protección de la salud, a la reinserción social, al trabajo, entre muchos otros, que hasta el momento el Cereso de Xolol no les brinda.

“No toma en cuenta las necesidades específicas de género ni las recomendaciones establecidas en instrumentos internacionales, como las Reglas de Bangkok y las Reglas Mandela. Dichos estándares enfatizan que las decisiones relacionadas con la privación de libertad deben considerar el contexto social y familiar de las mujeres, evitando prácticas que agraven su aislamiento o dificulten su reintegración”, señala Alvizo.

Gabriela Silva, quien funge como abogada en los amparos y trabaja con mujeres privadas de la libertad a través de su asociación civil Organización para Chicas, relata que estos traslados, desde los primeros en septiembre de 2023 hasta el último el pasado 7 de enero, se realizaron sin avisar previamente a las internas y a sus familias, en condiciones inadecuadas y sin garantizar que las instalaciones contaran con los recursos necesarios para atender las necesidades específicas de las mujeres.

Para la antropóloga Sofía Córdova, el cumplimiento de la recomendación debería de respetar el principio de progresividad de los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad.

“Lo que están generando con estos traslados es lo contrario; no solamente por las condiciones bajo las que esto sucede, sino porque profundiza el aislamiento social, obstaculiza el derecho a la reinserción social y afecta sus derechos, entre ellos a la salud y al trabajo”.

Los amparos denuncian las condiciones precarias del Xolol

Fátima Alvizo, de Lúminas, explica que el amparo también señala las malas condiciones del penal de Xolol que no cumple con los estándares mínimos para el internamiento. 

“Desde la alimentación hasta la atención médica y la infraestructura, estas deficiencias no solo vulneran sus derechos fundamentales, sino que ponen en riesgo su dignidad y bienestar. Este caso no solo se trata de las mujeres que están siendo trasladadas, sino también de la defensa de un sistema penitenciario que respete los principios de humanidad, legalidad y reinserción social”, enfatiza la maestra Alvizo.

Tanto Lúminas como Educiac coinciden en que el cumplimiento de la recomendación de la CNDH no debe de socavar los derechos humanos de las reclusas ni ir por encima de los estándares y obligaciones nacionales e internacionales que buscan la protección de la dignidad y los derechos de las mujeres privadas de la libertad.

“México ha adoptado marcos normativos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las Reglas Mandela, que establecen que la dignidad humana y los derechos de las personas privadas de la libertad deben ser respetados en todo momento, sin excusas ni excepciones”, indica Fátima Alvizo.

En los últimos días el Estado ha argumentado que únicamente se han trasladado a las mujeres que ya cuentan con sentencia firme, hecho que es desmentido por el Colectivo de familiares de mujeres privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios de La Pila y Xolol.

“Se las están llevando a todas”, lamentan las familias.

Lúminas denuncia que muchas de las mujeres se encuentran recluidas bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, es decir, se encuentran presas sin que la autoridad haya demostrado su culpabilidad.

“Están encarceladas no como consecuencia de una sentencia firme, sino por un sistema que, en lugar de proteger la presunción de inocencia, termina castigándolas de manera anticipada. Esta realidad hace que la situación sea aún más grave, pues muchas de ellas ni siquiera deberían estar enfrentando estas condiciones, y su traslado a un centro penitenciario con aún mayores carencias solo agrava las violaciones a sus derechos”, señala Alvizo.

El Colectivo de familias de mujeres presas expresaron en su más reciente comunicado que ninguna mujer privada de la libertad merece vivir en condiciones precarias e inhumanas, quitándoles sus derechos a una vida digna.

“Las prisiones no pueden seguir siendo espacios de tortura, violencia y deshumanización para las mujeres. Al contrario, deben transformarse en lugares que posibiliten la verdadera reinserción social, basada en la justicia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos”, señalan las familias.

Se agrava el deterioro de salud de las mujeres internas 

Uno de los hechos que más preocupa al colectivo de familias son las malas condiciones de salubridad que viven las mujeres en la prisión de Xolol y la falta de atención médica; explican que entre las reclusas hay adultas mayores que necesitan atención especializada que será difícil brindarla en la Huasteca, donde se encuentra el penal de Xolol.

La abogada Gabriela Silva menciona que el deterioro de la salud física y mental de las reclusas no es algo nuevo.

“Es resultado de años de condiciones penitenciarias que han empeorado constantemente en San Luis Potosí, este deterioro no es exclusivo de los traslados, aunque sí han exacerbado significativamente la situación”.

Un ejemplo claro es una denuncia reciente de los familiares donde señalan que, en ambos penales, Xolol y La Pila, las mujeres son atendidas por médicos hombres, violando su derecho a la salud. Esto resalta en la prisión Huasteca pues, se supone, es un centro de reclusión exclusivo para mujeres.

“Por obvias razones no puede tocarlas, entonces, únicamente las diagnóstica con la vista, por lo que sus diagnósticos no son precisos. La mayoría de las mujeres traen presión alta porque no pueden dormir y, actualmente, hay dos mujeres embarazadas que andan por las mismas. Están viviendo violencia psicológica”, cuentan las familias sobre sus familiares en La Pila. 

En Organización para Chicas llevan aproximadamente tres años investigando las complejidades médicas que viven las mujeres privadas de la libertad en San Luis Potosí, específicamente sobre sus derechos sexuales y reproductivos.

“En nuestra investigación se reafirmó que es una necesidad crítica la atención médica adecuada con perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos, especialmente en un sistema donde se invisibiliza; si en La Pila no había condiciones adecuadas, en Xolol mucho menos”, explica la abogada Gabriela Silva.

El aislamiento de las mujeres que ha sido generado por el Estado también preocupa a las familias, quienes temen que sus familiares caigan en depresión por la imposibilidad de visitarlas tan frecuentemente.

“Es una decisión que afecta al colectivo de mujeres privadas de la libertad y a sus familiares, quienes también son, principalmente, mujeres las que acompañan, visitan y representan sus redes de apoyo. La mayoría de las mujeres están más cerca de sus familiares en la capital. El penal de Xolol está aproximadamente a seis horas de la capital y esto reduce las posibilidades de realizar visitas con frecuencia, por la distancia y por los recursos que implica. Ese traslado genera exclusión de la vida social y familiar, y somete a las mujeres a un escenario de abandono contrario a su derecho a la reinserción social. El traslado también atenta contra el artículo 18 constitucional”, señala Sofía Córdova.

Las familias del Colectivo señalan la insensibilidad del Estado. Las últimas declaraciones que intentan desmentir la realidad que viven las mujeres privadas de la libertad y el aislamiento al que han sido sometidas, solo demuestra una falta de empatía a los impactos que tienen los traslados para ellas, sus hijos e hijas y sus familias. Exigen respeto a los derechos humanos de sus mujeres presas.

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