Fernanda Durán
Padres de familia del Colegio Héroes de la Revolución, ubicado en Calzada de Guadalupe número 445, denunciaron un caso de violencia física entre estudiantes que, según acusan, fue minimizado por las autoridades escolares, a pesar de las afectaciones físicas y emocionales causadas a uno de los menores.
El incidente ocurrió el pasado miércoles dentro del plantel cuando, de acuerdo con testimonios, una alumna se lanzó sobre un compañero y lo sujetó del cuello en medio de un conflicto relacionado con un objeto en el piso. Otro menor intervino para defender al agredido, sin que la agresión se detuviera hasta ese momento.
La madre del menor fue notificada por la maestra aproximadamente media hora después del hecho. Al acudir al colegio, encontró a su hijo aún en el lugar donde ocurrió la agresión, sin atención médica formal, salvo la aplicación de árnica. Tampoco estaban presentes ni la directora ni el subdirector en ese momento.
Después de una espera de al menos 15 minutos para que llegara el personal directivo, y otros 30 minutos en lo que se realizaban trámites relacionados con el seguro escolar, el niño fue finalmente trasladado a un hospital.
Al día siguiente, aunque fue citada por la directora, la madre del menor no fue recibida. Fue el subdirector quien accedió a entablar una reunión con los padres de la presunta agresora, durante la cual se solicitó asumir los gastos médicos.
No obstante, la familia del menor denunció que el video del incidente que se les mostró estaba cortado y que las autoridades minimizaron la gravedad del caso.
Además de los gastos médicos ya cubiertos, la madre del menor busca que la familia de la alumna que agredió a su hija se haga responsable también de las terapias físicas necesarias, debido a que presenta molestias para moverse y correr, lo que ha impedido que regrese a clases con normalidad.
Por su parte, la escuela asegura que tanto ellos como la madre de la alumna señalada han manifestado su disposición para cubrir el costo de las terapias, siempre y cuando se realice una valoración en una institución pública, como el IMSS o el ISSSTE a fin de contar con una segunda opinión médica oficial.
Para ello, solicitaron las radiografías del menor, a pesar de que ya cuentan con la documentación médica generada tras la atención inicial en la que se diagnosticó un esguince cervical.
En entrevista con medios de comunicación, directivos del colegio describieron el hecho como un conflicto espontáneo entre menores en la hora de receso. Atribuyeron la agresión a una reacción momentánea de enojo.
“Nunca había sido como que él la molestara o ella a él, o sea fue ese día la reacción de ese momento”.
También señalaron que no había antecedentes de acoso escolar entre los menores involucrados.
“[La alumna] estaba muy molesta, lo agarra de esta parte de la cabeza y lo jala hacia abajo. Nunca lo golpeó contra el suelo, o sea, nada más porque el jalón hacia abajo”.
Aun cuando la madre del menor notificó a la escuela que su hijo ha tenido dificultad para moverse y que actualmente asiste a terapia psicológica, la directora reconoció que desconocía ese impacto emocional.
“Me sorprendió mucho todo lo que me empezó a comentar (…); nunca me mencionó que el niño estaba mal psicológicamente.”
En la misma entrevista, la directora hizo alusión a una supuesta situación en la escuela anterior del niño que, aunque dijo no poder comentar oficialmente, usó como contexto para describir a la madre como una persona “problemática”, lo cual ha generado preocupación por una posible revictimización y estigmatización del entorno familiar del menor.
Sobre las acciones correctivas, el colegio afirmó haber seguido el protocolo institucional, incluyendo la bitácora de la maestra y la revisión de las cámaras. Sin embargo, indicaron que no podían suspender a los estudiantes involucrados debido a restricciones normativas.
“No nos permiten el suspender como tal, alumnos. Ahorita la verdad es que con derechos humanos ya está muy complicado esa parte, porque ya entra toda la parte de exclusión o discriminación”.
Los padres refieren que no se trata de un hecho aislado, sino que hubo casos anteriores donde, ante situaciones de agresión física entre estudiantes, la respuesta institucional ha sido justificar la violencia como impulsos naturales o reacciones emocionales propias de la edad.
En un caso adicional, una alumna recibió imágenes íntimas sin su consentimiento por parte de otro alumno. La escuela afirmó que ese hecho no ocurrió dentro de sus instalaciones, pero como medida preventiva implementó cursos de sensibilización dirigidos tanto al alumnado como a madres y padres de familia, con el fin de abordar la importancia del respeto a la privacidad y el consentimiento.
A pesar de estas acciones, familiares de víctimas consideran que persiste una tendencia institucional a minimizar o desviar los casos, lo que propicia un ambiente de impunidad y revictimización.
