Fernanda Durán
El Congreso del Estado recibirá este martes 10 de febrero una nueva iniciativa del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) para expedir la Ley Reglamentaria de la fracción XXX del artículo 80 de la Constitución del Estado, con el objetivo de establecer un procedimiento claro para la concesión del indulto por delitos del fuero común, facultad que desde agosto de 2025 corresponde al Poder Ejecutivo estatal.
La propuesta se presenta en el contexto de la reforma constitucional aprobada en agosto de 2025, mediante la cual el Congreso redefinió las atribuciones en materia de amnistía e indulto, dejando pendiente la creación de la legislación secundaria que regule su aplicación. Desde entonces, el indulto quedó como una facultad del Ejecutivo, pero sin una ley que establezca requisitos, procedimientos y límites.
Previo a la presentación formal de la iniciativa, el coordinador parlamentario del PAN, Rubén Guajardo Barrera, explicó que se trata de la primera propuesta del grupo en el actual periodo legislativo.
Guajardo Barrera indicó que la iniciativa busca atender un vacío normativo que persiste desde que se otorgó un indulto en la presente legislatura, sin que existiera un procedimiento reglamentado.
“Como ustedes saben, anteriormente en este gobierno, con esta legislatura, se llevó a cabo un indulto. Pero lo que estamos buscando es que tenga un proceso muy claro para que quien lo solicite se pueda cumplir con un procedimiento preciso y claro, y que no quede al contentillo o que no quede muy claro si el indulto se debe dar o no”.
De acuerdo con el documento presentado por la diputada Mireya Vancini y los diputados del PAN, Marcelino Rivera y Rubén Guajardo, la propuesta plantea expedir una Ley Reglamentaria que establezca los requisitos, etapas y condiciones bajo las cuales la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado podrá conceder el indulto, conforme a lo previsto en el artículo 80, fracción XXX, de la Constitución estatal.
El proyecto define al indulto como una gracia que extingue la potestad de ejecutar penas y medidas de seguridad impuestas en sentencia ejecutoria, con excepción del decomiso de bienes relacionados con el delito y la reparación del daño.
Asimismo, precisa que únicamente podrán solicitarlo personas que se encuentren compurgando penas privativas de libertad impuestas por tribunales del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Entre los requisitos que establece la iniciativa se encuentran: ser primo delincuente; que la pena de prisión no exceda de diez años; que el delito no sea considerado grave; acreditar un alto grado de reinserción social y no representar un riesgo para la seguridad pública, mediante dictamen del órgano ejecutor de la sanción; y haber cubierto la reparación del daño impuesta en sentencia.
El proyecto también incorpora un mecanismo de publicidad y participación de las víctimas, al establecer que, una vez verificados los requisitos, el Ejecutivo deberá ordenar la publicación de un extracto de la solicitud de indulto en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de mayor circulación, para que las víctimas puedan manifestar su oposición dentro de un plazo determinado.
La iniciativa señala que, una vez concluido el periodo de publicaciones y analizados los argumentos de las víctimas, la autoridad competente deberá elaborar un dictamen en el que se determine la viabilidad o improcedencia del indulto. En caso de concederse, se ordenará la notificación inmediata a la persona solicitante y a la autoridad penitenciaria correspondiente para hacer efectiva la liberación.
La presentación de esta iniciativa ocurre meses después de que el Congreso aprobó la reforma constitucional que separó las figuras de amnistía e indulto, asignando la primera al Poder Legislativo y la segunda al Ejecutivo. Sin embargo, dicha reforma no creó la ley reglamentaria, sino que abrió un plazo de 150 días para su posterior elaboración.
En ese contexto, Guajardo Barrera sostuvo que el objetivo es evitar discrecionalidad en futuras decisiones.
