Por Eduardo Delgado
Este lunes, casi enseguida de que el alcalde capitalino, Ricardo Gallardo Juárez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), consideró que “ya está todo bien claro” sobre el pago de más 34 millones de pesos a Sandra Sánchez Ruiz, por concepto de compra de medicinas para personal de confianza del Ayuntamiento, un grupo de ciudadanos “armados con Gallardía” hizo llegar un escrito al alcalde, regidores y síndicos municipales, cuya primera firma es la de la esposa del extinto doctor Salvador Nava, Concepción Calvillo, a través del que requirieron copia de la documentación real que acredite la adquisición.
Por la mañana, entrevistado en el estacionamiento de la Unidad Administrativa Municipal (UAM), luego de dar el banderazo de arranque del programa de Apoyo Alimentario, consistente en el reparto de despensas, Gallardo Juárez dio por cerrado el tema relativo a la adquisición de fármacos a Sandra Sánchez Ruiz, propietaria de una pequeña farmacia localizada en la calle San Luis, en la colonia San Felipe, de Soledad de Graciano Sánchez.
“Ya es puro darle con lo mismo, ya hablamos mil veces, entonces…pues caramba, ya todo está todo bien claro…lo que necesiten de papelería física que les den copia en Oficialía y se acabó”, declaró el edil perredista en tono de fastidio.
Menos de dos horas después más de una docena de personas, encabezadas por Manuel Nava Calvillo, ingresó a la UAM para entregar en las oficinas de los miembros del Cabildo, un documento suscrito por 74 ciudadanos, entre éstos Gonzalo Benavente González, quien el pasado 15 de abril renunció al cargo Director de Desarrollo Económico en la administración “Gallardista”.
“Ante la ausencia de una explicación seria (…) como ciudadanos que tenemos derecho a conocer a detalle el uso que se da a los recursos públicos, por nosotros aportados vía impuestos, atentamente les solicitamos:
“Se nos proporcione copia de toda la documentación comprobatoria real” de las requisiciones, elección de proveedora, facturación, pólizas de pago, recepción, distribución y beneficiarios, así como todo documento que “aporte claridad sobre la justificación y destino” de los medicamentos comprados, “no documentos elaborados para tratar de engañar”.
En virtud de la evidente intención de “ocultar” el destino de las “cantidades millonarias” erogadas en la compra de medicinas, exigieron a los integrantes del Cabildo llamar a cuentas y sancionar “a quienes tratan de burlarse de la ciudadanía”.
“Han pasado más de 50 días desde que esta adquisición fue revelada, por lo que es necesario recordarles que cada día que pasa, el silencio de ese Cabildo ante situaciones irregulares como la que nos ocupa, los convierte en cómplices de actos en contra del interés general. Les exigimos que actúen como auténticos representantes populares, y adopten las medidas necesarias para frenar actitudes autoritarias”.
“En espera de su pronta respuesta, señalamos como domicilio para recibir la notificación correspondiente el ubicado en la calle Mariano Arista No. 1080 Barrio de Tequisquiapan”, cuya vivienda ocupa Concepción Calvillo y fue la que ocupó en vida el doctor Salvador Nava Martínez, líder civilista de quien el pasado 18 de mayo se conmemoró el 24 aniversario de su deceso.
Nava Martínez encabezó el denominado movimiento “navista”, que hace 25 años, en 1991, movilizó a miles de potosinos en desacuerdo con el fraude electoral orquestado entonces por el Partido Revolucionario Institucional a favor de Fausto Zapata Loredo, quien apenas once días después de asumir la gubernatura del Estado renunció a ese cargo.
Entrevistados en la UAM, uno de los inconformes precisó la razón de su exigencia en torno al pleno esclarecimiento de la compra de medicamentos: “Somos simples ciudadanos, apartidistas, exigiendo la simple rendición de cuentas, que es un derecho que tenemos como ciudadanos”.
“Ya estamos cansados de la opacidad. No es posible seguir como estamos; en el Municipio hay corrupción, impunidad y mucha opacidad. Las explicaciones (ofrecidas hasta ahora por el Ayuntamiento) son completa y totalmente ilógicas; no son coherentes, ni contable ni legalmente”, subrayó Edgardo Rubín de Celis, quien el año pasado contendió como candidato no registrado a la gubernatura del Estado.
“Nuestro derecho no puede estar limitado por una simple declaración”, precisó Héctor Blanco Cedillo, en respuesta a un reportero que le planteó la postura establecida un par de horas antes por el alcalde, en el sentido de que el caso ya está aclarado.
Máxime, añadió Blanco Cedillo, “que su información y sus declaraciones son totalmente falsas y las apoya en documentos apócrifos”, agregó.
Hugo Stvens Amaro recordó que durante las dos administraciones del extinto Salvador Nava y la de Guillermo Pizzuto Zamanillo, como alcaldes, imperó la transparencia y rendición de cuentas, sin que la ley les obligase a ello.
En esa tesitura estableció que la pretensión de ese grupo de ciudadanos es que el Ayuntamiento “vuelva a ser una caja de cristal”, porque la opacidad y el manejo patrimonialista de los recursos públicos “es absolutamente condenable”.
