Fernanda Durán
La llamada “Ley Gobernadora” de San Luis Potosí no solo ha abierto un debate sobre paridad de género, sino que ha colocado al estado en el centro de una discusión nacional sobre los límites constitucionales de las acciones afirmativas. A pesar de que el Congreso local declaró cumplido el aval constitucional tras la aprobación de la mayoría de los cabildos el pasado 26 de diciembre, lo cierto es que, al 7 de enero, la reforma electoral aún no ha sido publicada en el Periódico Oficial del Estado.
Jurídicamente, esto significa algo elemental pero decisivo: la reforma no ha entrado en vigor y, por tanto, tampoco ha iniciado el plazo para la presentación formal de acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ese vacío temporal no ha frenado, sin embargo, la judicialización anticipada del tema. En el mes de diciembre, horas después de su aprobación en el Congreso local, el Tribunal Electoral del Estado recibió un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido contra lo que el propio actor identifica como la “declaración o proyecto de reforma electoral” que obligaría a postular exclusivamente mujeres a la gubernatura.
Más allá del fondo del planteamiento, el hecho resulta revelador: la reforma aún no es derecho vigente, pero ya está siendo combatida en tribunales. No es un dato menor, se trata de una impugnación presentada en una fase inicial del proceso, dirigida contra un acto que ocurrió antes de que la reforma entrara en vigor. Por ello, que pueda o no avanzar dependerá de la evaluación que haga el propio tribunal sobre si procede analizarla..
Más que el desenlace de esta impugnación en particular, lo significativo es lo que anticipa: el conflicto no concluyó con el aval de los cabildos, sino que abrió una etapa de litigio y revisión constitucional que apenas comienza.
Desde el punto de vista constitucional, lo que previsiblemente llegará a la Corte no es una discusión sobre la paridad en sí misma —principio ya reconocido y consolidado—, sino sobre la proporcionalidad y razonabilidad de imponer por ley la exclusividad total de un género en una elección completa.
Los argumentos están claros: la posible violación al derecho de ser votado, la invasión de facultades al alterar la equidad de la contienda y la ausencia de una alternancia progresiva dictada desde criterios nacionales, no locales y coyunturales.
No es un dato menor que la reforma permanezca sin publicación justo cuando la Presidencia de la República aún no ha hecho público su análisis de constitucionalidad, previsto para mediados de enero. La coincidencia refuerza la percepción de que, más que un trámite pendiente, existe una pausa deliberada ante el riesgo de un revés jurídico.
San Luis Potosí no está discutiendo solo si en 2027 habrá una mujer en la boleta. Está discutiendo si las acciones afirmativas pueden imponerse sin medir su impacto constitucional y si la paridad se fortalece cerrando la competencia o garantizando reglas que resistan el escrutinio jurídico. La respuesta, como ya ocurrió en otros momentos clave de la vida electoral, no la dará el Congreso local. La dará, una vez más, el tribunal constitucional.
Y ya que estamos…
La designación de Georgina González Cázares como directora de la Facultad de Derecho cierra, en lo formal, una de las etapas más tensas que ha vivido la UASLP en los últimos años. Que por primera vez en más de siete décadas una mujer encabece la facultad responde a una demanda legítima de la comunidad estudiantil y constituye un hecho histórico.
No obstante, el contexto obliga a una lectura menos celebratoria: la nueva directora surge del mismo entramado de relaciones y equilibrios internos que han marcado el rumbo de la facultad. El respaldo de un bloque político frente a las objeciones jurídicas de otros sectores dejó claro que la disputa no fue solo por el género, sino por el control del proceso.
Los mensajes posteriores a la votación, que hablaron de una “batalla ganada”, refuerzan la idea de un triunfo de grupo más que de una transformación institucional. Será el tiempo —las decisiones que se tomen y, en su caso, lo que determine el análisis de fondo de las impugnaciones aún en trámite— el que dirá si este nombramiento abre una etapa distinta o si la universidad continúa resolviendo crisis sin alterar las estructuras que las generan.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente se desempeña como reportera en Astrolabio Diario Digital y ha colaborado en El Sol de San Luis, donde fue jefa de información. Su trabajo se enfoca en la cobertura de temas políticos, judiciales y derechos humanos, con experiencia en medios digitales e impresos.
