Fernanda Durán
La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Jesús Ramírez Cuevas —Coordinador de Asesores de la Presidencia de la República— realizó este 5 de noviembre en San Luis Potosí la audiencia pública originalmente prevista para el 28 de noviembre, como parte de los foros nacionales que recaban opiniones y propuestas ciudadanas rumbo a la iniciativa de reforma electoral que se presentará a la Presidencia en enero de 2026.
El encuentro reunió a magistradas, consejeras, legisladores, académicos y representantes ciudadanos, quienes coincidieron en que cualquier modificación al sistema electoral debe garantizar tres principios fundamentales: fortalecer el federalismo y la autonomía de los organismos locales, profundizar la inclusión y la paridad sustantiva, y modernizar los procesos electorales con transparencia y participación ciudadana.
Zelandia Bórquez plantea paridad histórica en gubernaturas y alcaldías
La magistrada Zelandia Bórquez Estrada centró su intervención en la necesidad de garantizar que las mujeres accedan efectivamente a los cargos ejecutivos de elección popular, al recordar que, pese a los avances en paridad legislativa, persiste una desigualdad estructural en las gubernaturas y presidencias municipales.
“La reforma constitucional de 2019 en materia de paridad estableció el principio de paridad en todo, extendiendo esta obligación a los tres poderes del Estado y a todos los niveles de gobierno”.
Propuso que la nueva reforma contemple la figura de “paridad histórica”, que obligue a los partidos a postular exclusivamente mujeres en aquellas entidades donde nunca ha habido una gobernadora.
“En aquellas entidades en donde nunca han gobernado las mujeres deban ser postuladas solo candidatas mujeres a dichos cargos”, afirmó, al reiterar en un par de ocasiones que San Luis Potosí se encuentra entre esos estados.
Asimismo, planteó medidas institucionales para garantizar el acceso efectivo de las mujeres a esos espacios de poder, como la creación de protocolos de protección para candidatas, observatorios de violencia política de género, capacitación obligatoria con perspectiva de género y financiamiento equitativo y etiquetado para mujeres aspirantes.
“La democracia será paritaria o no será democracia”.
Congreso plantea transferir facultades de consulta al INE y los OPLE
En representación del Congreso del Estado, Iván Alejandro Alarcón Villegas propuso reformar la legislación para que el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos públicos locales electorales (OPLEs) estén facultados para realizar las consultas a pueblos indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad que actualmente se ordenan a los congresos estatales.
Explicó que las legislaturas locales carecen del personal técnico y la experiencia necesaria para organizar consultas conforme a los lineamientos judiciales, lo que ha provocado que múltiples reformas sean invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Las consultas son un ejercicio de participación democrática en el país… Creo que es pertinente que el mismo INE, a través de sus OPLEs, también esté facultado para realizar las consultas que a petición de parte deban realizarse”.
Alarcón sostuvo que trasladar esta función permitiría evitar conflictos judiciales y garantizar el cumplimiento efectivo del derecho a la consulta previa y participativa que reconocen los tratados internacionales y la legislación mexicana, al evitar que las leyes queden “flotando” por consultas rechazadas.
Autoridades locales defienden el federalismo electoral
Las magistradas Denisse Adriana Porras Guerrero y María Carolina López Rodríguez, junto con las consejeras Graciela Díaz Vázquez, Karla Solís Dibildox, la funcionaria electoral Lisbeth Lara Tobar y la presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), Paloma Blanco López, coincidieron en que la desaparición o centralización de los organismos electorales locales representaría un retroceso en materia de federalismo y democracia.
Díaz Vázquez advirtió que “la autonomía estatal no debe ser socavada por disposiciones centralizadoras de la función electoral” y que debe haber certeza presupuestaria como una condición indispensable para garantizar la operación eficiente del sistema local.
Solís Dibildox recordó que el Ceepac fue el primer organismo electoral ciudadano del país, además de las medidas afirmativas que han impulsado la participación política de mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y personas con discapacidad.
Por su parte, Blanco López planteó que la eventual reforma debe fortalecer la coordinación entre el INE y los OPLEs, garantizar su autonomía financiera, impulsar la innovación tecnológica y establecer mecanismos de evaluación con participación ciudadana.
Propuestas sobre fiscalización, justicia y tecnología
El abogado Jorge Escudero Villa propuso incluir a los partidos políticos con voz, pero sin voto, en la Comisión de Fiscalización del INE, a fin de garantizar una revisión más transparente de los recursos; mientras que Marco Antonio Arzate Camacho, del Congreso del Estado, planteó la creación de mecanismos de fiscalización en tiempo real con apoyo tecnológico, para evitar omisiones en los informes de precampaña y campaña.
En tanto, el magistrado Ángel Gonzalo Santiago Hernández sugirió incorporar urnas electrónicas en los procesos electorales federales y locales, al señalar que su implementación “reduciría costos, eliminaría votos nulos y agilizaría el conteo de resultados”, además de fomentar la participación ciudadana.
El consejero electoral Juan Manuel Ramírez García propuso revisar el calendario electoral ante la coincidencia de elecciones judiciales y políticas en 2027, sugiriendo ajustar los plazos o separar las fechas para evitar saturación operativa y mejorar la participación ciudadana.
Señaló que la experiencia reciente en San Luis Potosí demostró la complejidad de organizar elecciones judiciales junto con comicios tradicionales.
A lo largo del foro, las 16 intervenciones giraron en torno a tres ejes centrales:
- Fortalecer el federalismo electoral y la permanencia de los organismos públicos locales (OPLEs) como garantes de autonomía, pluralidad y cercanía con la ciudadanía.
- Garantizar la inclusión y la paridad sustantiva, mediante medidas afirmativas, paridad histórica y mecanismos de protección y financiamiento equitativo para mujeres y grupos vulnerables.
- Modernizar y transparentar el sistema electoral con herramientas tecnológicas, fiscalización digital, urnas electrónicas y coordinación institucional entre el INE y los órganos locales.
Al concluir la audiencia, Jesús Ramírez Cuevas, representante de la Comisión Presidencial para la reforma electoral, agradeció la participación de las y los ponentes y subrayó que el foro permitió “defender el federalismo electoral, el federalismo judicial y reflexionar sobre las acciones afirmativas”.
Afirmó que la complejidad técnica del derecho electoral, “a veces oscurece a la opinión pública de qué se trata ese debate”, pero el ejercicio permite acercar el tema a la ciudadanía.
Ramírez Cuevas advirtió que aún es necesario “reflexionar sobre cómo hacer justicia a las minorías sin llegar al extremo de que las identidades sustituyan la representatividad”, al referirse a los límites de las políticas afirmativas.
Mencionó que, si bien la violencia política de género es un tema actual, “se ha abusado tanto quienes han demandado en algunos casos (…) como las resoluciones de tribunales que han llegado a extremos como la censura a periodistas o castigos a ciudadanos”.
Finalmente, prometió que las propuestas serán analizadas e incorporadas en la iniciativa presidencial, además de declarar que “somos el país que más avances tiene en razón de paridad de género del mundo” y que la democracia no puede existir “sin justicia social ni sin participación de los ciudadanos”.
