María Ruiz
La convocatoria a un paro nacional por parte de transportistas y productores agropecuarios para el próximo lunes 24 de noviembre encendió alertas en el sector industrial potosino, que anticipa efectos inmediatos en la operación de empresas y en la circulación de mercancías en todo el país.
Desde Industriales Potosinos A.C. (IPAC), su presidente Rodrigo Sánchez Espinosa advirtió que los bloqueos carreteros programados en distintos estados no solo interrumpen la movilidad, sino que provocan un “frenazo” en la cadena de suministro, afectando tanto el abasto de insumos como la distribución de productos terminados.
La interconexión logística nacional —destacó— convierte cualquier cierre en una afectación de alcance amplio.
Explicó que estados como Michoacán son puntos estratégicos de ingreso de mercancías importadas por el puerto de Lázaro Cárdenas, esenciales para varias empresas instaladas en San Luis Potosí. Un cierre en esa ruta dejaría sin insumos a múltiples plantas; del mismo modo, si la carretera 57 se ve obstruida en territorio potosino, el impacto se extenderá a otras entidades que dependen de ese corredor para mover carga hacia el centro y norte del país.
Aunque el anuncio previo del paro permite que algunas compañías adelanten traslados durante el fin de semana, esto no evita del todo las afectaciones.
“Viajar fuera de los días laborales y operar áreas de descarga sábado y domingo incrementa costos operativos”, han señalado representantes del sector.
Además, muchas empresas dependen de entregas en el mismo día y no cuentan con capacidad de almacenamiento para retener mercancía, mientras que quienes mueven productos perecederos enfrentan el riesgo de pérdidas si las unidades quedan detenidas en carretera.
El impacto también alcanzaría la salida de productos ya manufacturados, generando retrasos en entregas y posibles suspensiones temporales de actividades en algunas plantas que no puedan mantener su operación sin insumos.
Aun reconociendo la legitimidad de las exigencias de transportistas y productores —principalmente relacionadas con seguridad en carretera y precios justos—, la IPAC consideró indispensable que el Gobierno Federal intervenga con prontitud para evitar que los bloqueos se concreten y escale la afectación económica que implicaría detener el flujo de mercancías en un país dependiente de su red logística.
